Culiacán

Intimidan a periodistas ¿Qué oculta Sergio Torres?

Funcionarios obstaculizan y niegan la información que por derecho, debe hacerse pública

Por  Luis Moreno

Sergio Torres, alcalde de Culiacán.(EL DEBATE)

Sergio Torres, alcalde de Culiacán. | EL DEBATE

Culiacán, Sinaloa.- Los viajes aéreos que ha hecho el alcalde  de Culiacán, Sergio Torres Félix, el sueldo de los trabajadores sindicalizados y quiénes son; el gasto en computadoras, los permisos otorgados a los burócratas durante las elecciones, además del padrón de vehículos oficiales y a quiénes están asignados. Todas estas han sido solicitudes de información obstaculizadas por el gobierno municipal.

Valiéndose de estrategias contempladas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Sinaloa, como lo son la consulta directa o la entrega de información durante un plazo mínimo de 60 días, la Coordinación de Acceso a la Información del Ayuntamiento de Culiacán, encabezada por Fernando Ruiz Martínez, ha obstaculizado el proceso de obtención de datos públicos e intimidado a periodistas.

Con esas tácticas se pretende inhibir el acceso a la información, pues desde febrero a la fecha ha resultado imposible consultar los documentos y acceder a padrones o expedientes solicitados, ya que se encuentran -según intenta hacer creer la autoridad- en depósitos desorganizados y sin sistematizar, con lo cual se estaría violentando la ley, la cual señala que todo procedimiento en materia de acceso a la información deberá resolverse de manera sencilla y pronta.

El derecho a saber es un derecho humano y se encuentra contemplado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los Tratados Internacionales; además, no se necesita justificar qué se hará con la información pública que se le pide al gobierno.

Se han podido identificar al menos a 13 funcionarios municipales que han contribuido a retrasar, dificultar y, de alguna manera, evitar la difusión de los datos solicitados.

¿Por qué crees que Sergio Torres oculta información?

En varias ocasiones, funcionarios del Ayuntamiento han declarado que son transparentes porque la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa (órgano autónomo que defiende este derecho) les otorgó un premio de transparencia en julio de 2015 por publicar información mínima de oficio.

Esos datos eran obligatorios para todas las autoridades, entre ellos los sueldos, el directorio de funcionarios y la relación de personas beneficiarias con recursos públicos.

Con la nueva ley de acceso a la información hoy habrá más de 68 obligaciones que deberán ser públicas a partir de noviembre de este año, como el listado de servidores públicos sancionados, el número de plazas de personal de base y confianza, gastos de representación y viáticos.

ACTOS DE PREPOTENCIA

El 27 de febrero de 2016 se  pidió conocer los padrones de equipo de cómputo adquirido, arrendado, total, vendido o donado, en reparación, robado y recuperado, con la solicitud 00105816.

La autoridad respondió que daría la información siempre y cuando se pagara por las copias para acceder a los padrones, aún cuando estos se elaboran en procesadores de texto y los cuales se pueden enviar por correo electrónico.

Se impugnó la respuesta, pues no se informó la cantidad de equipo en reparación, y la Comisión Estatal para el Acceso a la Información ordenó que se dieran a conocer esos datos.

En un informe que el Ayuntamiento entregó a la Comisión Estatal para el Acceso a la Información indicó que no se había dado la información detallada debido a que “se dañaron los repositorios electrónicos donde estaban almacenado” [sic], pero no se entregó un documento donde se diera fe de esto.

Previo a la consulta se envió al correo electrónico del periodista un documento en el cual Fernando Ruiz Martínez, director de la Coordinación de Enlace de Acceso del Ayuntamiento de Culiacán, señalaba que la determinación del Órgano defensor del estado se apartaba de toda legalidad, pero que entregaría la información (ver documento 2).

El 24 de junio acudieron a la diligencia los funcionarios públicos de la Coordinación de Acceso del Ayuntamiento de Culiacán: Fernando Ruiz Martínez, Rigoberto Torres, Jorge Luis Ramírez Durán, Jesús Morales Rubio y Martín Barraza Yuriar, los últimos dos son enlaces de la Unidad de Contabilidad y de la Coordinación General de Desarrollo Tecnológico.

Asistieron dos funcionarios públicos más que en anteriores consultas, lo cual tampoco agilizó la entrega de información, con lo que el ciudadano pudo sentirse superado por la autoridad.

El titular de la Coordinación de Acceso del Ayuntamiento impidió el ingreso a dos periodistas a la consulta a pesar de que se le pidió en varias ocasiones su participación. Ruiz Martínez comenzó a discutir con los reporteros, aludiendo que la información sólo se daría al reportero que en un principio solicitó los datos.

