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Justicia obligada

Todos los juzgadores, pero de manera especial quienes deciden asuntos penales, resuelven situaciones de conflicto y, con frecuencia, de gran trascendencia para la vida, la libertad, el patrimonio y los demás bienes y derechos de imputados y víctimas.
Las sentencias difícilmente satisfacen las pretensiones de unos y otros, por lo que no pocas veces quedan inconformes: se duelen de la “injusta resolución” y atribuyen “corrupción” al impartidor de justicia.
Cuando los enjuiciados son criminales peligrosos el juez, en cada sentencia, se juega la vida (sea por aplicar la ley o por negarse a torcerla), y Vicente Antonio Bermúdez Zacarías la perdió mientras hacía ejercicio a las afueras de su casa.  
La cobardía, en su más degradada expresión, asesinó a ese hombre y debe recaer la más grave condena social y judicial para los responsables.
Es tiempo de exigir que a quienes procuran e imparten justicia se les pague bien, se les proteja de verdad y se les reconozca el servicio superior que prestan a México. 
No es el primer crimen contra el Poder Judicial, pero debe ser el último.

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