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Qué hacer ante la obesidad de la administración pública en Sinaloa

En síntesis, se requiere realizar una compactación administrativa y un mejor y racional reparto de las competencias legales y reglamentarias, con el propósito de que el presupuesto se destine más a infraestructura que a gasto corriente.

Dos de las causas por las que en este mismo espacio tocamos el tema de la necesidad de diseñar e instrumentar en Sinaloa una reingeniería administrativa fue, por una parte, debido al hecho de la disciplina financiera con que han de conducirse por ley las autoridades locales; por otra, tomando en cuenta la obesidad de los órganos públicos en los dos órdenes de gobierno —estatal y municipales— de nuestra entidad.
En esta colaboración, sólo nos referiremos a la segunda causa y a una posible forma para solventar dicho problema; es decir, a la citada corpulencia de la administración pública, con el propósito de que los recursos presupuestales se utilicen con la mayor racionalidad posible, y sean empleados de modo prioritario en infraestructura, y no tanto en gasto corriente. 
Esto en favor de la ciudadanía a los que se debe todo servidor público. Lo anterior porque constituye un desafío insoslayable para los próximos mandatarios locales de ambos niveles gubernamentales.
Tal obesidad se origina, esencialmente, entre otros aspectos, debido a una cultura política tradicional y arraigada de cumplir con ciertos compromisos que por lo regular se asumen al inicio de cada gestión. Este fenómeno, desde el punto de vista de una técnica administrativa adecuada, y por principios de esa naturaleza, no es nada recomendable, puesto que, lógicamente, ello va en detrimento de la aplicación racional de los recursos financieros, cuyo origen de los mismos derivan de los impuestos y derechos que pagan los contribuyentes. 
De tal manera que esto no es una cuestión menor, sino sagrada, por decirlo de una manera lisa y llana, sin tanta retórica; tomando en cuenta las exigencias sociales puestas de manifiesto de muy distintas maneras, a través de diversos mecanismos de participación ciudadana. Uno de ellos por medio de las diversas redes cibernéticas. Y otros en los encuentros sociales que se suscitan en los procesos electorales con los diversos aspirantes a los distintos puestos de elección popular; en los cuales se formulan por los candidatos compromisos con la ciudadanía y los sectores organizados.
Ante esa realidad, ¿qué hacer para solucionar el problema concreto de dicha obesidad en la administración pública de esos dos gobiernos locales en particular? La respuesta técnica a esta pregunta, lógicamente es muy sencilla. Lo primero es revisar a profundidad el mismo y dimensionarlo con la información que nos arroje la investigación correspondiente, trazar los objetivos, estrategias y acciones más pertinentes, mediante un ejercicio sereno y maduro. Una acción estratégica sería, sencillamente, seria llevar a cabo un proceso de reingeniería administrativa; lo cual implica proceder a modificar técnicamente todas las estructuras de la administración pública; luego recortar aquellas áreas que no sean imprescindibles, o fusionarlas conforme a su naturaleza. En síntesis, se requiere realizar una compactación administrativa y un mejor y racional reparto de las competencias legales y reglamentarias, con el propósito de que el presupuesto se destine más a infraestructura que a gasto corriente.

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