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Padrés, el fugitivo; un ‘ombudsman’ para el Ejército

¿Dónde está Guillermo Padrés Elías? Esa es la pregunta que no sólo autoridades federales e internacionales se hacen, sino también en el PAN.
La ficha roja ya fue emitida por la Interpol la semana pasada. Va acompañada con cinco fotos, con y sin bigote, con y sin barba y se le culpa de defraudación fiscal equiparada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Padrés es parte de los 117 ciudadanos con nacionalidad mexicana (también comparten otra nacionalidad) que cuentan con esta medida policiaca. Entre ellos está Rafael Caro Quintero. A otro exgobernador priista, como Tomás Yarrington, de Tamaulipas, le han girado la ficha roja; pero no aparece en el portal.
El exgobernador de Sonora aún no terminaba su gestión cuando ya las acusaciones de presuntos actos de corrupción brotaban de las aguas de su rancho Pozo Nuevo. Sí, ese en donde mandó construir una presa sin tener permiso, misma que desapareció sospechosamente cuando se quería documentar.
Al tomar posesión Claudia Pavlovich, hace ya poco más de un año, los expedientes crecieron. Hasta principios del actual mes, Padrés había obtenido 28 amparos para evitar acciones de la justicia en torno a las investigaciones del actual gobierno estatal. Son escándalos que no sólo llegan a él, sino a 200 exfuncionarios a quienes se les investiga por presuntas anomalías en la pasada administración, según el fiscal anticorrupción de ese estado, Odracir Espinosa Valdez.
Con esta camada de exgóbers-virreyes que podrían ser llamados a contestar preguntas de la justicia, ¿qué podríamos hacer para que no se nos desaparezcan otros? Es pregunta sincera porque, como no han sido acusados aun formalmente de nada, ¡no vaya a ser que violemos luego su debido proceso!
Pero pienso a botepronto en Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo, y los Duarte, César y Javier, de Chihuahua y Veracruz, respectivamente.
Hablando de Javidú, Javier Duarte, su caso es como el Melate: cada día que pasa se van acumulando más… casos de presuntos actos de corrupción.
Lo mostró Carlos Loret de Mola en su noticiero matutino: Moisés Mansur, empresario que fuera cercanísimo al exgobernador de Veracruz, fue grabado en Vancouver, Canadá, donde declaraba que él le había dado una tarjeta de crédito adicional a Karime Macías, esposa de Duarte, con lo que le pagaba sus gastos personales. Es decir, no habría rastros en las cuentas oficiales sobre los gastos de la ex primera dama de Veracruz.
¿Un escandalito más? Sí lo hay.
Duarte compró una casa en Maricopa, Arizona, la cual, posteriormente pasó a su esposa Karime; pero pensando en que Duarte es muy precavido, en octubre de 2007 la vendió a un tío por la cantidad de... ¡10 dólares!
Con estas ofertas, espero que en Los Pinos no asesoren al presidente y lo convenzan de mandarlo al Infonavit. La casa perdería.
En el Estado de México son varios los nombres que se mencionan para buscar la candidatura para suceder a Eruviel Ávila el año que entra. Pero quizá uno ya estaría fuera, al menos por razones de “apodo mayor”.
Me refiero a Alejandro Encinas, por el PRD (o la alianza PAN-PRD, de hacerse) porque acaba de aceptar ser presidente de la Asamblea Constituyente que termina el 31 de enero de 2017 y para registrarse como candidato de la coalición tendría hasta el 29 de diciembre de 2016 para hacerlo. Si de por sí le dicen que parece Santa Claus, ¿se imagina que aceptara?
¿Un ombudsman para las Fuerzas Armadas? Durante la realización del 6 Congreso Internacional de lucha contra el Secuestro y la Extorsión, celebrado en Morelos, Isabel Miranda de Wallace propuso crear la figura de un ombudsman que defienda a las Fuerzas Armadas, policías y militares, que participan en la lucha contra la delincuencia.
—Necesitamos un ombudsman para defender a los militares, marinos y policías si queremos fortalecer las instituciones. Necesitamos alguien que los defienda.
Quiere que militares, marinos y policías tengan un defensor a la hora de enfrentar, por ejemplo, una recomendación por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o bien, cuando estén sujetos a un proceso judicial por presuntos delitos en contra de los derechos humanos.
Miranda de Wallace considera que cuando los militares llegan ante la CNDH o ante un representante del Poder Judicial “quedan en estado de indefensión”.
Considera que hay parcialidad por parte de la CNDH en torno a sus recomendaciones.
—Los delincuentes parece que tienen más derechos que un funcionario, en este caso, un militar, soldado.
Una de sus soluciones es que cada una de las dependencias que participan en tareas de seguridad tengan su propio defensor. Según Wallace, en donde ya se analiza esta figura es en la Policía Federal.
Me sorprendió escuchar esta mañana, en un programa de radio, al director de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional, el general José Carlos Beltrán. Él sostiene que no necesitan una figura de ombudsman para ello. Que los militares, dijo, siempre trabajan en “un contexto de disciplina, un contexto doctrinario de respeto en todos los contextos, y nos alineamos a esto”.
También comentó que en lo que va del sexenio, a pesar de las cerca de 800 quejas por presuntos actos de violación a los derechos humanos, estas han disminuido muchísimo: 75 por ciento menos en comparación al último año de la administración de Felipe Calderón, donde las quejas presentadas contra la Sedena fueron mil 503.
Ayer revisaba cifras dadas por Eduardo Guerrero Gutiérrez: mientras que la Cruz Roja Internacional estima que en un conflicto armando en el mundo, en promedio se registran cuatro heridos por cada muerto; aquí hay ocho muertos por cada herido en un enfrentamiento con militares. Si el enfrentamiento se registra con marinos, son 30 muertos por un herido.
La propuesta vino desde el Ejército Zapatista de Liberación Nacional: rumbo al 2018 ellos lanzarán a una mujer indígena como su candidata independiente a la Presidencia. Será la abanderada del Congreso Nacional Indigenista y del propio EZLN.
Con esto, desde su aparición en 1994 —cuando le declararon la guerra al Estado Mexicano— cambian de estrategia al buscar, vía las urnas, un cargo público (aunque no el “poder”, precisan).
La forma en que elegirán a su abanderada presidencial será mediante una consulta con todas las comunidades indígenas. 
No hay que perder de vista que las comunidades indígenas representan la nada despreciable cantidad de 5 millones 400 mil votos aproximadamente. Además, ¿sabe qué partido político ganó en el 2015 en los 28 distritos electorales con mayor presencia indígena? Morena, de AMLO. En torno a la realización de su Congreso Nacional Indígena, ¿sabe hacia dónde voltearon a ver y pusieron las alertas por violaciones a los derechos de las comunidades indígenas? Hacia la zona donde el gobierno federal construye el nuevo aeropuerto para la Ciudad de México. Ajá, allá por la zona cercana a Atenco.

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