Ahora puedes personalizar la edición que más se ajusta a tus preferencias.

Nuevo
Política

Abdo Benítez cumple 6 meses en el poder con mayor proyección internacional

En cuestiones de seguridad, el Gobierno de Abdo Benítez ha optado por acelerar las extradiciones y expulsiones del país de los líderes de organizaciones criminales internacionales considerados peligrosos, con objeto de paliar la inseguridad de sus cárceles

Por: EFE

El presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez(Medios)

El presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez | Medios

Asunción.- El presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, cumple este viernes seis meses en el poder con una ampliada proyección internacional y un liderazgo regional en su respuesta a la crisis venezolana, pero con una política económica continuista y sin destacados avances en algunas de las reformas anunciadas.

La crisis política y económica que atraviesa Venezuela dio, en el último mes, la oportunidad al Gobierno del conservador Abdo Benítez de lograr una mayor presencia internacional, con una postura firme de oposición al mandatario venezolano, Nicolás Maduro.

Como miembro del Grupo de Lima, integrado por 14 países americanos, consideró "ilegítimo" el segundo mandato de Maduro y, tras su toma de posesión, anunció la ruptura de sus relaciones diplomáticas con Venezuela.

Paraguay fue además uno de los primeros países en reconocer al jefe del Parlamento venezolano, el opositor Juan Guaidó, como presidente encargado del país luego de que este se proclamara como tal, en enero pasado, al invocar unos artículos de la Constitución venezolana.

Un perfil internacional basado en el "respeto al derecho internacional" y el rechazo de la "unilateralidad", según ha resaltado el titular de Exteriores, Luis Alberto Castiglioni, en varias ocasiones.

La primera decisión en ese sentido fue la de devolver a su emplazamiento original en Tel Aviv la embajada en Israel, que el Gobierno de su antecesor Horacio Cartes (2013-2018) había trasladado a Jerusalén. Una decisión que le acercó a países como Turquía, Marruecos o Catar.

El semestre de Abdo Benítez marca también una línea económica continuista, enfocada en mantener una tasa de crecimiento cercana al 4 %, limitando el gasto y manteniendo una política monetaria que busca la estabilidad cambiaria y de precios.

En ese sentido, uno de los desafíos que tiene por delante es el de reflejar el crecimiento macroeconómico en una reducción de la pobreza, que afecta al 26,4 % de la población.

Organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) han recomendado al país acometer una reforma tributaria para hacer ese crecimiento más inclusivo y disminuir la tasa de desigualdad, que está entre las más altas del continente.

Sin embargo, los pasos en ese sentido son poco claros.

Si bien el ministro de Hacienda, Benigno López, abrió la puerta a acometer una "reforma tributaria integral" este año, se mostró contrario a subir o crear impuestos, y los legisladores oficialistas tumbaron en noviembre varios proyectos de ley con esos objetivos.

Otro tema pendiente para el Gobierno es la prometida reforma educativa, para hacer frente a la bajísima puntuación que obtuvo el país en el informe PISA, realizado a finales de 2018 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Del informe se desprende, entre otras cosas, que solo el 32 % de los estudiantes comprende lo que lee.

Al comienzo de la legislatura el Gobierno convocó al sector educativo y a la oposición a una mesa de diálogo para orientar dicha reforma, pero hasta el momento no se han producido avances en su concreción ni en la fecha de su implementación.

En cuestiones de seguridad, el Gobierno de Abdo Benítez ha optado por acelerar las extradiciones y expulsiones del país de los líderes de organizaciones criminales internacionales considerados peligrosos, con objeto de paliar la inseguridad de sus cárceles, en las que se han producido varios incidentes.

Y respecto a la lucha contra la guerrilla que actúa en el norte del país Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), el Ejecutivo reconoció que no ha conseguido avances, por lo que anunció una "reestructuración" de la Fuerza de Tarea Conjunta, el grupo policial y militar que lucha contra ese grupo armado.

Además, el Gobierno mantiene un conflicto enconado con algunas comunidades indígenas, acampadas en Asunción y que exigen la destitución de la presidenta del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), Ana María Allen, a quien acusan de desconocer sus necesidades y de beneficiar a las grandes empresas de la soja que les despojan de sus tierras.

También tiene enfrente a parte de la juventud, por su intención de hacer cumplir el Servicio Militar Obligatorio (SMO), que hasta ahora carece de controles sobre su cumplimiento y regulación sobre la figura, reconocida por la Constitución, de la objeción de conciencia. 

En esta nota: