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Raquítico presupuesto para menores infractores

SEGURIDAD

Culiacán, Sin.-"Samuel" asaltó un expendió de cerveza hace poco más de un año. Después de estar encerrado por nueve meses, cumpliendo una pena en el Centro de Internamiento Para Adolescentes (Cipa), al egresar fue obligado por el juez especializado a cumplir con las medidas de estudiar y trabajar.

El cumplimiento de estas 'penas', han sido parciales. A siete meses de haber salido libre ha logrado obtener un trabajo en un taller con un "conocido" de la colonia, pero no ha podido estudiar como le fue impuesto. Esto último, de acuerdo a familiares, fue debido a que por diversas razones no se pudo inscribir en el ciclo escolar pasado.

En este tiempo, las visitas de vigilancia para garantizar su cumplimiento no han sido constantes, como lo marca la ley de Justicia para Adolescentes. El personal del área de Supervisión, no alcanza. No da para más. Ya que no ha tenido una visita mensual.

Realidad. "La juventud es el presente y futuro de la sociedad", es una frase habitual en el discurso político de nuestros gobernantes, cuyo contenido queda vacío cuando se coteja con la realidad.

Un ejemplo: es que en dos adquisiciones de camiones y motocicletas de lujo BMW de 4.5 millones de pesos que se hizo a inicios de este año para el aparato de Seguridad del estado, se invierte más que en rescatar a la juventud de un futuro delictivo.

A este futuro, la Secretaría de Seguridad Pública únicamente destina el 1.5 por ciento de su presupuesto general, cifrado en 228 millones de pesos.

Este mínimo porcentaje se destina al Instituto para la Atención Integral del Menor del Estado de Sinaloa (Inaimes), que es el órgano de gobierno que vigila a los menores que cumplen con una pena desde sus hogares.

Lo cierto es que este dinero apenas alcanza para los sueldos de 28 trabajadores, para el pago de gasolina, viáticos, el servicio del agua y la luz. Con la cantidad sobrante, 17 mil pesos mensuales, se atienden las campañas de prevención dirigida a las familias de casi medio millar de menores que son atendidos por el Inaimes.

Estas dificultades son reconocidas por el primer director y fundador del instituto, Francisco Lozoya Hernández y el actual responsable del Inaimes, Cervantes Félix.

Para el funcionario titular de este instituto creado desde 2001, se dice consciente de que los recursos que se destinan son "pobres" para llevar una política pública de prevención en la juventud, si se toma en cuenta lo que se destina para comprar armas y patrullas.

No hay recursos suficientes para fortalecer estos proyectos cuyo objetivo es lograr reinsertar a los jóvenes 'problema' a la sociedad.

Sobrecarga. Con este presupuesto apenas alcanza para pagar siete personas encargadas de monitorear a 468 menores de edad en todo Sinaloa, que cometieron delitos y que deben cumplir obligaciones impuestas por un juez, que dicta medidas desde su escritorio y quien no acude a los domicilios. Este juez desconoce el medio en el que se desenvuelven los jóvenes.

La media aritmética arroja que a cada supervisor le toca atender a un promedio de 69 menores al mes 'regados' en el estado y en los confines de la sierra; esto es más de dos diarios.

A estos supervisores les toca recorrer desde las calles de terracería en las colonias populares, hasta los caminos sinuosos y de poco acceso de las montañas.

Los siete supervisores son los responsables de vigilar que los adolescentes vayan a la escuela, obtengan un empleo y acudan a un programa de desintoxicación, de ser necesario, pero no es así.

Cervantes Félix, actual director del Inaimes, admite que aun cuando hay intenciones de tener supervisores de forma permanente en las tres zonas de Sinaloa, esto no se ha concretado por falta de recursos.

Los supervisores están concentrados en Culiacán, y para realizar el monitoreo tienen que trasladarse a diversas comunidades del estado, estando algunas en puntos distantes, como lo alto de la sierra.

De estos adolescentes, 360 están ubicados en Culiacán o la zona centro; 38 en la zona sur y 70 en la norte de Sinaloa.

El funcionario reconoce que la falta de recursos ha limitado la realización de programas preventivos como la denominada Escuela para Padres, que es un espacio de acercamiento y de orientación con los padres o tutores de menores, con las autoridades.