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Analiza Congreso crear la Unidad de Inteligencia Patrimonial en Sinaloa

La diputada María Victoria Sánchez Peña planteó a los legisladores que en la entidad se debe de privilegiar el uso de la inteligencia y no el uso de la fuerza

Por Carmen Leticia Villegas Moreno

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Sinaloa.- El Congreso del Estado analiza la creación de una Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica, dependiente de la Fiscalía General de Sinaloa, así como realizar reformas al Código Penal para sancionar con 5 a 15 años de cárcel y hasta 10 mil días de multa a quien realice operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En una iniciativa que se analiza en comisiones y que fue presentada a la Comisión Permanente el pasado 4 de febrero, la diputada María Victoria Sánchez Peña planteó a los legisladores que en la entidad se debe de privilegiar el uso de la inteligencia y no el uso de la fuerza, por qué no se puede apagar “el fuego con el fuego”.

Precisó que la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica no debe de quedar en un acuerdo, y que puede ser modificado a criterio del titular de la Fiscalía General del Estado en turno; por lo que, Sánchez Peña consideró que dicha institución propuesta debe de quedar signada en el Ley Orgánica de la FGE para precisar alcances y logros.

También, para un correcto funcionamiento de esta unidad, se requiere que en el estado esté tipificado el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, situación que ya ha ocurrido en diversos estados de México.

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La iniciativa propone adicionar en el capítulo XI Bis denominado “Operaciones con recursos de procedencia ilícita”, con los artículos 235 Bis y 235 Bis 1, al Título Décimo de la Sección Primera del Libro Segundo del Código Penal para el Estado de Sinaloa.

Lo anterior quedaría así, “se impondrá de cinco a quince años de prisión y de cinco mil a diez mil multa a quien por sí o por interpósita persona realice cualquiera de las siguientes conductas: adquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite, retire, dé o reciba por cualquier motivo, invierta, traspase, transporte o transfiera, dentro del territorio del Estado, de éste hacia el exterior del mismo o a la inversa, recursos, valores, derechos o bienes de cualquier naturaleza cuando tenga conocimiento de que proceden o representen el producto de una actividad ilícita”.

Además, se enumera las conductas de quien “oculte, encubra o pretenda ocultar o encubrir la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento, propiedad o titularidad de recursos, valores, derechos o bienes, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita”.

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