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En indefinición el sistema penal por controversia constitucional

CULIACÁN

Culiacán, Sin.- Aun cuando el Congreso del Estado debería ser garante del respeto a las leyes y la institucionalidad republicana, el desconocimiento de las leyes y protocolos legislativos de la pasada Legislatura tiene a Sinaloa en la indefinición jurídica, ya que actualmente no se aplican las leyes que en materia penal se debieran estar aplicando, aseguró el académico de la Facultad de Derecho y especialista en materia penal.

Jesús Cerda Lugo, secretario académico de la Facultad de Derecho y titular de la cátedra de derecho penal en la misma, señaló que la Sexagésima Legislatura modificó, el 29 de noviembre de 2013, el decreto 738 publicado en el Periódico Oficial del 25 de enero del mismo año, el cual anunciaba la implementación de un nuevo Código de Procedimientos Penales del Estado de Sinaloa, a través del cual se anunciaba la implementación de un nuevo modelo de justicia basado en la oralidad.

Sin embargo, precisó, dicha disposición debería quedar sin efecto porque contraviene un decreto del Congreso de la Unión por el que se reformó la fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual se establece que el único facultado para legislar en materia procesal penal es el Congreso de la Unión.

La disposición que asumió el Legislativo sinaloense en noviembre, retrasando seis meses la entrada en vigor del nuevo modelo de justicia penal, violenta una ley de carácter federal porque, conforme a lo que se establece en la fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución y que el Congreso local en su momento votó a favor, no tiene facultades para legislar en materia procesal.

En consecuencia, precisó Cerda Lugo, los diputados de la Sexagésima Legislatura ya no tenían facultades para realizar ningún procedimiento procesal en materia penal al día 29 de noviembre, lo que vino a generar un vacío legal por su desconocimiento o irresponsabilidad legislativa.

"En otras palabras, esto (el decreto 738 publicado en el Periódico Oficial el 25 de enero de 2013) debió haber entrado en funciones desde el 1 de diciembre; para mí esto es ilegal (el decreto 971 del 29 de noviembre) porque desconocieron la disposición en materia procesal del Congreso de la Unión".

Las consecuencias, dijo el académico, "pueden ser muy graves porque no se está aplicando una ley" y las instituciones afectadas serán el Poder Judicial y la Procuraduría de Justicia.