Opinión

El Derecho Humano a la salud y realidad

Por: Saúl Lara Espinoza

En una ocasión sostuvimos, y hoy lo ratificamos, que muchos de los derechos humanos en México se traducen en simples proclamas, porque no llegan a materializarse en la realidad y dependen de las condiciones socioeconómicas de cada persona para ejercerlos. Uno de ellos es el Derecho a la Salud. 

La salud, para nosotros, es uno de los derechos más preciados del ser humano y al que todas las personas deben tener acceso, sin importar su situación o posición individual. Es decir, tengan o no alguna relación laboral o los recursos para cubrir el acceso a sus servicios. 

El artículo 4° constitucional lo establece en los siguientes términos: Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. 
Una de estas bases para el acceso a los servicios de salud, se encuentra contenida dentro de la Ley del Seguro Social y esta ordena que se tengan que cubrir para su prestación las cuotas del régimen obligatorio, siempre que haya una relación laboral o exista la posibilidad de pagarlas voluntariamente. 

Aunque en nuestra realidad, millones de personas en el país viven con enormes carencias, y una de ellas es la falta de acceso a los servicios de salud. 

Al 2015, según datos del Inegi, el 17.3 % de los mexicanos no tenían acceso a los servicios de salud, lo cual equivale a nivel nacional a 20 millones 678 mil 763 personas que no gozan de ese preciado derecho humano. Así que, una cosa es la ley y otra la realidad.

Lo anterior no obstante de que el artículo 77 bis 1 de la Ley General de Salud, ordena que todos los mexicanos tienen derecho a ser incorporados al Sistema de Protección Social en Salud, de conformidad con el referido artículo 4° constitucional, sin importar su condición social o circunstancia personal. 

Cabe destacar, que el párrafo segundo del citado artículo de la Ley General de Salud, define que la protección social en salud, es un mecanismo por el cual el Estado garantizará el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades en esa materia, mediante la combinación de intervenciones de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social. 

También señala dicho párrafo que, como mínimo, deberán contemplarse los servicios de consulta externa en el primer nivel de atención, así como de consulta externa y hospitalización para las especialidades básicas de medicina interna, cirugía general, ginecoobstetricia, pediatría y geriatría, en el segundo nivel de atención. 

Sin embargo, en nuestra realidad, hay instituciones públicas del ramo de la salud que discriminan a los que tienen alguna enfermedad crónica degenerativa, porque no permiten siquiera su afiliación, mucho menos su tratamiento. Por ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en los hechos, lo subrayamos, tiene estrictamente prohibido dar de alta a un trabajador con alguna enfermedad de esa naturaleza, llegándose al extremo de presumirla como un “fraude” cuando la misma sea de data antigua, con la posibilidad de imponer una cuantiosa multa a la persona o empresa que llegare a osar en afiliar a un empleado en esa condición. 

Por lo que, de esta manera, institucionalmente se echa por la borda ese preciado derecho fundamental y lo contenido en la propia Constitución General de la República y en los diversos tratados internacionales  que, supuestamente reconocen y garantizan su protección, además del derecho humano a la no discriminación. 

Como humanos, nos duele y conmueve ese tipo de discriminación; como ciudadanos, la rechazamos totalmente y como profesionistas, estamos obligados moral y éticamente a repudiarla, pero también a realizar cosas que beneficien a la gente.

Te Recomendamos

Comentarios