CDMX

México debe ayudar de inmediato a familias afectadas por COVID-19

Cepal y FAO han destacado la importancia de un apoyo universal ante contingencia

Por  Lorena Caro

La movilidad ciudadana ha incrementado  de la mano de la reactivación económica en Sinaloa.(Foto: El Debate)

La movilidad ciudadana ha incrementado de la mano de la reactivación económica en Sinaloa. | Foto: El Debate

Culiacán, Sinaloa.- Para analistas y expertos en problemas socioeconómicos y financieros, México debe implementar de manera inmediata nuevas estrategias sociales y fortalecer los programas ya existentes para resolver los problemas inmediatos generados por la crisis del COVID-19.

Aunque advirtieron que los programas sociales deben manejarse de manera correcta porque se puede incurrir en asistencialismo, que genera dependencia y no resuelve de raíz el problema, se dijeron a favor de un apoyo extraordinario tanto a los desempleados como a las empresas, que permitan subsanar la complicada situación económica de las familias. 

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A pesar de la contingencia sanitaria por COVID-19, de los 19 países de América Latina y del Caribe, México es una de las regiones que no implementó medidas de bonos alimentarios en especie a su población, hasta abril, por la contingencia sanitaria, y tampoco amplió programas de alimentación escolar ni de transferencias monetarias para un grupo o sector de su población. 

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en su reciente informe, «Cómo evitar que la crisis del COVID-19 se transforme en una crisis alimentaria», contrariamente, México ha incrementado 4.7 por ciento el índice de precios de alimentos al consumidor, y la Cepal pronostica una retracción del PIB de 6.5 por ciento para el país. 

Viabilidad de apoyos

Ante estos panoramas, hace unas semanas, la bancada panista, por conducto de la senadora Guadalupe Murguía Gutiérrez, presentó una iniciativa para expedir la Ley de Emergencia y Recuperación Económica, mediante la cual se prevé otorgar un ingreso básico universal a los trabajadores formales e informales que han perdido su empleo a consecuencia de la propagación del COVID-19. El recurso sería de 3 mil 207 pesos mensuales para todos los trabajadores que hayan perdido su empleo.

El analista financiero Roberto Aguilar indicó en entrevista para EL DEBATE que México tiene la capacidad financiera de otorgar beneficios como el que antes había planteado Morena y ahora lo hace Acción Nacional en el marco de la contingencia, lo importante —dijo— es que el Gobierno sepa implementar el presupuesto de forma correcta tomando en cuenta efectos, como por ejemplo la pérdida del empleo, más de un millón tan solo en el sector formal que ha reportado el Seguro Social.

«Es importante porque de repente pareciera que en el discurso vamos a tocar piso ya, y va a ser otra vez la normalidad; pues no, la verdad yo creo que la crisis va a empezar apenas, la consecuencia de las crisis va a empezar ahora que empiece la reactivación de la economía», advirtió. 

A su vez, indicó que el gran problema en México es que el presupuesto es pequeño y las necesidades a cubrir cada vez son más grandes.

Expuso que una de las estrategias que ha implementado el Gobierno desde un inicio para obtener mayores recursos son los programas sociales para que contribuyan a mover la economía interna; sin embargo, opinó que esa es una forma muy lineal de ver la económica.

El Gobierno —dijo— ha apostado además por la austeridad que aparentemente le va a permitir tener un sobrante de recursos y atender dichos programas; no obstante, manifestó que hacer el aparato burocrático muy delgado, pasar de todos los recortes a la austeridad republicana, y luego hacer un esfuerzo mayor, como efecto, genera que las tomas de decisiones sean muy lentas, y si además de eso se hace una reducción de personal, llámese empresa o Gobierno, contribuyen a la desaceleración de la economía. «Sí hay posibilidades de que se pueda dar la pensión mensual mientras haya un crecimiento de los ingresos del Gobierno y una canalización distinta», reafirmó.

Coincidió con la Cepal y con la FAO respecto al incremento en el índice de precios de alimentos al consumidor y la posible retracción económica. Al respecto, señaló que los choques coyunturales están provocando un efecto adicional no solo por la caída de la capacidad de compra de los ciudadanos y la crisis, sino también por el encarecimiento de ciertos sectores. 

Por su parte, Jorge Valtierra Zamudio, experto en gobernanza, dijo que existen programas sociales diseñados para revertir la situación de precariedad y que se han puesto en marcha para enfrentar los efectos de la pandemia por COVID-19.

Estos, sin embargo, consideró que se deben ampliar y fortalecer para concentrarse en mayores medidas efectivas de atención a los sectores sociales más vulnerables, empezando por las personas que se quedan sin empleo, continuar atendiendo a las personas en situación de pobreza, pero, sobre todo, consideró que es importante comprender que las medidas y las estrategias de los programas sociales no pueden pensarse como acciones a corto plazo, puesto que la pandemia y el periodo pos-COVID-19 tiene una mayor duración. 

Estímulos fiscales 

«Todas las estrategias deben ampliarse y extender los programas con el fin de crear un sistema de protección social basado en derechos sociales», expuso.

Como especialista y desde su perspectiva, mencionó que una forma efectiva de generar estrategias de protección para las poblaciones con menores ingresos y a favor de los sectores de la población que se van quedando sin empleo es a través de la necesidad de mayores estímulos fiscales para frenar la afectación de las empresas, por ejemplo, permitiendo los pagos de ISR diferidos.

