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Necesarios cambios en Seguridad Pública en Sinaloa (1 de 3 partes)

Hace casi treinta años, —prácticamente toda una generación desde el punto de vista sociológico—. En 1987, cuando iniciaba el gobierno del Lic. Francisco Labastida Ochoa, se nos invitó a la presentación del Plan Estatal de Seguridad Pública 1987-1992; acto al cual asistimos por interés académico, mismo que se desarrolló en la sala audiovisual de la actual Unidad Administrativa. Eran los albores de una fuerte criminalidad que ya se avizoraba desde poco tiempo atrás de esa época en Sinaloa, con características complejas y difíciles.
Desde ese tiempo (1987), nació en el suscrito estudiar a fondo el tema enunciado. Cinco años después (1992), en pleno proceso electoral, siendo candidato a gobernador por el Partido Revolucionario Institucional el Ing. Renato Vega Alvarado, se me invitó a colaborar a su equipo de trabajo para que formulase la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, a lo cual accedí con mucho gusto y la formulé ese mismo año.
Al año siguiente (1993), se me encargó que formulara lo que fue el Programa Estatal de Seguridad Pública y Justicia 1993-1998. Una vez concluido y adoptado, se presentó el día 14 de octubre de 1993 al Lic. Marco Antonio Fox Cruz, quien fungía como tesorero del Gobierno del Estado.
En el último año indicado (1993), por cierto, el autor de esta columna inició a escribir una obra que denominé La Seguridad Pública en México, la cual presenté en siete tomos en el Casino de la Cultura Culiacán en 1996.
Al acto académico de presentación de dicha obra, asistieron varios diputados locales, dirigentes, docentes, abogados, peritos y público en general. 
Con esos brevísimos antecedentes, ahora me ocuparé, aunque sea muy sucintamente, del tema enunciado en el título de esta colaboración.
Pues bien, en el contexto del drama de la seguridad pública, hemos observado y dado puntual seguimiento a varios programas e infinidad estrategias y acciones instrumentadas tanto a nivel nacional como locales.
Damos cuenta, que en 1995, a partir de la reforma hecha al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se instituyeron las bases de todo un complejo sistema nacional de seguridad pública. De esta derivaron diversas leyes y profundas reformas al sistema de justicia; instrumentándose múltiples planes y programas; gastado e invertido enormes cantidades de recursos financieros y materiales; creado grupos policiales especiales; construido y mejorado instalaciones; adquirido equipamiento moderno; creado instancias de participación ciudadana, y establecido diversos mecanismos de coordinación interinstitucional de los tres órdenes de gobierno.
No obstante, el fenómeno de la criminalidad sigue creciendo vertiginosamente, aun cuando se juegue selectivamente con las estadísticas de un mes a otro para dar la sensación mediática de que en algunos delitos han disminuido sus índices. Pero ello no es del todo cierto.
Lo que sí es verdad, por ejemplo, es que aquí en Sinaloa en los últimos veinticinco años, el homicidio doloso se ha incrementado en términos reales el 79.56% si las cifras las comparamos los años 1990 y 2015. Pero si las confrontamos de 1990 con respecto al 2011, el porcentaje se dispara el 364.44% para dicho crimen.
Lo anterior no obstante de que se han gastado e invertido enormes cantidades de dinero de nuestros impuestos en diversos conceptos para atender el tema que nos ocupa; y se han puesto en operación varios programas, objetivos, estrategias y líneas de acción.  
Al respecto observamos que algunos programas han sido mal enfocados. Por ejemplo, en materia de prevención del delito, resulta que el enfoque institucional ha sido más de reacción policial, a través de la llamada fuerza de tarea. A esta, por cierto, le hace falta una bien diseñada y sistematizada política pública. Aunque se han hecho algunos esfuerzos de índole ciudadano, pero no han sido lo suficientemente profundos ni sistemáticos, con apoyo científico y técnico como debiera para ir a la raíz de todo el fenómeno. Es decir, a la parte etiológica en su conjunto. Visto esto científicamente desde diversos métodos. 

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