Culiacán

Infierno de Culiacán marcará a México

Los hechos violentos incrementan en todo el país, así lo revelan las estadísticas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Por  Lorena Caro

Humo generado por vehículos incendiándose(Foto: Leonel Mendoza / El Debate)

Humo generado por vehículos incendiándose | Foto: Leonel Mendoza / El Debate

Sinaloa.- Tan solo tres días después de que el Gobierno de México, a cargo de Andrés Manuel López Obrador, reiterara su Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, en Culiacán, el estruendo de armas de alto calibre aterraba a todos sus habitantes. 

El Cártel de Sinaloa reaccionaba con fuego cruzado ante la presunta detención por autoridades de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera. Tras horas del temible hecho, fue liberado por las autoridades.

Aunque de mayor impacto, este panorama coincidía con una semana de violencia en el país, donde también se involucraban otros grupos delictivos, como el Cártel Jalisco Nueva Generación en Michoacán.

Para expertos en temas de delincuencia organizada, seguridad y uso de la fuerza entrevistados por EL DEBATE, los hechos de violencia ocurridos en Culiacán, además de hacer historia en México por su magnitud, causa y efecto, revelan el poder del Cártel de Sinaloa ante el Estado mexicano, así como una notoria falta de estrategia nacional para erradicar la violencia.

Ilustración El Debate

Entre los peores panoramas vislumbran el peligro de que esta experiencia sirva de cátedra para otros grupos delictivos: aterrar para conseguir beneficios del Estado.

Historia en el México moderno

Javier Oliva, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), indicó que la capacidad de despliegue que logró la delincuencia en Culiacán no había ocurrido nunca antes en México, al menos no en la historia del México moderno y contemporáneo.

Muestra de ello —dijo— son la serie de consecuencias que ha dejado el día de terror, como la liberación de reos del reclusorio estatal, la suspensión de clases, de vuelos comerciales, de transporte y la visibilidad de la clase de armas con las que actuaron los delincuentes. 

«Podemos hacernos una pregunta muy fuerte: ¿quién va a, no gobernar en Culiacán, quién manda en Culiacán en este momento, en términos de seguridad pública? Si hay un asalto, ¿va a llegar la Policía o van a llegar los delincuentes? Se está demostrando una debilidad estructural del Estado mexicano en esa entidad muy serio, muy grave», aseveró. 

El experto en temas de seguridad indicó que la decisión de Andrés Manuel López Obrador de dejar en libertad al detenido fue difícil y muy polémica. Aunque lo preocupante —indicó— es que, para un futuro inmediato, otras organizaciones criminales ya hayan encontrado la fórmula a través de la cual amenacen con ir a los supermercados o a escuelas a masacrar inocentes si no liberan a su líder, por ejemplo. 

«Esto, evidentemente, es muy riesgoso, y también vamos a ver cómo se toma a nivel internacional, que hasta hora por otras entrevistas que he otorgado a medios internacionales sé que están sorprendidos y no se lo explican».

Oliva, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), también destacó la falta de comunicación hacia la ciudadanía por parte de las autoridades.

Calificó como inexplicables las quince horas que tardó la autoridad en dar declaraciones concisas sobre lo que estaba pasando y sus consecuencias. Dicha tardanza —indicó— generó la incógnita social de saber por qué hasta ayer se habló. 

El experto atribuyó la falta de coordinación entre las policías locales y federales a un problema que afecta a todo el país, que habla de la contaminación que hay dentro de las primeras: «El nivel de control que tuvieron por horas de Culiacán te habla también de que tienen acceso a cierto ascendiente sobre la Policía Municipal», sostuvo.

Estado fallido

Carlos Rodríguez Ulloa, miembro del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia en México, opinó en entrevista para EL DEBATE que la decisión que tomó el Estado mexicano de liberar a Ovidio Guzmán no fue la correcta y tampoco la de otorgarle a la delincuencia organizada un carácter de interlocutor sólido y respetable. 

Aunque consideró que es válida la declaración del presidente en la que señala que la decisión fue tomada en el ánimo de salvar vidas, el Estado debería tener la facultad y la capacidad de controlar el territorio: «Los eventos de ayer desenmascararon al Estado mexicano, la debilidad del Estado mexicano en contraposición de la fortaleza del Cártel de Sinaloa. Además, la desorganización de las fuerzas federales en contraposición a la delincuencia que ahora sí se vio más que bien organizada, bien financiada, con un pleno control territorial», sentenció. 

Consideró que sí ocurrieron una serie de errores durante la operatividad de las fuerzas del Estado, y una de las principales se trató de una total descoordinación en la operación táctica, «entre ir y capturar al delincuente y la información o los escenarios sobre qué pasaría después. Lo capturamos, nos lo llevamos, y entonces ahí qué pasa, y ese fue un grave error por donde lo quieran ver», reafirmó. 

Carlos Rodríguez Ulloa consideró que el pasado 17 de octubre quedó más que claro el control subyacente que tiene Sinaloa, aunque esto se pueda expandir a muchas entidades, que es lo más riesgoso, según señaló. Asimismo, lamentó que con este hecho se estén cediendo los espacios sociales a la fuerza, como la suspensión de clases.

