Opinión

Prohibición del control difuso de la constitucionalidad en México

Por: Saúl Lara Espinoza

De manera expresa, el constituyente originario mexicano estableció en el artículo 133 de nuestra Carta Magna, el control difuso de la constitucionalidad, al tenor literal siguiente: “Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas”.

Dicho control consiste esencialmente en aplicar las disposiciones de la Constitución Federal, cuando las de los estados y sus leyes secundarias sean contrarias a la Ley Suprema de la Unión.

Sin embargo, a pesar de la claridad del artículo 133 constitucional, no es dable aplicarla a la luz de la jurisprudencia vigente emitida por el Pleno del Máximo Tribunal de México, según las tesis P./J.74/99 y P./J. 38/2002.

Ambas tesis de jurisprudencia han sido objeto de muy profundas y variadas reflexiones en el ámbito académico. Muchas de ellas abogan a favor del citado sistema de control. Hay quienes señalan que los jueces de los estados tienen capacidad de apreciar la inconstitucionalidad de las leyes locales; algunos dicen que dicho control no procede de manera abstracta, sino solo de forma concreta; unos más son del criterio de que los efectos de las sentencias que emitan los jueces del fuero común bajo el control difuso, de ningún modo invaden la esfera de competencia del Poder Judicial de la Federación; otros dicen que de haber inconformidad en virtud de esas sentencias de los jueces locales se tendría expedita la acción de amparo, y que el artículo 133 constitucional no es una disposición oscura, pues autoriza de manera expresa y clara a los jueces locales de las entidades federativas a mantener un control de carácter difuso de  la constitucionalidad de las leyes estaduales.

En nuestro libro El Juicio de Amparo, tratamos dicho tema con cierta amplitud y profundidad, incluso, el análisis lo realizamos desde el punto de vista de la interpretación y la argumentación jurídica, y también desde la óptica política.

Resultado de ello, desde esta última perspectiva concluimos, entre otras cosas, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se erige de facto en una especie de Supremo Poder Conservador como el que existió en una de las leyes constitucionales de 1836; época oscura de la presidencia centralista del dictador Antonio López de Santa Anna.

Por el lado de la argumentación e interpretación jurídica, realizamos un análisis minucioso, histórico, armónico y sistemático de las correspondientes ejecutorias, incluidas las de la jurisprudencia histórica, de donde emanan las citadas tesis de jurisprudencia. De tal manera que exponemos en detalle diversos argumentos que aún seguimos sosteniendo con suficiente fundamento y convicción, en el sentido de que, a pesar de ello, los jueces de los estados tienen el deber ético y jurídico de aplicar dicho control, aun cuando el Pleno de la Suprema Corte haya forzado, políticamente,  como en algunas otras ocasiones,  la interpretación de la Ley Suprema de la Unión, porque debe prevalecer la primacía constitucional.

Finalmente, conviene mencionar que el control difuso de la constitucionalidad es perfectamente compatible con el Juicio de Amparo en los siguientes países: Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Uruguay, cuyo respectivo texto constitucional tiene el mismo origen que el de México, es decir, de los Estados Unidos de América.

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