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Frena Tribunal caso sobre Perla Vega

CULIACÁN

Culiacán, Sin.- A un año de la detención del único sospechoso del homicidio de la docente universitaria, Perla Vega Medina, el caso se mantiene en los tribunales bajo la bruma y sospecha, en medio de señalamientos de tortura, un dictamen pericial que así lo confirmó y una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que no fue atendida en su totalidad.

El 5 de enero, cuando cruzaba la frontera en el paso de Tijuana, Juan Carlos Cristerna Fitch fue detenido por elementos de la Policía Ministerial del Estado, en cumplimiento a un mandamiento judicial, y presentado en Culiacán ante los medios de comunicación como el presunto autor material del homicidio de Perla Lizet Vega Medina, en hechos ocurridos el 27 de mayo de 2012 en el interior del domicilio de la víctima.

A la espera de una resolución. Para la familia Cristerna Fitch, ya se han presentado las pruebas de la inocencia de Juan Carlos y sólo se está a la espera de la resolución del Tribunal Colegiado de Mazatlán, respecto a un recurso de revisión interpuesto por el Ministerio Público y la familia de la víctima, luego de que un juez federal concediera un amparo al acusado para el juez Séptimo.

El amparo que se le concedió en el mes de septiembre a Juan Carlos, por un juez federal, fue para que el juez reconsidere la resolución dictada el 15 de enero respecto al auto de formal prisión, ya que no tomó en cuenta al menos, 24 elementos que pudieran haber cambiado la historia.

No es contra Juan Carlos. Leonel Aguirre Meza, presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, confirmó que el proceso se encuentra "estancado" en espera de la resolución del Colegiado de Mazatlán.

Reiteró que las acciones que tanto la Comisión como diferentes organismos civiles han emprendido, no son en contra de Juan Carlos Cristerna, sino porque la autoridad castigue a quién realmente se demuestre que fue el responsable del homicidio de Perla Vega.

Las controversias. En Agosto de 2012, la CEDH emitió una recomendación al Poder Judicial, la Procuraduría entre otras instancias, por presuntas irregularidades registradas durante el proceso, pero fue rechazada argumentándose que estaba fuera de los límites para ejercer sus facultades de investigación sobre violaciones a derechos humanos, por estar el caso en sede jurisdiccional.