Vía telefónica, agregó que Andrés Manuel López Obrador durante su discurso le puso palabras al repliegue de las fuerzas federales que ha manejado su Administración desde su inicio; misma acción que comentó ha traído eventos como el de Michoacán, Guanajuato, Tamaulipas, entre otros.

Cabe destacar que el 14 de octubre en Michoacán murieron catorce policías emboscados en manos, al parecer, de quienes hasta hora se han adjudicado el delito, el Cártel Jalisco Nueva Generación; y solo un día después, en Guerrero, un fuerte enfrentamiento entre un grupo militar y un grupo armado dejó como saldo quince personas muertas, entre ellos un integrante de la Sedena. 

Violencia en todo el país

Pero, sumado a los hechos violentos de alto impacto, las cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana revelan que la incidencia delictiva durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador sí ha incrementado. 

En comparación con el 2018, hasta agosto del 2019, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana mantiene el registro de 166 mil 141 delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal; de ellos, 29 mil 703 corresponden a homicidios. Con referencia al mismo periodo, pero en 2018, la dependencia registró 159 mil 546 delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal; 29 mil 241 correspondieron a homicidios. 

Ante esto, Daniel Gómez-Tagle, investigador y analista con experiencia en asesoramiento de seguridad, agregó que la inacción por parte de la autoridad es una oportunidad que obviamente está considerando la delincuencia. 

Sobre el incremento delincuencial en el país, opinó que es atribuible a un desplazamiento regular entre ciclos políticos. Las nuevas Administraciones —dijo— realizan rotaciones de mandos y fuerzas de seguridad que rompen el «balance» generado en un determinado periodo de tiempo. Estos ciclos —sostuvo— reaccionan de manera drástica cuando se habla de cambios a nivel federal, ya que las políticas de la Administración tienen un impacto en los tres niveles de Gobierno. 

Para el también investigador, analista y traductor para diversos fabricantes de equipamiento policial y militar, es muy importante señalar que el balance se alcanza no solo y no siempre por contubernio de policías con delincuentes, sino por el aprendizaje de casos como en El Aguaje, en Michoacán, donde policías notan que no cuentan con equipamiento suficiente para hacer frente al crimen organizado y eligen evitarlos. También señaló que están los casos de extorsión, donde policías o familiares son secuestrados por breves periodos de tiempo para dar mensajes y, finalmente, la corrupción que algunos agentes eligen como el camino fácil. 

En este contexto, sostuvo que el que se asesinen de policías o militares representa una indiscutible molestia contra la dependencia de parte de los perpetradores. 

El plan de inteligencia 

Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó el pasado 14 de octubre que entre la estrategia para combatir al crimen organizado está el «uso de la inteligencia sobre el uso de la fuerza».

El funcionario explicó que aunque también se incluye la estrategia operativa, no es una prioridad al destacar que la seguridad pública es un espacio de neutralidad política.

Ante esto, Carlos Rodríguez Ulloa, miembro del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia en México, agregó que en la declaración se siguió la línea correcta, aunque mencionó que el problema es que esta se pueda sustentar en la realidad.

Detalló que para consolidar funciones u operaciones de inteligencia, se requiere de mucha información, tiempo y dinero, porque, finalmente, hay una serie de herramientas tecnológicas que deben utilizarse bien: «No solo basta con la declaración. Si la declaración va acompañada de acciones reales, tangibles, de apreciaciones serias, adelante; pero no si sigue siendo declarativo, pero todos seguiremos cayendo en lo que se ha dicho siempre», comentó. 

El experto en temas de delincuencia organizada indicó que entre lo más lamentable que puede pasar es que no pase nada, que los actos de terror cada vez sean más normales y que ese fenómeno y esos eventos que son sumamente violentos se vivan con mayor cotidianidad: «Y lo digo no solo por Michoacán, sino por Jalisco, por Guanajuato, que estamos viendo esta disputa por el mercado del huachicol con la misma virulencia, nada más que esta más repartido, sin estas grandes notas, pero sigue estando presente», señaló. 

Además, indicó que lo peor es que como sociedad y como estado no se tomen acciones que envíen un mensaje social de que este tipo de actos son un límite, que no se puede matar a catorce policías y tomarse un helado en la plaza el domingo. 

Daniel Gómez-Tagle coincidió en que lo que hasta hoy se ha presentado como estrategia de seguridad no cumple los requisitos.

Dijo además que la ley nacional sobre el uso de la fuerza es, literalmente, imposible de cumplir, ya que para cumplir con un artículo se tienen que romper varios: «No existe una visión que considere a los policías de los tres niveles de Gobierno y se están poniendo demasiadas esperanzas en la Guardia Nacional. Es un peso muy grande el que se les pone a los soldados con el nuevo uniforme, y tristemente se sumarán a las estadísticas, no por falta de capacidad o compromiso, sino por falta de planeación a nivel Administración», lamentó.

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