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De unas semanas a la fecha, la Secretaría de Gobernación ha venido promoviendo el cumplimiento del artículo 97 de la Ley General de Población relativo a la creación de la cédula de identidad ciudadana. Nadie en su sano juicio podría estar en contra de que se cumpla con la ley, empero llama la atención la premura del gobierno calderonista por cumplir una disposición nacida en 1990, con mayores datos de identificación que los básicos considerados en el artículo 107 de la ley de referencia. Estoy convencido de que la emisión de esta cédula tiene muchísimos más riesgos que beneficios para la sociedad mexicana, a la luz de los siguientes elementos:

Primero. Es cierto que la Cédula de Identidad Ciudadana debe ser expedida por la Secretaría de Gobernación de acuerdo al artículo 97 la Ley General de Población. Ello es entendible por el momento histórico en que esa Ley fue aprobada. El presidencialismo, la invasión del Ejecutivo sobre los otros poderes y la ausencia de debates serios sobre derecho informático y protección de datos personales tenían carta de naturalización. ¿Hoy en el siglo XXI alguien confiaría en la imparcialidad de Gobernación para integrar, manejar y controlar los datos más íntimos de las personas? No lo creo.

Segundo. En México no se ha aprobado todavía una Ley Federal de Protección de Datos Personales que regule, observando las mejores prácticas internacionales, el derecho a la vida privada y el grado razonable y necesario de intrusión en este derecho humano por parte del Estado. La falta de una ley impide saber la finalidad del uso y destino del cúmulo de datos que se pretende tenga la Cédula, entre ellos los biométricos. Qué bueno que se haya pensado que una cédula con estas características brinde certeza sobre la identidad y acote los casos de suplantación. y homonimias . El problema es que, en las actuales circunstancias, no hay ninguna garantía de que la información contenida en la Cédula en cuestión no sea utilizada con fines ajenos para los que debería ser elaborada. Por lo anterior existen razones para pensar que puede tener un uso para fines políticos, de seguridad o fiscales, generando una afectación abusiva en el derecho a la vida privada de los mexicanos, haciendo no un Estado de cristal, sino numerificando a la persona, haciendo que el acceso a la información no sea para que el Estado rinda cuentas, sino para que los gobernados se despojen de sus espacios de intimidad.

Tercero. En la experiencia internacional el tema de la cédula de identidad ha sido una cuestión sujeta a debate, que ha ido desde la fortaleza del Estado de derecho, de la amplia cultura jurídica y de la activa participación cívica como en Alemania, Bélgica o Francia donde carecen de datos biométricos o, de plano, se han llegado a prohibir constitucionalmente números únicos, como el caso de Portugal, según lo prescribe el artículo 35, numeral 3 de su Constitución. En la exposición de motivos de la Constitución de 1976 se concluía que los derechos a la vida privada y a la dignidad humana podrían ser menoscabados por un número único de identidad, como ahora en México se pretende. El problema en México es que en el país no se cuenta con ninguna de las garantías efectivas, que sí existen en las democracias desarrolladas. Cabe añadir también que hoy sólo existen pasaportes biométricos, no cédulas de identidad que contienen datos menos intrusivos al derecho a la vida privada.

Cuarto. El uso de la credencial para votar como mecanismo de identificación no es la solución ideal; ha sido un mecanismo remedial que, sin duda, tiene oportunidades de mejora. Si se cuenta con 3 mil millones para ese efecto uno se pregunatría por qué no se invierten en transformar la credencial para votar en la cédula de identidad ciudadana, dejando esta tarea al IFE no sólo es una institución del Estado, sino que tiene experiencia en estos ejercicios y, lo más importante, su naturaleza colegiada permite mayores garantías de seguridad que dejar esta tarea a la Secretaría de Gobernación. Para ello habría que realizar una pequeña reforma a la Ley General de Población e impulsar una Ley de Protección de Datos Personales. Es absurdo por otro lado mantener la credencial para votar y la cédula de identidad ciudadana, como si fueran cuotas políticas afectando en esa hipótesis los bolsillos de los mexicanos. Del mismo modo, la intervención del IFAI en el proceso de creación de la cédula, no es garantía de nada, pues, como se sabe, ese organismo carece de autonomía y forma parte de la Administración Pública Federal.

En todo caso ante la ponderación de derechos, yo prefiero la libertad y los remedios actuales de la credencial para votar que la seguridad invasiva en perjuicio del gobernado.

Ernestovillanueva.blogspot.com