"Me dieron descargas en el pene, nalgas y espalda"

En un año salvaje en Venezuela, incluso los que combaten al crimen son asesinos

CARACAS, Venezuela ⎯ Los soldados entraron en casa de Rafael González ante la mirada de su madre y su novia. Sería un interrogatorio de rutina, les aseguraron a él y a otros arrestados esa noche, antes de llevarlos a una oscura barraca militar.

Lo que siguió después fue todo menos normal, recordó González.

Lo desnudaron, lo patearon y lo golpearon con la culata de un rifle, afirmó. Los soldados lo colgaron por los brazos del techo con una cuerda, demandando saber si pertenecía a una de las pandillas que había aterrorizado a su vecindario en el área rural venezolana de Barlovento con robos y secuestros.

“Me dijeron: ‘Vamos a jugar un juego, Rafaelito. Se llama electrocución’”, dijo González, quien tiene 17 años de edad. “Me dieron descargas en el abdomen, el cuello, el pene, las nalgas, la espalda, mis manos; en todas partes. Sentía que mis tímpanos explotarían”.

El 21 de octubre, cinco días después de que fue arrestado, González, magullado y aterrorizado, fue liberado, comentó.

Pronto se daría cuenta de que estuvo entre los afortunados. Semanas después, fueron encontrados los cuerpos de otros 13 de los arrestados en redadas similares, la mayoría en el fondo de una fosa común. Muchos habían sido torturados, según las autoridades.

“Imagine cómo me sentí como madre”, dijo Petra Pérez, cuyo hijo de 18 años de edad, Anthony Vargas, fue encontrado muerto, su cuerpo parcialmente en descomposición.

“Tenía una pequeña esperanza de que mi hijo siguiera vivo, de que mi hijo no estuviera en esa fosa”.

Los asesinatos en Barlovento, los cuales los investigadores del gobierno han condenado como una matanza de inocentes, han apuntado a un inquietante culpable en la creciente violencia del país: sus propias fuerzas de seguridad.

Venezuela ha sufrido desde hace tiempo de una de las tasas de criminalidad más altas del mundo. Pero la crisis económica de la nación, que ha afectado a todo, desde hospitales hasta el suministro de alimentos, ha profundizado la miseria y la delincuencia.

La gente se lamenta durante una procesión fúnebre de grupo y un monumento conmemorativo para cuatro hombres que fueron torturados y asesinados por el ejército venezolano.

Los asesinatos ascendieron a 28,479 el año pasado, la cifra más alta jamás registrada en el país, según el Observatorio Venezolano de Violencia, un grupo independiente que da seguimiento a la violencia.

Las pandillas armadas han establecido un firme control de los barrios, y muchos venezolanos se vuelcan en la delincuencia conforme la inflación hace añicos sus salarios y los empleos se vuelven más difíciles de encontrar.

Algunos de estos grupos armados fueron anteriormente anclas del apoyo gubernamental en los barrios. Estos llamados colectivos empezaron como grupos comunitarios y eventualmente fueron armados por miembros del movimiento del presidente Hugo Chávez, permitiendo su surgimiento como defensores militantes del gobierno.

Pero después de que Chávez murió en 2013 y la economía de Venezuela empezó a caer en espiral, algunos de sus esbirros callejeros leales se dedicaron cada vez más al crimen, rompiendo con el gobierno y uniéndose a una constelación de grupos armados que secuestran, asaltan y matan.

En un esfuerzo por restablecer el orden, el gobierno ha recurrido a la institución en la que más confía: los militares. En todo el país, las fuerzas armadas se han convertido en los custodios de la ley, involucrándose en redadas estilo comando que en ocasiones toman el perfil de guerra urbana.

Familia y amigos lloran la muerte de Jon Quintero, un mecánico de 20 años de edad, mecánico y baloncestista, que murió durante una operación de OLP, en Caracas, Venezuela.

Tarek William Saab, el ombudsman del gobierno que investiga el caso de Barlovento, dijo que las víctimas eran hombres y mujeres inocentes sometidos a “los más infames casos de crueldad e inhumanas denigraciones de tortura”.

Las autoridades han dicho que 18 soldados, incluido un teniente coronal y un capitán, habían sido arrestados en conexión con los asesinatos. Todos serán llevados ante la justicia en tribunales de Venezuela, dijo Saab, pero argumentó que la matanza no era parte de un patrón de abuso más amplio.

Grupos defensores de los derechos humanos y sobrevivientes de otras redadas refutan firmemente eso, diciendo que los militares han asesinado a cientos de personas, muchas de ellas inocentes.

Representantes de las fuerzas militares y la guardia nacional de Venezuela no respondieron a solicitudes de entrevistas. Pero una organización, Provea, que da seguimiento a las muertes en redadas monitoreando las estadísticas oficiales y los reportes noticiosos locales, dijo que más de 600 personas fueron asesinadas el año pasado en episodios como el de Barlovento, muchas más que las 245 de 2015.

