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Fiscalía y derechos humanos

La participación de la sociedad civil en la vida pública viene minando la perniciosa verticalidad que, por fortuna, comenzó a demolerse con las alternancias en la Presidencia de la República y en las gubernaturas.
Sin embargo, ese avance ha puesto en entredicho la institucionalidad (“al diablo con las instituciones...”), que mucho se fortalece con las aportaciones de particulares.
Esto viene a cuento por el asquito que a muchos provocan los nexos partidistas de prospectos a ocupar cargos de responsabilidad pública. 
Un hombre probo, Mario Di Constanzo, encabeza la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), y nadie podría demostrar que responda a los intereses del lopezobradorismo del que provino.
Las impugnaciones que cerraron la Suprema Corte a Raúl Cervantes para ser ministro y las actuales para que, por sus ligas con el PRI, no sea fiscal anticorrupción, son tan violatorias de los derechos humanos como lo serían contra otros de filias partidistas.
Peor: son como si se vetara a quienes procedieran de la (también vulnerable) sociedad civil.

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