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Acuerdo de reserva fomenta opacidad en el congreso

El Congreso del Estado ha fallado al mantener por tanto tiempo un convenio que va en contra el derecho constitucional a la información, así como las nuevas políticas de transparencia y anticorrupción

Los ex funcionarios municipales que de forma unilateral se repartieron más de 7 millones de pesos por su separación del cargo. EL DEBATE.

Mazatlán, Sinaloa.- En contradicción con la Ley de Acceso a la Información del Estado de Sinaloa,  que en su artículo 157 marca que “los sujetos obligados no podrán emitir acuerdos de carácter general ni particular que clasifiquen documentos o información como reservada”, en la entidad se mantiene un acuerdo de reserva desde el 2012.

Esto ha dado como consecuencia que la investigación a cargo de la Auditoría Superior del Estado por cerca de tres años no ha dado a  conocer los nombres de quienes han aceptado regresar los recursos desviados y las sanciones aplicadas, porque está información se mantiene bajo reserva como parte de un punto de acuerdo aprobado por la 60 Legislatura, el 31 de julio de 2012.

Este acuerdo abarca hasta las más elementales discusiones en torno a la revisión administrativa aplicada a los gobiernos municipales.   Esta reserva se mantuvo vigente con la 61 Legislatura,  aún con las continuas solicitudes presentadas por algunos diputados para su revocación y la advertencia de organizaciones y cuerpos colegiados en el sentido de que el Congreso está violentando la Constitución con la política de reserva.

Diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política del Congreso en la 62 Legislatura afirman que ellos sí echarán atrás el acuerdo de reserva, ya que los tiempos actuales y la sociedad exigen mayor transparencia.

Candados y derechos

El artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos refiere en su fracción segunda que “Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”.

Gonzalo Armienta Hernández, experto en leyes e integrante del Sistema Nacional de Investigadores, señala que, si bien la Constitución permite los acuerdos de reserva, no hay razones para que el Congreso de Sinaloa mantenga bajo discrecionalidad la discusión y análisis de las cuentas públicas municipales.  

El abogado subraya que en base a las nuevas políticas de transparencia y anticorrupción, las cuentas públicas son las que deben ser más transparentes.

El hecho de que un acuerdo de inconstitucionalidad en Sinaloa se mantenga vigente casi cuatro años, sólo indica el posible intento de un maquillaje de las cifras y la información oficial, lo cual contraviene a la política nacional de transparencia y al Sistema Nacional Anticorrupción.

Advierte que la mejor manera de atacar la corrupción de funcionarios y legisladores es la transparencia, pero si hay acuerdos para revisar las cuentas públicas en lo ‘oscurito’, sólo puede indicar que hay manejos que no les conviene a los funcionarios que salgan a la luz pública. Armienta Hernández confía que en Sinaloa haya un cambio pronto en la mejora de la transparencia del ejercicio de la función pública.  

ABONO A LA CORRUPCIÓN

Para los ex diputados locales, la perredista Imelda Castro Castro y el panista Martín Pérez Torres, es claro:  la vigencia del acuerdo de reserva sólo abona a la corrupción.

Ambos legisladores eran integrantes de la Comisión Especial de Transparencia y Acceso a la Información del Congreso del Estado y los dos se pronunciaron en diferentes oportunidades para que se derogara.

Castro Castro consideraba que solucionar la controversia era sencillo: bastaba con que la Junta de Conciliación tomara un acuerdo para dejar sin validez el referido acuerdo, pero lamentó que esto nunca sucedió.

EL DEBATE. 

El 5 de mayo pasado, la exlegisladora María del Carmen Romanillo advirtió a los integrantes de la 61 Legislatura de la inconstitucionalidad con la que estaba operando al mantener vigente el acuerdo de reserva que “representa, sin lugar a dudas, un severo obstáculo a la transparencia”.

De acuerdo con el Acta de Debates que mantiene disponible el Congreso en su página oficial (congresosinaloa.gob.mx), Romanillo Martínez propuso desclasificar y difundir de oficio la información sobre el análisis y discusión de las cuentas públicas del estado en las páginas electrónicas del Congreso del Estado y de la Auditoría Superior del Estado. La iniciativa fue turnada a la Junta de Coordinación Política para su análisis, sin que hubiera un análisis sobre el caso.

Las reservas de ley siguen vigentes, a pesar de que el Congreso cumplió en tiempo y forma con la armonización legislativa estatal con la nueva Ley de Transparencia.

Sigue esperando

Para el presidente de la mesa directiva del Congreso, Roberto Cruz, la opacidad es un tema que debe terminar.

A su vez, el coordinador del PAS en el Congreso, el diputado Víctor Corrales, señaló que el acuerdo de reserva debería dejar de aplicarse de inmediato y se armonicen las leyes secundarias en de la Ley Anticorrupción en la entidad.

Irma Tirado, presidenta de la Junta de Coordinación Política en el Congreso, expresó que la transparencia en Sinaloa se dará y, en consecuencia, la revocación del acuerdo de reserva, pero se hará paso a paso adecuando la idea que tiene la gente en relación al gobierno. Mientras los diputados se ponen de acuerdo, la población sigue sin saber quiénes fueron los ex funcionarios municipales que de forma unilateral se repartieron más de 7 millones de pesos por su separación del cargo.

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