Culiacán

Pendiente reactivación definitiva de estancias infantiles

Los amparos individuales y colectivos interpuestos ante los jueces federales en Sinaloa solo han obtenido fallo provisional

Por  María Sánchez

Apoyo a estancias infantiles.(Foto: El Debate)

Apoyo a estancias infantiles. | Foto: El Debate

Sinaloa.- Por considerar la pérdida de derechos, principalmente infantiles, que devinieron con la reducción del presupuesto a las guarderías impuesto por el Gobierno federal, las voces de inconformidad no acallan y resurgen con más fuerza.

Encargados de estancias infantiles y diputados federales han interpuesto amparos con el fin de recuperar las beneficios sociales que proporcionaban las estancias infantiles, especialmente a los niños y a las madres trabajadoras; sin embargo, hasta el momento han conseguido solamente un fallo provisional de la decisión federal, lo cual permitiría temporalmente cubrir las necesidades de las guarderías, aunque hasta ayer no había aún respuesta por parte del Gobierno federal. Un escenario similar se vive en estados como Chihuahua, donde actualmente han obtenido frutos que resultan esperanzadores para Sinaloa. 

Derecho a un sueldo digno 

Carlos Humberto Castaños Valenzuela, diputado federal del PAN, quien apoyó a las encargadas de estancias en los amparos, mencionó en entrevista para EL DEBATE que la principal motivación de realizarlos ha sido precisamente el descuido de los derechos de la niñez, pero también quieren promover el derecho de las madres trabajadoras y el derecho de las encargadas de guarderías a tener un sueldo digno: «Se tiene que reactivar ese programa porque hay un derecho que está por encima de todo, que es el interés superior de la niñez, y hay un derecho adquirido también de las mamás y los papás que trabajan que ya venían gozando de esas facilidades de dejar a sus hijos en estancias infantiles mientras ellos trabajaban, y hay un derecho también en tercera instancia de los responsables de las estancias infantiles y toda la gente que trabaja en las estancias que se están quedando sin un ingreso, producto de la desaparición del programa», dijo. 

En esos tres aspectos que el diputado comentó estaría fundamentado el amparo colectivo que interpuso ante el Poder Judicial la ciudadanía organizada, integrándose a la queja 189 estancias infantiles de las 350 de todo el estado; es decir, un 54 por ciento. 

Eco nacional, resultados a favor 

Carlos Castaños también platicó que son los mismos fundamentos bajo los cuales estancias en el estado de Chihuahua han solicitado amparo: defensa de los derechos de la infancia, de las madres trabajadoras y de las encargadas de estancias infantiles.

Las estancias chihuahuenses han tenido éxito al obtener el fallo a favor de manera provisional por parte de los jueces, lo que permite seguir con el proceso de amparo, y ya tienen resultados favorables, pues desde el día 14 de mayo treinta de las guarderías amparadas en dicho estado norteño recibieron el pago retroactivo a enero del presente año por parte del Gobierno federal: «Esto ya está dejando un precedente para que aquí en Sinaloa siga pasando lo mismo. No tendría por qué suceder otra cosa», añadió. 

Al preguntarle por detalles de los resultados en Sinaloa, dijo: «En la zonas centro y zona sur ya salió el pronunciamiento de los jueces, falta el de la zona norte. De hecho, ahorita estoy en Mochis, precisamente porque vine a verificar, entre otras cosas, ese tema». 

Castaños mencionó que están a la espera de una resolución definitiva, que mientras tanto el Gobierno federal debe cumplir con lo que actualmente se otorgó por parte de los jueces. Según el diputado del PAN, esta respuesta definitiva puede estar a favor, reactivándose con ello el Programa de Estancias Infantiles de manera definitiva o podría por otra parte limitarse a pagar lo que otorga la suspensión provisional del juez, que es el pago retroactivo de enero a mayo, y a partir de ahí suspenderse por completo. Estarán a la espera de la suspensión definitiva. 

