Economía

Panorama agrícola en el estado

Una perspectiva de la situación actual de esta actividad en Sinaloa y sus principales retos

Por  Andrea del Carmen Montenegro Sánchez

Campo (foto temática).

Campo (foto temática).

En el ambiente nacional e internacional se viven momentos decisivos, de gran importancia, cruciales. Situaciones que vienen a repercutir en la actividad agrícola del estado. Ante este panorama, Gustavo Rojo Plascencia, presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (Caades); José Enrique Rodarte Espinosa de los Monteros, presidente de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán (AARC); y Agustín Espinoza Laguna, coordinador estatal del Congreso Agrario Permanente de Sinaloa (CAP), brindan una visión de los retos que en este momento pasa el campo sinaloense.

Arancel al tomate

El acuerdo de suspensión inicia en 1996 tras la sospecha de dumping por parte de los productores de tomate de México, lo que supuestamente ponía en desventaja a los productores de Florida, de tal modo que a partir de ese año se estuvo renovando cada 5 años y durante los últimos 23 años de conformidad con las Leyes de Comercio Internacional. El 6 de febrero de este año el departamento de comercio de USA avisó sobre la intención de salirse del acuerdo, siendo el día 7 de mayo cuando se anunció que el vecino país impondría un arancel por las importaciones de tomate del 17.5%.

“A pesar de lo anterior, México sigue con las negociaciones con el Departamento de Comercio de Estados Unidos y tiene como fecha límite el 19 de septiembre para dar su determinación final, aun con un fallo en contra la Comisión Internacional de Comercio tiene 45 días que corren a partir del dictamen del Departamento de Comercio para dar su veredicto final o sea, a más tardar el 3 de noviembre se definirá la aplicación de este impuesto por dumping o bien se volverá al libre comercio entre México y Estados Unidos”, señala Gustavo Rojo. La fecha límite para el Departamento de Comercio es el día 21 de julio y para la ITC el día 4 de septiembre.

“Ante la cuota compensatoria del 17.5% que se está cobrando actualmente y los procesos jurídicos descritos anteriormente en curso, los productores están teniendo que trabajar bajo incertidumbre lo que les impide planear con claridad las siembras hortícolas tal como se había venido haciendo en los últimos años, ya que para el mes de julio tienen que tener sus planes de siembra y a partir de agosto y septiembre el desarrollo de sus plántulas, lo que dificulta el desarrollo de esta actividad hortícola”, añade el dirigente de Caades .

“Hasta el momento la propuesta de Comercio tiene los siguientes problemas importantes”, detalla José Enrique Rodarte. La CIDH - CAADES que encabeza Rosario Antonio Beltrán y Mario Haroldo Robles Escalante, junto con los organismos como AMHPAC, Consejo Agrícola de Baja California, Asociación Yaqui-Mayo y Sistema Producto Tomate y los abogados que los representan, solicitaron ante la Corte de Comercio Internacional en Nueva York, una reducción de los plazos para la reactivación de la investigación.

- Impone una inspección en frontera de cada carga de tomates por defectos de calidad y condición sin autoridad legal, lo que podría llevar a retrasos de cruce de frontera de hasta 72 horas.

- Requiere que los productores celebren con sus compradores contratos que les niegan sus derechos conforme a PACA y en violación de a ley de los Estados Unidos.

- Precios de referencia muy altos para los tomates con tallo, los tomates en racimo y los tomates cultivados orgánicamente sin justificación legal para tales aumentos.

“Se enviaron comentarios y alternativas por parte de México a Comercio que incrementan el enforzamiento sin crear un cuello de botella que detenga la venta de tomates mexicanos en Estados Unidos”, sostiene el dirigente de la AARC.

Y afirma Rodarte Espinosa de los Monteros que hay un frente legal, una demanda en contra de las acciones del Departamento de Comercio que está avanzando y tienen esperanza de ganar. “A pesar de que no se nos otorgó una orden judicial, la cuál es muy difícil de obtener conforme a la ley de los Estados Unidos, el tribunal acordó revisar el caso ahora en lugar de esperar hasta que se complete la investigación del Departamento de Comercio”, expresa.

En la demanda se han señalado los siguientes puntos:

- La rescisión del acuerdo de suspensión por parte de Comercio sin justificación legal.

- El inicio de una nueva investigación por parte de Comercio sin justificación legal.

