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Senado paraguayo inicia juicio político a contralor general por mal desempeño

El contralor general de la República, Enrique García, es acusado de varios delitos de corrupción

Por  EFE

El contralor general de la República, Enrique García(Archivo / Medios)

El contralor general de la República, Enrique García | Archivo / Medios

Asunción.- El Senado paraguayo inició este martes un juicio político contra el contralor general de la República, Enrique García, por haber incurrido en "mal desempeño" de sus funciones y, presuntamente, en varios delitos de corrupción, según la acusación ejercida por la Cámara Baja en sesión extraordinaria.

Durante la sesión, el contralor y los senadores escucharon la acusación formulada por tres diputados, en representación de la Cámara Baja, que hace un año aprobó la apertura del proceso por su presunta implicación en la producción de "documentos no auténticos", asignaciones de viajes y contrataciones irregulares y tráfico de influencias.

El diputado oficialista Ramón Romero solicitó a los senadores la destitución de García por no haber "cumplido con la responsabilidad que conlleva su cargo", y desgranó los principales elementos que sostienen su petición y que, en su conjunto, suponen un "mal desempeño de sus funciones".

La primera acusación se basa en una imputación por la producción de "documentos no auténticos" en un caso que precede a su designación como contralor en noviembre de 2016, cuando era asesor jurídico de la Municipalidad de Asunción.

Romero añadió que mientras García fue el contralor general, asignó "viáticos para beneficio propio y de sus funcionarios" por valor de 22 millones de guaraníes (unos 3.570 dólares).

Asimismo, le acusó de pagar 108 millones (unos 17.500 dólares) para una "consultoría sin fin específico", con el "agravante" de haber contratado después a la consultora como directora de su gabinete, así como por "modificar la estructura" de la Contraloría General para contratar funcionarios "recomendados".

Por último, afirmó que acometió "tráfico de influencias" y sostuvo que los hechos mencionados supusieron "abusos de poder" que podrían constituir los tipos penales de "lesión de confianza o administración en provecho propio".

Por su parte, el también diputado oficialista Hernán Rivas, aseguró que "existen motivos serios" y "elementos de sospecha para sostener que (García) incrementó su patrimonio" durante el ejercicio de su cargo y, a través de "fuentes no lícitas", lo que presume que habría cometido los delitos de "enriquecimiento ilícito", "lavado de dinero", "evasión de impuestos" y "declaración falsa".

Rivas enumeró varios movimientos en sus cuentas bancarias entre 2012 y 2017, mientras se desempeñó en diferentes cargos públicos, desvelados por un informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad).

En ese sentido, Rivas afirmó que el contralor realizó "depósitos que no se compadecen con su remuneración" en la administración pública.

En concreto, subrayó que en 2017, ya como contralor general, "realizó cuatro depósitos en efectivo por valor de 320 millones de guaraníes (unos 52.000 dólares)" no provenientes de sus haberes, y que dichos ingresos no fueron declarados.

El informe de la Seprelad fue remitido a la Fiscalía, que investigaba a García por la producción de "documentos no auténticos", aunque la Cámara de Apelaciones paralizó el proceso al entender que primero debe ser desposeído de su cargo.

Por su parte, la diputada del opositor Partido Liberal, Celeste Amarilla recordó que el Senado no está "obligado a demostrar la veracidad" de las acusaciones, sino que debe juzgar si el contralor "ha perdido la credibilidad".

Al respecto, Amarilla se dirigió a García y le espetó: "usted ha perdido la capacidad de generar confianza hacia su persona", por lo que le pidió que "se retire" o que el Senado le destituya.

García tendrá la oportunidad de defenderse ante los senadores y aportar pruebas de su inocencia el próximo 23 de abril.

Un día después, los legisladores deliberarán sobre su culpabilidad o no, según adelantó el presidente de la Cámara Alta, el oficialista Silvio Ovelar.

Si el enjuiciado resulta destituido de su cargo, el Senado deberá remitir a la Justicia ordinaria las pruebas de los posibles delitos cometidos durante su ejercicio, con objeto de que dirima las responsabilidades penales.