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Organización irlandesa exige castigo por muerte de activista

CULIACÁN

Culiacán, Sinaloa.- La fundación internacional para la protección de los defensores de los derechos humanos, Front Line Defenders se sumó a la condena de reclamos del homicidio de la activista social, Sandra Luz Hernández y exigió su rápida investigación encaminada a dar con o los presuntos responsables.

Mediante una misiva, esta organización con sede en Dublin, Irlanda, pide a las autoridades mexicanas iniciar una "investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre el asesinato de Sandra Luz Hernández, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente e imparcial, y aplicarles las sanciones previstas por la ley".

La organización del país europeo demanda, además, investigar de manera paralela, la desaparición del joven Guadalupe García Hernández "y los casos de todos los defensores de derechos humanos asesinados en México, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente e imparcial, y aplicarles las sanciones previstas por la ley".

Front Line Defenders exigió en el documento, garantizar a todos los defensores y defensoras de derechos humanos en México desarrollar sus actividades legítimas en defensa de los derechos humanos para que puedan operar libremente, sin miedo a restricciones ni represalias.

El comunicado publicado en el portal, en el que se hace una narrativa de los hechos, se manifiesta su preocupación por la forma en que fue muerta esta madre sinaloense.

"Front Line Defenders condena enérgicamente el asesinato de la defensora de derechos humanos Sandra Luz Hernández. Front Line Defenders expresa su preocupación de que el asesinato es solamente relacionado con su trabajo pacífico y legítimo luchando contra la impunidad y buscando justicia para las víctimas de desapariciones forzadas".

Incapacidad. El hecho sucedido la tarde del 12 de mayo en la colonia Benito Juárez, en la ciudad de Culiacán, ha generado la condena y la exigencia de organismos internacionales defensores de los derechos humanos hacia el estado Mexicano.

Los organizaciones han cuestionado la incapacidad de las autoridades mexicanas para proteger a las víctimas del delito.