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Estado indemnizará por decomiso injusto de marihuana

El afectado reclama una indemnización de 23.572 euros

Foto: El País

Madrid, España.- El Consejo del Poder Judicial sostiene que se ha producido un funcionamiento anómalo de la justicia por no haberse devuelto a su dueño, ni custodiado correctamente, las 214 plantas de marihuana y materiales para su preparación decomisados por la Guardia Civil en una casa de Chinchón, Madrid, el 1 de octubre de 2010.

El afectado por este hecho reclama ahora al Estado una indemnización de 23.572 euros por el valor en el mercado de las plantas y los consiguientes daños y perjuicios causados.

Al reclamante y a otros dos miembros de la Asociación de Usuarios del Cannabis Catajá, el fiscal los llevó a juicio y les pidió cuatro años de cárcel por tráfico de estupefacientes. Pero el Juzgado de lo Penal 5 de Getafe les absolvió por entender que no concurría tal delito. Y que el objetivo de la plantación era el consumo compartido entre los socios, que disponían de estatutos e incluso tenían fijadas por escrito las cuotas que debían aportar a la organización y cómo repartirse la marihuana para el consumo individual una vez secada.

Tras absolverles, el juez de lo penal ordenó al juzgado que decretó el registro, que se devolviera al afectado todo lo intervenido, que incluía las 214 plantas de marihuana y demás materiales intervenidos. En la vivienda había, entre otros efectos, “botes de cristal con cogollos secos de marihuana, ocho equipos completos de alta presión de sodio de 400 vatios; ocho pantallas para lámpara Wings Avenger, dos garrafas de cinco litros Ferticoco Bio-Canna, una garrafa de cinco litros de Bio Bizz, un litro de fertilizantes, un litro de activador biológico y solución de calibrador ph…”.

Las plantas decomisadas pesaron inicialmente 40 kilos, pero, tras el secado y poda de tallos y raíces, el peso neto de las hojas se redujo a algo más de “cuatro kilos de cannabis sativa, con una riqueza de 6.2% de principio activo THC”. En el mercado negro esta cantidad podía costar, según estableció el juez, unos 13.000 euros. Los agentes se incautaron además de 2.030 euros en efectivo.

Solo recuperó el dinero, la marihuana fue destruida, y sobre los materiales preparatorios los agentes informaron de que ignoraban su paradero. Sí devolvieron “documentación sobre la asociación, ocho bombillas, ocho luminarias y 10 transformadores” eléctricos. El Poder Judicial entiende que “se ha producido una vulneración del deber de custodia que pesa sobre el juzgado y sus funcionarios”, lo que ha ocasionado “un perjuicio patrimonial al interesado”, subraya.

El Consejo deja en manos del Ministerio de Justicia la cuantía de la indemnización. Su informe no es vinculante para Justicia, pero avala al denunciante en el sentido de que hay un fallo judicial.

El denunciante destaca, a través de su abogado, Endika Zulueta, que solo el valor de una parte de los materiales desaparecidos asciende a 2.439 euros. Y añade que en su día se pidió expresamente a la Guardia Civil que no destruyera las plantas y que procediera a un correcto secado de las mismas para evitar su descomposición, lo que finalmente sucedió. Zulueta afirma que existen precedentes de juzgados que han ordenado devolver marihuana decomisada a inocentes. Y que el objetivo de esta reclamación "es abrir el debate sobre la legalización de la marihuana para uso terapéutico".

Francisco Aguado, abogado de otro de los tres encausados absueltos, afirma que en este asunto, pese a los registros, no hubo delito por varios motivos: primero, porque la marihuana, al ser decomisada, "aún estaba verde y, por tanto, no era una droga; ¿acaso hablamos de una tentativa?"; segundo, porque se trataba de una asociación de personas que cultivaron las plantas para consumo compartido, lo que es legal, no para el tráfico; y, finalmente, porque en el juicio se habló de plantas con un peso de 40 kilos que, al secarse, sin embargo, quedaron en cuatro kilos; es decir, "ni siquiera era una cantidad de notoria importancia".

Aguado asegura que “todo este asunto de las asociaciones para consumo compartido se halla en este momento en un limbo jurídico; las asociaciones son legales, pero la Delegación del Gobierno no da permiso para la plantación de marihuana; y nadie se atreve a regularlo de una vez”.

Con información de El País

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