Minutos después llamó vía celular al director jurídico de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información, Gustavo Reyes Garzón, para consultarle si habría impedimento en el ingreso de los reporteros. El jurídico le indicó que no había problema para ello. De nueva cuenta, Fernando Ruiz discutió con Reyes Garzón por un espacio de 10 minutos y al terminar la llamada le manifestó a los reporteros que el director jurídico del órgano defiende sin sustentos legales a los ciudadanos, nombrándolo palero, de manera despectiva.

EL DEBATE grabó un video para evidenciar las condiciones donde se hacen las consultas directas y la dificultad para encontrar la información. Ahí se le cuestionó al funcionario el porqué no se le permitió el acceso a los periodistas. Fernando Ruiz defendió la supuesta transparencia del Ayuntamiento de Culiacán.

Rigoberto Torres, otro representante de la coordinación  del Ayuntamiento, grabó a los periodistas con el supuesto argumento de que no se sacara de contexto la entrevista con el funcionario.

Para terminar abruptamente con los cuestionamientos, Fernando Ruiz señaló y supuso que el periodista había salido de la consulta debido a que no estaba interesado en la información que se le ponía a la vista.

El reportero negó lo anterior y  le cuestionó si era algún mandato del presidente municipal el ocultar toda la información solicitada por este medio. Fernando Ruiz dijo que el periodista estaba suponiendo. El reportero contestó con una expresión popular, que si   hablaba de suposiciones se ponía a “Sansón con las patadas”.

¿Alguna vez has hecho una solicitud de información?

En ese momento, el jefe de transparencia del Ayuntamiento manifestó que esa expresión era amenazante y que acudiría al Ministerio Público a denunciarlo, saliendo del edificio, acompañado de otro servidor público y no se presentó en el resto de la diligencia.

En tres horas que duró la consulta sólo se tuvo conocimiento de una factura de adquisición de refacciones de una computadora de 2011, cuando se solicitaron datos desde 2010.

INTIMIDACIÓN

El 27 de junio, un periodista de EL DEBATE acudió a entregar fichas de depósito por el pago de copias para acceder a otros archivos solicitados, esto en las oficinas de la Coordinación  de Acceso del Ayuntamiento. Al esperar los acuses de recibo, llegó Fernando Ruiz Martínez a la oficina y le cuestionó a la recepcionista sobre su presencia. Ella le indicó el motivo, después el titular del área se dirigió al reportero y le dijo que lo acompañara a su oficina con el argumento de que ahí le entregaría los recibos.

Minutos después, y a solas, el funcionario expresó que si el periodista no firmaba un documento para no publicar sobre el incidente ocurrido el 22 de junio (anteriormente narrado) lo demandaría ante el Ministerio Público.

Esto se traduce en una clara intimidación por parte del servidor público, que debería ser sancionado por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

VIAJES DEL ALCALDE

El 6 de abril de este año se solicitó conocer la relación de viajes aéreos del alcalde, Sergio Torres Félix, los motivos, las facturas de compra de boletos de avión y de gastos de representación. Para ello se generó la solicitud 00183716.

La autoridad citó al reportero de EL DEBATE a una consulta directa en el Archivo Histórico la Crónica de Culiacán para ponerle a disposición 891 cajas de dimensiones aproximadas de 38 x 30 x 25 (puede soportar 7 kgs) que contienen la información contable del Ayuntamiento.

Los funcionarios señalaron no tener los datos organizados, lo que pudiera interpretarse como una aparente estrategia para desmotivar a los solicitantes.

Aún cuando todo se solicitó en formato digital, como lo establecen las leyes de armonización contable desde hace varios años, la autoridad dijo que no tenían las facturas digitales de los viajes y viáticos, evidenciando un posible incumplimiento fiscal. Tampoco ofreció escanear los documentos.

Se acudió a la consulta directa los días 18 y 24 de mayo al Archivo Histórico la Crónica Culiacán, en donde carecen de las condiciones para ello, pues no hay sillas y la revisión de papeles se hace en una zona restringida, sin la adecuada ventilación.

¿Qué sanción crees que merecen aquellos que intimidan a la prensa?

El 24 de mayo se obstruyó a dos reporteros de EL DEBATE a que ingresaran al área de consulta para ayudar en la búsqueda de esta información. Lo anterior fue negado por Jorge Luis Ramírez Durán, representante de la coordinación de acceso del Ayuntamiento.

La forma de operar en todas las consultas directas es que los funcionarios del municipio son quienes buscan dentro de las cajas los documentos de la información solicitada; empero, se impide que los periodistas revisen en las cajas con el argumento de que no se conozcan datos personales durante la búsqueda.

EL DEBATE publicó el 18 de abril los gastos en viajes del alcalde de Ahome, Arturo Duarte, donde se erogaron cerca de 4 millones de pesos.

Esta información se obtuvo en el portal de transparencia de ese Ayuntamiento, mientras que en Culiacán es información que se ha obstruido.

