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Poder judicial en Sinaloa suspende labores por coronavirus

Las audiencias que tengan que celebrarse serán a puerta cerrada y sin público; determinan las situaciones de urgencia que no deberán parar

Por Francisco Castro

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Sinaloa.- Con la finalidad de evitar las concentraciones de personas para reducir los riesgos de propagación del coronavirus SARS-CoV2 en la entidad, el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa aprobó este jueves la suspensión de labores durante un mes en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial.

El acuerdo de suspensión de labores orientadas a proteger la salud de los operadores judiciales y del público en general abarca el Centro de Convivencia Familiar Supervisada y el Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Familiar. La decisión establece como periodo de suspensión el comprendido del 19 de marzo al 19 de abril.

El documento compartido por el magistrado presidente Enrique Inzunza Cázarez precisa que, como consecuencia de la suspensión descrita, no correrán plazos y términos procesales.

Excepciones en áreas de tipo penal

De la suspensión aprobada por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia quedan exceptuados los órganos jurisdiccionales con competencia en materia penal, incluidos los Juzgados para Adolescentes y los de Ejecución de Penas, para los cuales el acuerdo precisa que permanecerán de guardia y su personal se turnará exclusivamente para la atención de asuntos urgentes.

Sin embargo, quedarán exentas de presentarse físicamente a las guardias quienes estén en especial situación de vulnerabilidad; es decir, personas adultas mayores de 60 años, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, y personas con enfermedades crónicas, tales como hipertensión arterial, diabetes, patologías cardiovasculares y cerebrovasculares, cáncer o con inmunodeficiencias.

En estos casos de vulnerabilidad, será necesario dar aviso a la administración de la sede regional o al titular del órgano jurisdiccional que corresponda.

El funcionamiento

En los órganos jurisdiccionales con competencia en el sistema penal acusatorio y oral, así como en los de justicia para adolescentes, se suspenden los términos procesales distintos a los constitucionales, y deberán reprogramarse las audiencias no urgentes o de trámite a partir del 20 de abril próximo.

Las determinaciones de carácter urgente que resultarán impostergables son la expedición de órdenes de protección, de aprehensión o de cateo; la autorización de técnicas de investigación urgentes que requieran intervención judicial; la calificación de detenciones; la vinculación a proceso, así como la implementación y la modificación de medidas cautelares relacionadas con prisión preventiva.

Incluso, los juicios que actualmente se encuentran celebrándose continuarán hasta su conclusión, con las medidas de prevención sanitaria correspondientes. Y las audiencias que tengan que celebrarse serán a puerta cerrada, sin público (y sin prensa), garantizando el acceso a las partes que intervienen en ellas. En estos casos, Inzunza Cázarez mencionó que aunque en principio así está determinado, posteriormente los jueces harán una ponderación.

Los órganos jurisdiccionales con competencia penal del sistema tradicional considerarán de tramitación urgente las diligencias para recibir detenidos y tomarles declaración preparatoria; y las actuaciones en el periodo de preinstrucción, hasta la resolución que resuelva la situación jurídica del detenido. 

Ejecución de penas

En esta materia, el acuerdo establece que se deberán considerar urgentes las gestiones previas a la inminente compurgación de la pena, los beneficios preliberacionales ya determinados pendientes de ejecución, tales como la libertad preparatoria, anticipada y condicionada; los acuerdos urgentes sobre condiciones de internamiento que versen sobre atención médica por parte del tercer escalón sanitario (hospitalización), segregación y tortura; y planteamientos específicos en torno al COVID-19 por parte de las personas privadas de la libertad, para ordenar a la autoridad administrativa que adopte las medidas que garanticen su revisión y atención médica.

También habrá audiencias en casos que impliquen peligro a la vida o a la integridad de las personas. 

Quedan suspendidos los cursos y las actividades presenciales de capacitación, mientras que las etapas de los concursos de oposición para la selección de jueces, que están en desarrollo, serán reprogramadas.

  • 30 días establecen como plazo para suspender actividades y evitar la concentración de personas en varias áreas del Poder Judicial en Sinaloa y a nivel federal.

Medidas

Se suspende de manera provisional el registro de control de asistencia en el sistema electrónico dactilar del Supremo Tribunal de Justicia y se habilitarán las medidas sanitarias que correspondan, a instrucción de las recomendaciones de las autoridades de salud.

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