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Culiacán

Falta proteger a testigos y denunciantes de corrupción en Sinaloa

La Oficina de la ONU en México colabora con el Comité de Participación Ciudadana en una ley de protección a quienes se atrevan a denunciar y a los testigos.

Por Carmen Leticia Villegas Moreno

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Sinaloa.- Con el acompañamiento de la Oficina de las Naciones Unidas (ONU) en México, en Sinaloa se va a incentivar la cultura de la denuncia de presuntos actos de corrupción, mediante un mecanismo de protección a denunciantes y testigos que se carece en el estado, ante la indefensión en que se encuentran las personas que se atreven a denunciar el mal uso de los recursos públicos, informó Soledad Astrain Fraire, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción en Sinaloa. 

En el marco de la denuncia, explicó que están proponiendo una iniciativa de protección a denunciantes y testigos, que será ingresada en la 64 legislatura del Congreso del Estado, que surgió de un mecanismo de revisión entre organismos similares con base al artículo 33 de la Convención de las Naciones Unidas, conocida como Convención de Mérida.

Leyes

Lo importante, precisó, es comenzar con una base normativa para lograr que el estado pueda tener esa posibilidad de incorporar en su ordenamiento esas medidas de protección a los denunciantes y testigos, ante las consecuencias que enfrentan estas personas, como un trato injustificado dentro de la dependencia o ente público que labora y que se tiene conocimiento de personas que han sido despedidas por atreverse a denunciar. 

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Experiencia de la ONU

Como ciudadanos e integrantes del Sistema Anticorrupción, mencionó que es lo mínimo a realizar, porque se da la oportunidad de que esta entidad cuente con una legislación, que no hay antecedentes locales, pero con la novedad de que no se parte de cero.

La experiencia de las Naciones Unidas en otros países está siendo compartida y se ha solicitado su respaldo a este proyecto que, de acuerdo a la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, se contempla esta figura legal y lo único que se requiere es crear una normatividad específica que dé certidumbre legal a los denunciantes y a aquellas personas que puedan contribuir a la investigación de corrupción.

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