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¿Acuerdo para el Fortalecimiento Económico o sólo buenas intenciones?

La nueva estrategia presentada por el gobierno federal para evitar una escalada de precios y proteger la economía familiar, ante el ‘descontón’ que provocó el gasolinazo, ha dejado más críticas que aplausos y comentarios positivos, por dos sencillas razones. La primera, porque no se presentó ninguna acción concreta para enfrentar los efectos del alza en los precios de las gasolinas y el diésel. Y la segunda, pero la más difícil de comprender para el gobierno de Enrique Peña Nieto, es la falta de credibilidad y el hartazgo social que ha llegado a niveles extraordinarios, y que ha quedado en manifiesto con las manifestaciones que se han presentado en todo el país en los primeros días del año.

Crisis. La imagen de Peña Nieto y su administración se encuentra en crisis. El gasolinazo parece ser el tiro de gracia que ha provocado el divorcio con la cúpula empresarial del país, que no respalda el Acuerdo para el Fortalecimiento de Acuerdo Económico y la Protección de la Economía Familiar, firmado en la Residencia Oficial de Los Pinos por los secretarios de Hacienda, José Antonio Meade; del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete; y de Economía, Ildefonso Guajardo; por parte del gobierno federal; y Carlos Aceves del Olmo, dirigente de la CTM, que actualmente se desconoce a qué porcentaje de la clase trabajadora representa, como para que hable a nombre de todos. 
Pero este pacto no sólo carece del respaldo de los empresarios del país, sino que también de un gran número de gobernadores que no están de acuerdo con lo anunciado, uno de ellos es el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, porque para él es sólo un pacto de buenas intenciones y adelantó que hará su propio pacto con empresarios y proveedores de la capital del país para frenar más incrementos. Otro que ha sido muy crítico por los gasolinazos ha sido Jaime Rodríguez, el Bronco, gobernador de Nuevo León, quien ha demandado medidas de austeridad para hacer rendir el recurso público.

Respaldo a EPN. En caso de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel ha manifestado su apoyo a esta medida implementada por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y se ha limitado a decir que “es una medida difícil, complicada”, y se anunció un programa de austeridad que ha sido bien aceptada, aunque carece de una proyección de los ahorros que se van a tener.
El primer aumento del año ya lo han dado los tortilleros de Sinaloa —aunque no está ligado con el gasolinazo—, pero los transportistas ya solicitaron incremento en las tarifas para camiones urbanos, algunas líneas de autobuses ya actualizaron sus cuotas. Y no hay que perder de vista que el peso mexicano sigue en caída libre, el dólar superó ayer los 22 pesos, por toda la incertidumbre generada y con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, cuyo periodo presidencial inicia el próximo 20 de enero. 
El Ejecutivo y Legislativo de Sinaloa han anunciado una serie de medidas de austeridad como una manera de solidarizarse con los sinaloenses, pero hasta ahora les hacen falta acciones para apoyar a las familias, empresarios y prestadores de servicios para mitigar los efectos del alza en los combustibles, y evitar una escalada de precios, como el transporte público, cuya decisión final será de Quirino Ordaz, único facultado para autorizar un incremento en las tarifas, lo que podría desencadenar una ola de críticas en contra de él, como ya ocurrió con el aumento del impuesto sobre nómina y otros gravámenes aprobados en diciembre por los diputados locales. Es mucha la molestia del pueblo, y va en aumento.

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