Pruebas contra la violación de derechos 

El abogado Juan Bautista Lizárraga Mota, especialista en derecho constitucional y amparo, explicó para EL DEBATE que, en efecto, el resultado resolutivo de amparo que tienen actualmente las guarderías es provisional: «El amparo es un juicio que tiene varias etapas y se tiene que demostrar con pruebas que es verdad el acto reclamado, que sí se está provocando ese acto de molestia, que es violatorio de derechos humanos, y hasta entonces se podrá emitir una sentencia en donde se diga “se nulifica el acto, se deja sin efecto”, etcétera. Esa sentencia es hasta el final del juicio», explicó, además de que, dada la urgencia del caso, los jueces otorgan una suspensión provisional que está en revisión constante y luego podría otorgarse una suspensión definitiva que cubre lo que dure el juicio, pero es diferente de obtener una sentencia, la cual requiere pruebas y fundamentos para otorgarse.

«Es de interés general, es de interés de toda la sociedad ver cómo se solucionan estos juicios, cuál es el criterio del Poder Judicial de la Federación, que va a ser el que finalmente juzgue si el acto reclamado está apegado a derechos humanos previstos en el primer capítulo de nuestra Constitución federal, y sería muy importante para todos estar muy al pendiente de esto», dijo. 

¿Por qué recuperar los beneficios?

Es bien sabido que a nivel mundial se vela por los derechos de la población infantil. En relación con esto, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés) destaca el derecho de los niños a una protección especial para que puedan crecer física, mental y socialmente sanos y libres, derecho a la alimentación adecuada, derecho a la educación y atenciones especiales. 

Añadiendo líneas al argumento, existe un análisis del Overseas Development Institute (ODI, Instituto de Desarrollo de Ultramar) de Reino Unido, realizado a las estancias infantiles mexicanas desde el 2010, el cual determinó que los servicios del cuidado infantil subsidiados son una forma importante de protección social para hacer frente a las vulnerabilidades, a los riesgos económicos que enfrentan las mujeres pobres con hijos. 

Concepción Medina González, activista en pro de las estancias infantiles y abogada de profesión, fue quien se encargó de organizar la petición de amparo, y mencionó a EL DEBATE que la decisión tomada por el Ejecutivo federal es errada: «El hecho de que se suspendiera el programa ha llevado a que los niños estén en condición de vulnerabilidad, ya que muchos padres de familia no pueden cubrir las cuotas que tenemos nosotros que solicitar para seguir funcionando con las medidas de seguridad que se requieren», sentenció. 

Añadió que el principal motivo de promover el amparo es que la niñez de Sinaloa se siga atendiendo en un lugar seguro y en condiciones adecuadas, además dijo que las compañeras encargadas de estancias le han reportado algunos accidentes infantiles que han tenido los niños fuera de las guarderías, según comentarios de papás que antes llevaban a sus hijos a las estancias, y ahora no lo hacen.

Desde que se desactivó el Programa de Estancias Infantiles ha devenido una ola de inconformidad. Las madres de familia e incluso las administradoras de estancias infantiles en reiteradas ocasiones han manifestado un desamparo a raíz de estas decisiones del Gobierno federal. 

En un sondeo digital realizado por EL DEBATE en Sinaloa durante el mes de febrero, ocho de cada diez madres y padres de familia manifestaron no tener dónde dejar a sus hijos si se cancelaba el programa, y en su opinión añadieron la necesidad de la existencia de las estancias infantiles más allá de conformarse con solamente recibir un recurso directo por parte de la federación. 

Actualmente se continúa buscando una respuesta por parte del Gobierno federal. EL DEBATE buscó la opinión del delgado de programas federales en Sinaloa, el ciudadano Jaime Montes Salas, pero no respondió a las llamadas ni a los mensajes realizados desde esta casa editorial. 

Vulnerabilidad 

Paulina Contreras, administradora de una guardería en Mazatlán, ha visto reducida la cantidad de niños al menos a la mitad comparado a cuando recibían el subsidio de la ya extinta Sedesol, y, al igual que muchas otras compañeras mazatlecas, ha interpuesto un amparo individual, pues no se sumaron al colectivo del resto del estado, por lo que comentó que por ahora se mantienen sin respuesta, y nos expone cómo continúan trabajando: «Actualmente estamos operando como si fuéramos estancias infantiles privadas. En este caso solo estamos cobrando lo que es la mensualidad, como cualquier centro de cuidado infantil; los papás pagan la mensualidad, y prácticamente estamos así, como un servicio cien por ciento privado que no todos los papás pueden pagar», lamentó. 