- Comercio está requiriendo depósitos en efectivo por cada cruce de tomates, sin justificación legal.

- Que Comercio este requiriendo nueva información de nuevos productores en menos de la mitad de tiempo de un caso habitual.

- Qué Comercio esté quitando los derechos de los productores investigados originalmente a obtener sus propias tasas antidumping.

- Próximos pasos: estamos evaluando como apelar la denegación de una orden judicial por parte del tribunal y como avanzar el caso lo más rápido posible.

Mientras, actualmente cualquier productor mexicano que está exportando tomate esta pagando de momento el arancel desde el día 7 de mayo.

Por su parte, Agustín Espinoza opina que el gobierno de Estados Unidos debe pensar en los consumidores y no tanto en los productores, porque, si al tomate mexicano se aplica un impuesto arancelario, este elevará su precio, y finalmente, quien sería perjudicado es el consumidor, es decir, el restaurantero y el maquilador de productos derivados del tomate. “Los productores de tomate en Sinaloa seguiremos vendiendo al mercado exterior apegándonos a las disposiciones y criterios de exportación, sin embargo, esperamos que el gobierno de Trump reconsidere su política arancelaria para seguir gozando de un intercambio comercial sano y competitivo”, expone Espinoza Laguna.

Perspectiva gobierno federal

Sobre el trabajo que está realizando la administración de Andrés Manuel López Obrador, Rojo Plascencia argumenta: “Estamos de acuerdo en el diagnóstico que esta administración federal hace sobre el sector agrícola en el sentido de que somos dependientes de las importaciones de granos, principalmente maíz amarillo, oleaginosas, arroz y trigo panificable, ya que solo producimos el 58% del consumo nacional, cuando lo recomendado por la FAO es producir al menos el 75%.

Por otra parte, más de 60% de los productores agrícolas son pequeños productores menores de 5 hectáreas considerados como de autoconsumo y de transición que siembran en condiciones de baja tecnificación, generalmente de temporal, sin acceso a fertilizantes y a semillas mejoradas, por lo que su contribución a la producción nacional es muy baja”.

Con base a lo anterior el objetivo central de SADER es incrementar el grado de autosuficiencia alimentaria nacional apoyando a pequeños productores.

Para lograr este propósito en el PEF 2019 que es el principal instrumento de política pública del Gobierno Federal, programó la implementación de cuatro programas estratégicos que son Producción para el Bienestar, Precios de Garantía, Crédito Ganadero y programa Nacional de Fertilizantes y siete programas sustantivos, donde se orientan a los pequeños productores la mayor parte de los recursos presupuestales de esta dependencia.

“En lo que corresponde a la agricultura comercial, que es la que nosotros ejercemos, entendemos las prioridades del Gobierno Federal, pero también hay que decirlo existe un sentimiento generalizado de preocupación e incertidumbre, ya que estamos recibiendo señales de desestímulo al ser excluidos de la mayor parte de los programas de la SADER, inclusive en el programa de Agricultura por Contrato por primera vez nos restringieron a productores menores de 50 hectáreas”, apunta el líder de la CAADES. Quien además apunta que entre los principales retos para este gobierno federal en el agro se encuentra el de generar una sinergia con el resto de las organizaciones nacionales de productores para que el gobierno considere nuestros puntos de vista al formular las políticas públicas para que estas sean diferenciadas y equilibradas presupuestalmente, de tal manera que se considere la importancia de la capacidad productiva de nuestro sector que conjuntamente con la de los pequeños productores logremos la consecución de los grandes objetivos nacionales, sobre todo mejorar la seguridad alimentaria y reducir las importaciones de granos.

“No estamos en contra de que el gobierno haga los cambios que traiga en sus planes. Lo que si no nos parece correcto es que le pongan un alto a los programas actuales, sin haber puesto un programa que lo vaya a sustituir. Le están poniendo pausa a los programas anteriores, y sobre eso, ahí apenas empiezan a ver que hacer. Deben de traer ya un plan, un programa de como van a sustituir lo anterior con lo nuevo”, destaca José Enrique Rodarte.

“Aún no sabemos en qué parte nos encontramos nosotros en esta llamada Cuarta Transformación. No Creo que incluso ellos sepan hacia donde llevan, o cual es la idea que tienen del campo. La gran mayoría de los productores en Sinaloa en este momento estamos desconcertados”, detalla el coordinador estatal del CAP. Y es que afirma el productor, por un lado están apoyando mucho a los pequeños productores, aquellos que producen el 20 por ciento de la producción nacional, a los agricultores de subsistencia del sur y el sureste del país; “y a los de la agricultura por contrato no se nos está dejando por fuera totalmente de sus políticas, nos dicen que tenemos que esperar, pero hasta cuándo”.