Según detalló, esto no solo es un apoyo gubernamental a la empresa mexicana, sino que a través de las medidas fiscales se lograría una mejor recuperación y mayor estabilidad económica en el país, por lo tanto, consideró que se volvería más competitivo y más atractivo en este contexto para una mayor inversión extranjera a corto o mediano plazo. «Pero también porque atender las necesidades de las empresas coadyuva a que haya menos posibilidad de recorte de empleos, por lo tanto, los trabajadores, ante la pandemia, mantienen un ingreso, e incluso pueden seguir haciendo uso de sus prestaciones laborales, empezando por la seguridad social», sostuvo. 

Un ejemplo que destacó de las estrategias de programas que atienden a personas vulnerables son las iniciativas de adelantar dos apoyos, pensiones, para personas de la tercera edad por un monto de 5 mil 240, por lo que dijo que si se comprende la situación social y económica de este sector, es congruente la decisión de implementar estas medidas de apoyo: «Debe destacarse que, aunque falta mucho trabajo por hacer, muchos programas frente a la pandemia por COVID-19 han seguido atendiendo sectores vulnerables, como los campesinos, a través de Sembrando Vida; los adultos mayores, personas con discapacidad o población sin seguridad social. Debe comprenderse que estos programas van alcanzando metas lentamente, pero debe atenderse lo inmediato. En lo que estos programas funcionan y tienen resultados positivos y más extendidos hacia la población, es importante atender estas problemáticas en el momento», externó. 

Acesso a alimentación

Jorge Valtierra Zamudio, también académico en la Universidad La Salle, indicó que organismos como el Coneval han sido muy claros en la identificación de los efectos de esta crisis como consecuencia de la pandemia por SARS-CoV-2, y la principal afectación, y por lo tanto prioritaria, es a la población más vulnerable, entre los que se encuentran personas con enfermedades como diabetes, hipertensión, condiciones de obesidad, entre otros.

Lo interesante de esto —consideró— es que dichas enfermedades tienen una importante relación con la situación de pobreza, puesto que tiene que ver con una alimentación basada en productos industrializados, lo que significa una alimentación deficiente por su alto valor calórico y poco valor nutrimental. 

«Y esto es parte de lo que la mayoría de la población en situación de pobreza consume; es decir, no se trata solo de malos hábitos de alimentación con estos productos industrializados, sino que su alto consumo tan común en comunidades rurales y zonas populares urbanas son un reflejo de la precariedad económica. Comer sano no es tan barato como parece», sentenció. 

El también especialista en problemas nacionales, como escasa gobernabilidad, corrupción, inseguridad y desigualdad, indicó que en materia de escasez de alimentos, existe incertidumbre y temor y se escuchan comentarios que plantean escenarios casi apocalípticos por un sector de la población que, sin embargo, tiene acceso y hace uso de aplicaciones de servicio de comida a domicilio.

Lo que sí ha afectado de sobremanera el suministro de alimentos —consideró— son las compras de pánico, pero también dijo que muchos productos de campesinos no podían venderlos en el mercado. «En Oaxaca y Ciudad de México mucha gente rebajaba los precios de su producto en camionetas (jitomate, plátano, mango, entre otros) porque se les echaba a perder». 

Colaboración 

El papel de los Gobiernos ante estas situaciones —consideró Valtierra Zamudio— no es el de racionar los productos, pero sí es vital una buena coordinación con las comercializadoras, incluyendo los mercados tradicionales, para controlar la venta y el suministro de productos, no solo alimenticios, sino de primera necesidad. 

Es claro —agregó— que la reapertura de la actividad económica deberá hacerse de forma escalonada, lo que significa que esta no es inmediata y de todas las actividades, pues se corre el riesgo de que haya rebrotes y se extienda más el confinamiento.

Por ello, indicó que las medidas sanitarias y las medidas de protección no son suficientes si no existe la colaboración de la ciudadanía. Gran parte del problema, más allá del virus —expuso— ha sido la irresponsabilidad de la gente, a pesar de que tienen acceso a la información. «Puede haber muchas estrategias para cooptar los efectos del virus, pero sin la participación de la población no habrá resultados positivos pronto, y con ello el regreso a la normalidad será más complicado», concluyó.

Pérdida del empleo

De acuerdo con el Seguro Social, en México, como consecuencia de los efectos derivados por la emergencia sanitaria, en mayo se quedaron sin trabajo 344 mil 526 personas; en abril, 555 mil 247; y en marzo 130 mil 593, lo que significa una pérdida acumulada de un millón 30 mil 366 empleos formales.

Al mes de mayo se tenían registrados ante el IMSS 19 millones 583 mil 170 puestos de trabajo, la menor cantidad desde enero del 2018. Del total de plazas, 86.7 por ciento fue permanente, y el resto eventual.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y su Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE), las medidas de confinamiento ocasionaron la pérdida de 12.5 millones de trabajos en México durante abril. Además, destaca que la población ocupada en el país bajó de 55.7 millones en marzo de este año, a 45.4 millones en abril. Asimismo, en abril pasado, la tasa de informalidad laboral se situó en 47.7 por ciento, cifra menor en 8.0 puntos porcentuales comparada con la del mes previo.

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