Las administraciones municipales de Badiraguato y Navolato entregaron las relaciones de viajes y las facturas digitales, por lo cual no se entiende cómo la autoridad de la capital se niega a otorgar los mismos datos.

¿Cómo calificas la administración de Sergio Torres?

SINDICALIZADOS

El 18 de mayo de este año se pidió conocer el número de empleados del Ayuntamiento, a cuántas mujeres y  hombres se han dado de alta ante el sindicato, su sueldo, nombre y representación de los dirigentes del sindicato, entre otras cuestiones.

Para ello se generó la solicitud de información con folio 00236216.

La autoridad respondió que otorgaría información “inherente a la solicitud” sin explicar o especificar qué tipo de datos darían. También dispuso de una consulta directa colocando fecha y hora para acudir a unas oficinas públicas.

La enlace de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Culiacán elaboró un documento para negar la entrega de los nombres de los sindicalizados a pesar de que son servidores públicos que se les paga con el erario. Se acudió a la consulta el 22 de junio, la cual otra vez se hizo en un área restringida y sin el mobiliario necesario. Mientras acudieron varios servidores públicos a la consulta, sólo se permitió a un periodista ingresar a la revisión.

Jorge Luis Ramírez Durán impidió registrar y fotografiar los nombres de los trabajadores eventuales con el argumento de que se trataban de datos personales. A pesar de que se invocó el principio de máxima publicidad, este no fue argumento suficiente para que se permitiera conocer los nombres.

En más de tres horas de búsqueda se registraron sólo datos de enero de 2010, cuando se pidió conocer información desde 2008.

LICENCIAS Y PERMISOS

El 18 de mayo se pidió conocer el padrón de servidores públicos que habían renunciado y solicitado licencia durante el periodo de la campaña electoral, generándose la solicitud 00236916.

El Ayuntamiento ofreció “información documental inherente” sin que explicara, otra vez, qué datos se entregarían, y en ningún momento envió el padrón. De nueva cuenta se citó al periodista para una consulta directa en el Archivo Histórico, la cual se realizó el 23 de junio.

Ahí se le hizo saber al representante de la Coordinación de Acceso del Ayuntamiento, Jorge Luis Ramírez Durán, que primero se debió informar la cantidad de trabajadores que habían renunciado o solicitado licencia -a través del padrón- y luego conocer cuánto se les pagaba. Pero no fue así.

Ramírez Durán procedió a realizar un acta administrativa y pidió que el periodista entregara su credencial para votar para registrar sus datos personales en el documento, argumentando que si no se identificaba se daría por concluida la consulta. Esto podría considerarse como un acto intimidatorio, ya que en ningún momento se informó quiénes tendrían acceso a esa acta ni tampoco se mostró un aviso de privacidad.

En consultas anteriores, el periodista se había identificado con la credencial de prensa, la cual siempre estuvo visible. El funcionario decidió dar por concluida la consulta -la cual ni siquiera había comenzado por los motivos expuestos- y hasta la fecha no se han obtenido los datos.

¿Confías en los funcionarios que ocultan la información pública?

BURLAS

En posteriores consultas directas, la funcionaria Ezdeyna López, de la Unidad de Contabilidad, así como Jorge Luis Ramírez, de la Coordinación de Acceso del Ayuntamiento, han cuestionado a los reporteros el motivo de sus solicitudes, sus orígenes, sus salarios y sobre si en las consultas directas se le daban viáticos, que les ‘dispararan las cocas’ en tono de broma y que a algunos periodistas se les otorga ‘chayote’.

También en tono burlesco se advirtió que no se solicitara información sobre los gastos en compras de papel higiénico del Ayuntamiento.

Además de la intimidación y previa censura, la autoridad municipal no ha entregado otra información pública. Prueba de ello ocurrió con la solicitud 00102816, donde se pidió conocer el 26 de febrero el padrón de vehículos oficiales del Ayuntamiento, los dados de baja, en reparación, su  asignación y sus facturas. Al igual que en casos anteriores, se dispuso de una consulta directa donde sólo se mostraron cajas con facturas, pero no se entregó ningún documento. Se pagaron por copias para obtener los padrones el 22 de junio y hasta la fecha tampoco se han conseguido los documentos, los cuales  son construidos en procesadores de texto digitales. Según la anterior ley de transparencia se debió entregar lo solicitado en un plazo no mayor a 15 días hábiles.

Ante las situaciones aquí descritas, se presentaron dos quejas ante la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública para que revisen todos los casos y establezca las sanciones a los servidores públicos implicados en el bloqueo de información e intimidación.

El 10 de agosto se notificó al Ayuntamiento sobre las quejas, quien tendrá 15 días para manifestar a lo que su derecho convenga. Posteriormente, la Comisión Estatal para el Acceso a la Información deberá pronunciarse sobre este  caso de censura previa.

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