Pero ninguna de estas redadas ha resultado en el mismo tipo de acusaciones públicas que el caso de Barlovento, en el cual las víctimas y las autoridades han citado golpizas, torturas y homicidios.

La gente se lamenta durante una procesión fúnebre de grupo y un monumento conmemorativo para cuatro hombres que fueron torturados y asesinados por el ejército venezolano.

Todo empezó en televisión. El 10 de octubre, Néstor Reverol, el poderoso ministro del interior del país, divulgó un video en el cual estaba de pie ante soldados y vehículos blindados, anunciando que enviaría a casi 1,400 miembros de las fuerzas de seguridad a seis municipios.

Pocos sospechaban que hubiera algo que temer con la llegada de los soldados, de quienes creían que habían sido enviados para ayudarlos.

“Fue la primera vez que algo como esto nos sucedía”, dijo Pérez.

González, el joven de 17 años, estuvo entre los primeros arrestados el 16 de octubre. Había estado pasando la tarde quemando la basura de la familia cerca y acababa de regresar a su casa cuando, dijeron él y su madre, dos soldados entraron a la sala de estar y lo obligaron a subir a un jeep.

Empezó una odisea de cinco días, relató. En la barraca militar, dijo, fue desnudado y fotografiado. Alrededor de las 10 de la noche, indicó, él y otros cinco fueron llevados a una cárcel donde los soldados le ataron los brazos, lo arrojaron al suelo y le patearon la cabeza.

Los policías patrullan una favela en Carrizal, Venezuela, el 10 de diciembre de 2016. Después de que el presidente Hugo Chávez muriera en 2013 y la economía venezolana comenzara a descontrolarse, algunos de sus leales defensores de la calle se volcaron cada vez más hacia el crimen.

En otra habitación, con los ojos cubiertos, le aplicaron descargas eléctricas por unos 40 minutos mientras los soldados seguían presionándolo sobre las pandillas de Barlovento, dijo.

“‘Si van a matarnos, háganlo ahora, pero no nos sigan haciendo sufrir de esta manera. Ni siquiera los perros harían esto’”, recordó haber rogado.

Más o menos al mismo tiempo, fuerzas de seguridad estaban atrapando a otros en Barlovento.

El 15 de octubre, Carlos Marchena, un joven de 20 años de edad que trabajaba en la compañía de transportes de su familia, estaba celebrando una pequeña fiesta cuando los soldados entraron y forzaron a los hombres a arrodillarse, según su viuda, Mayerlin Pita. Tomaron las credenciales de identificación de los hombres y los subieron a camiones. Fue la última vez que vio vivo a su esposo, comentó.

Al día siguiente, Luis Sanz, un mecánico de 30 años de edad, fue arrestado por soldados, dijeron miembros de su familia. Siete u ocho soldados que usaban máscaras de esquiar irrumpieron en la casa, dijo su hermana, Alimirely Sanz, empujando a todos a un lado excepto a Sanz. Lucía Espinoza, su madre, dijo que ella había sido arrojada al piso en la confusión.

“‘Ustedes las madres son las cómplices; los ayudan y los incitan’”, recordó Espinoza que le dijeron los soldados antes de llevarse a su hijo.

Las familias de Sanz y Marchena, junto con las de muchas otras personas que habían sido detenidas, empezaron a reunirse en una barraca militar conocida como El Café, donde creían que sus seres queridos estaban siendo retenidos. Durante tres días, llevaron comida, agua y ropa, entregándolos a los soldados con la esperanza de que pasaran los artículos a los detenidos.

Los hombres, que en su mayoría fueron arrestados por robar, pasan el tiempo descansando y leyendo en una celda de San Antonio de Los Altos, Venezuela, el 14 de noviembre de 2016.

Pero, al tercer día, dijo Pita, se dio cuenta de que algo había sucedido.

Los soldados que habían estado aceptando la comida empezaron a decir a los familiares que no había registro de sus seres queridos o que habían sido llevados a una instalación diferente, dicen los familiares.

El 25 de noviembre, dijeron las autoridades, una información anónima les condujo a dos cuerpos sepultados al lado de una autopista. Diez más fueron encontrados en una fosa común cerca de una localidad en el área.

Sanz dijo que había identificado a su hermano por fotografías de sus dientes y su ropa, porque los funcionarios le dijeron que el cuerpo estaba muy descompuesto para que lo viera. Pita dijo que una prueba de ADN había confirmado que su esposo, Marchena, estaba también muerto.

Pérez identificó a su hijo, Vargas, por varios tatuajes, uno en su pecho.

“No hay duda”, dijo.
 

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