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Detectan más irregularidades en las cuentas

CULIACÁN

Culiacán, Sin.- La razón para suspender las cuentas públicas, anunciada por la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, fue porque se encontraron severas irregularidades administrativas.

Los municipios que incurrieron en las irregularidades son: El Rosario, San Ignacio, El Fuerte (dos semestres) y Angostura, así como los informes financieros de la Junta Municipal de Agua Potable de Guasave (JUMAPAG) y el Fideicomiso para el Fortalecimiento Agropecuario (FOFAES).

Las explicaciones. Gómer Monárrez Lara, presidente de la Comisión de Fiscalización, detalló que los entes fiscalizados incurrieron en conductas como retenciones de cuotas a empleados, incremento desproporcionado de las deudas sin fuentes de pago, pago de obras sin construcción y falta de comprobación del uso de recursos públicos, con lo que se puso en riesgo la operación presupuestal.

Además, agregó el legislador, se detectó que los municipios de Mazatlán y Choix destinaron de manera irregular más de 2.5 millones de pesos en autoliquidaciones a sus funcionarios de elección popular, y en liquidación de funcionarios públicos de confianza: Mazatlán, Choix y San Ignacio destinaron más de 3.4 millones, provocando un daño patrimonial superior a los 6 millones de pesos. Presidentes, regidores y síndico procurador, además de que, por concepto de liquidación de funcionarios públicos, los municipios de Mazatlán, Choix y San Ignacio destinaron poco más de 3.5 millones pesos.

La propuesta de la Comisión de Fiscalización es para aprobar las cuentas públicas de Guasave, Culiacán, Mazatlán y Choix; el primer semestre de la de Angostura y la de Gobierno del Estado.

Cuestionados sobre si hubo algún tipo de arreglo o componenda política para aprobar la cuenta pública de Sinaloa municipio a cambio de que se aprobara la de Guasave, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Jesús Enrique Hernández Chávez, aseguró que esas son prácticas que no corresponden al actuar de la presente Legislatura.

Además, precisó, "hay que actuar con mucho cuidado y mucha justicia", y la "comprobación de las figuras delictivas –en las que presumiblemente habrían incurrido funcionarios de los municipios de El Fuerte, Guasave y Sinaloa- no le corresponde a esta Legislatura".

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Deslinde. El exalcalde de Guasave, Miguel Ángel Robles Santillanes, dijo que el hecho de que le aprueben la cuenta pública del segundo semestre de 2013 confirma que, a pesar de observaciones administrativas y demandas penales por supuestos desvíos, se hicieron bien las cosas.

Cuestionado en torno a posibles arreglos políticos para aprobarle la cuenta a cambio de no rechazar tampoco la de Sinaloa municipio, el exmunícipe dijo tener toda la confianza puesta en el órgano auditor, a la vez que aseguró ver un "actuar responsable del Congreso".

"Estoy satisfecho, no temía que se fueran a rechazar porque siempre dije que hicimos las cosas bien y sería el órgano auditor y el fiscalizador quien lo confirmaría".

Ramón Barajas, actualmente diputado local, pero que inició como alcalde en Guasave la pasada administración, a pesar de reconocer que los funcionarios involucrados en las presuntas irregularidades administrativas detectadas en la Junta Municipal de Agua Potable se iniciaron como funcionarios en su administración municipal, dijo desconocer lo sucedido, salvo lo que se ha publicado en los medios.

El legislador dijo que él dejó la alcaldía en marzo o abril de 2013, "y mis cuentas públicas fueron aprobadas", por lo que se deslindó del manejo que se hubiera dado tanto en la alcaldía como en la Junta Municipal de Agua Potable.

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En Badiraguato no se dejaron deudas. El exalcalde de Badiraguato, Ángel Robles Bañuelos, señaló que si ante la ASE existe un problema por la compensación de 20 mil pesos que se le entregó a funcionarios de elección, los devolverá, pero, precisó, esto fue previamente aprobado por cabildo. Además, justificó la liquidación de 10 mil pesos otorgada a otros funcionarios, quienes argumentaron que realizaron un buen trabajo.

Al ser cuestionado por el señalamiento del dinero entregado a Reynalda Cárdenas López, a quien la ASE señaló de haber recibido 60 mil pesos, el exedil justificó que esta persona recibió tal cantidad porque, siendo trabajadora sindicalizada, se jubiló y el monto que se le entregó fue conforme a lo que marca la Ley Federal del Trabajo, luego de 28 años de servicio.

En lo que respecta a José Luis Morales Landell, exsecretario del Ayuntamiento, dijo no recordar el por qué se le dieron 29 mil 500 pesos, ya que renunció antes de terminar su gestión para irse a campaña.

El exalcalde aseguró que al concluir con su mandato al frente del Ayuntamiento, él no dejó deuda, y menos actos que comprometan presupuestal o administrativamente al Ayuntamiento.

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