Paulina, quien también es licenciada en nutrición, mencionó que del subsidio gubernamental también se pagaban los servicios de renta, agua, luz y los sueldos de las empleadas, y ahora eso resulta difícil: «Aparte, el Gobierno federal cubría lo que es el seguro de gastos médicos de los niños, también cubría un seguro de accidentes para las maestras dentro del inmueble, cubría el programa interno de protección civil; o sea, no nada más daban la beca directa a la estancia de los niños, sino también cubrían otras necesidades de la misma protección de los niños dentro de la estancia», reiteró.

El peso de la falta de apoyo federal también lo resiente María Rosalva Domínguez, administradora de la guardería Bambi, de Mazatlán, también del puerto, quien ya obtuvo el fallo a favor en el amparo que interpuso, pero no ha recibido respuesta del Gobierno de la federación: «Y ahora en esta fecha es más difícil porque nos toca hacer los lineamientos de protección civil y las certificaciones de la estancia», refirió, pues en su palabra destaca que el cumplimiento de esas lineamientos es costoso y antes se cubría con el apoyo del Gobierno, coincidiendo con la opinión de Contreras. 

Afectaciones a los pilares del hogar

María Tiznado Gonzales es madre de dos niños menores de tres años. Ella trabaja en una cocina escolar en Mazatlán, y lo que gana apenas le alcanza para subsistir.

Dice que con eso es muy difícil dar el pago a las guarderías, y manifiesta que con urgencia debe regresar el apoyo, puesto que beneficiaría tanto a las guarderías, como a muchas madres de familia, como ella, que pasan por dificultades: «Yo espero que el Gobierno federal sí vaya a dar el apoyo. Estamos a la espera. Mientras más pronto sea, mejor», concluyó. 

Por su parte, Loúrdes Guadalupe Lizárraga es auxiliar de compras en el puerto y madre de un menor, quien mencionó que no tiene la solvencia de pagar alrededor de 1600 pesos mensuales —o más, dependiendo de la zona y del lugar de la guardería— por el servicio de cuidado de sus hijos: «Personas que ganan peor que uno, yo no sé cómo le hacen, la verdad», dijo Loúrdes, además refiere que nunca le llegó la beca de madres trabajadoras, como a María Tiznado, que metió papeles, pero no le dieron respuesta.

Loúrdes Guadalupe espera que el presidente cumpla lo que prometió, que se hicieron cambios que afectaron a la sociedad, a los niños, a las madres trabajadoras;pero dijo que ojalá los cambios que vienen sean para buscar soluciones y no empeorar la situación de los mexicanos.

Darán presupuesto para guarderías del PT

La bancada del PAN en el Senado exigió al Gobierno federal que no entregue la bolsa de 800 millones para la manutención de las guarderías del Partido del Trabajo y, paralelamente, fustigó el que haya cancelado el Programa de las Estancias Infantiles, que afecta a más de 300 mil niños a nivel nacional.

La parlamentaria Martha Cecilia Márquez adujo que esa bolsa no puede ser otorgada en razón de que hay una averiguación previa por un monto de 100 millones de pesos entregados al PT y que hoy ya han sido desviados. Los senadores del PAN solicitan justicia y transparencia para los niños. [Reforma]

Piden transparencia por recorte a estancias 

La Secretaría del Bienestar deberá entregar a un particular el documento en el cual se decidió cancelar el Programa de Estancias Infantiles y entregar los apoyos de manera directa, resolvió el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI), se dio a conocer el pasado jueves. 

Foto ilustrativa El Debate

El comisionado ponente Joel Salas señaló que la dependencia, en su primera respuesta, le dijo al particular que no cuenta con información al respecto y la declaró inexistente. Sin embargo, consideró Salas, esta respuesta es improcedente debido a que la Secretaría no realizó una búsqueda exhaustiva de la información requerida y, por tanto, no cumplió con lo establecido en la ley de transparencia.

Salas dijo que los cambios al Programa de Estancias Infantiles reflejan la modificación de la política social federal en general, ya que busca hacer transferencias económicas directas a la población y reducir el número de actores involucrados y limitar espacios a la corrupción.

Sin embargo, consideró, también deben tomarse otros factores, como el que toda política pública debe estar basada en evidencia para demostrar su potencial de éxito en la solución de un problema.

Además, que dicha evidencia debe ser pública para efectos de rendición de cuentas, evaluación y aprovechamiento de la inteligencia colectiva. [Agencia Reforma]