Comercialización del maíz

 

“En este momento estamos en plena trilla de los cultivos de maíz con mucha incertidumbre, ya que a la fecha hemos contratado solamente alrededor de 4 millones de toneladas de las 5.6 millones de toneladas validadas por ASERCA, con una producción esperada de más de 6 millones de toneladas, por lo que queda todavía queda sin contratar aproximadamente 1.5 millones de toneladas”, manifiesta Rojo Plascencia.

Añade que la situación crítica en estos momentos es que están trillando sin la certeza de dónde van a entregar y quién les va a comprar, por lo que insistirán para que se implemente a la brevedad posible el programa de contratación recientemente anunciado por ASERCA para solucionar esta situación, evitando que se vaya lo menos posible al mercado libre.

“Es importante decir que los precios internacionales en la bolsa de Chicago están a niveles aceptables, similares a los del año pasado y son la referencia para el cálculo del precio contratado”, destaca el dirigente de CAADES.

“El problema más fuerte que hay con el maíz ha sido la contratación. No ha sido una situación fácil el llegar a contratar el maíz este año. El precio estaba muy bajo en un principio y se espera que haya un excedente de producción. La producción estimada para este ciclo está arriba de los 6 millones de toneladas”, considera el presidente de la AARC.

Quien explica que lo más que se ha contratado históricamente han sido alrededor de 5 millones de toneladas, que es lo que se pudiera aspirar como máximo histórico. Que deja por fuera de la agricultura por contrato entre un millón y medio hasta dos millones de toneladas, dependiendo de las producciones que se lleguen a dar en total. Que se han estado teniendo muy altos rendimientos de toneladas por hectáreas. De ahí se están agarrando los compradores para tratar de comprar todo por fuera, sin contrato, ‘por la libre’ como se le conoce, a precios que perjudican mucho al productor. El precio de la tonelada por contrato es de alrededor de 4 mil 150 pesos y ‘por la libre’ se ha estado comprando entre 3 mil 200, 3 mil 400 pesos. Se vino este incremento en el precio del maíz. En la zona productora de maíz en Estados Unidos se vinieron unas condiciones climáticas de exceso de lluvias que no les permitió sembrar.

Ahorita estamos esperando a que se empiecen a acercar los productores.

“Lo que si puedo decir es que nunca habíamos llegado a iniciar las trillas sin haber tenido el maíz contratado, esa es una realidad. Se han venido posponiendo las fechas. Ahorita vamos yo estimaría en alrededor del 50 por ciento en avances de trillas. No tenemos todavía contratado todo los maíz. Estamos teniendo producciones muy altas, se están llenando las bodegas muy rápido, y al no tenerlo contratado no podemos sacarlo de las bodegas. Estamos en riesgo de caer en un colapso de tener que cerrar las bodegas por falta de capacidad y todavía con mucha superficie por trillar”, enfatiza José Enrique Rodarte.

“Tenemos en el maíz, el precio internacional anda alrededor de 4 mil 115 pesos la tonelada. Pero de las 6 millones de toneladas que será la producción de maíz en Sinaloa, solamente están contratadas. 4.3 millones. Tenemos un problema para comercializar 1.7 millones de toneladas. Y por otro lado, los industriales están importando 13 millones de toneladas. No podemos vender lo que estamos produciendo en el estado, pero si están importando de Estados Unidos. Además que aquí los industriales quieren pagarle al productor a 3 mil, 3 mil 200 pesos por tonelada. Dónde está la justicia social de la Cuarta Transformación para los productores”, menciona Agustín Espinoza Laguna.

Y expresa el dirigente que proponen al gobierno federal que les ayude a sacar la coyuntura, el problema de la cosecha esta, que ponga recursos para ayudar a la comercialización. “Y que comencemos a trabajar desde hoy para el próximo ciclo, el próximo año. Hay que trabajar con problemas de reconvención productiva, bajar costos de producción, un sistema de almacenamiento del estado. Si de verdad quieren transformar a la agricultura tienen que invertirle mucho en programas para estos temas”, indica el dirigente del CAP.

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