Economía

Preocupa a la IP la reforma para frenar facturas falsas

La iniciativa ya aprobada en lo general plantea equiparar la defraudación fiscal mediante uso o expedición de facturas falsas como delincuencia organizada

Por  Francisco Castro

En México se defrauda al fisco por cerca de 500 mil millones de pesos al año mediante facturas falsas, de acuerdo con la Procuraduría Fiscal de la Federación, adscrita a Hacienda.(Foto: El Debate)

En México se defrauda al fisco por cerca de 500 mil millones de pesos al año mediante facturas falsas, de acuerdo con la Procuraduría Fiscal de la Federación, adscrita a Hacienda. | Foto: El Debate

Culiacán, Sinaloa.- Representantes de la iniciativa privada reconocieron que este sector se encuentra preocupado por los alcances de la reforma con que el Legislativo federal pretende equiparar el uso y la expedición de facturas falsas con el delito de delincuencia organizada, pues consideran que tienen algunos claroscuros o supuestos que podrían criminalizar a los empresarios y ahuyentar la inversión.

La presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Sinaloa, Edna Lizette Fong Payán, y el presidente de Canacintra en Culiacán, Francisco Álvarez Aguilar, se pronunciaron a favor del combate a la corrupción y de seguir cumpliendo con sus obligaciones fiscales, pero consideran que esta propuesta de reforma —aprobada en lo general por el Senado— tiene varios claroscuros que generan incertidumbre en el sector patronal, empresarial e industrial, sobre todo porque cualquier error involuntario en materia fiscal podría ser considerado como probable delito de delincuencia organizada y prisión preventiva de oficio.

El objetivo de la reforma

Se trata de un paquete de reformas aprobadas a inicio de semana que endurecen las penas en contra de las empresas y de las personas que expidan o usen facturas falsas para defraudar al fisco.

Se busca que esta nueva legislación considere el uso de facturas falsas como un delito contra la seguridad nacional y lo relacione con la delincuencia organizada, esto cuando el valor de los comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes supere los 8 millones de pesos, y habrá prisión preventiva. También propone que quien sea hallado culpable por la venta o compra de dichas facturas falsas sea castigado con cárcel de dos a nueve años, no de cinco a ocho, como proponía la iniciativa original.

Esta reforma de ley, que aún debe ser aprobada en lo particular, ha sido calificada por senadores de la oposición (PRI, PAN, PRD y MC) como un instrumento de «terrorismo fiscal» y de «extorsión institucional», pues señalan que criminaliza a contribuyentes que, sin dolo, cometan errores en su declaración fiscal.

Rechazo a la criminalización

Edna Fong reconoció que esta reforma deja vulnerable a la clase empresarial, pues los podría colocar en supuestos que podrían inhibir la actividad económica del estado y de los inversionistas: «Sería muy lamentable que por miedo a los supuestos, que están muy abiertos dentro de esta ley, no se tenga el crecimiento económico que también se pide. Esta ley te está diciendo que, si tienen algo que ver con facturas fantasmas, lo primero es que sin hacer averiguaciones vas a la cárcel. Estos supuestos vulneran a la actividad empresarial».

Fong Payán explicó que actualmente si un empresario le compra a una empresa o a un proveedor que luego sale en la lista negra del SAT (EFOS), es vinculado directamente, pero tiene la oportunidad de aclarar y puede ser sancionado, pero con la nueva reforma irían a la cárcel directamente sin antes una aclaración.

Por su parte, Francisco Álvarez, presidente de Canacintra en Culiacán, dijo estar en contra de esta reforma que podría colocar a los empresarios como parte de la delincuencia organizada, aun cuando se trate de un caso sin dolo, pues no solo podría meterlo a la cárcel, sino también congelarle las cuentas e irse en contra de su familia. «Es un exceso», añadió.

Para senadores de oposición es un exceso

Senadores de oposición han cuestionado los alcances de esta iniciativa de ley que, además de dar mayor poder al SAT, permitiría equiparar la evasión fiscal a través del uso y la expedición de facturas falsas con delincuencia organizada.

Esto porque, para senadores como el panista Julen Rementería, del puerto, esta disposición permitiría al Gobierno federal perseguir a la iniciativa privada, lo que han considerado un exceso y un riesgo.

Cuestionan que, en cambio, los integrantes de la delincuencia organizada, esos que han fustigado y defraudado al país, que venden facturas falsas y quienes prestan servicios de outsoursing toda su vida, quedan exonerados.

El senador Miguel Ángel Mancera, del PRD, pidió acotar en la reforma que solo se persiga a las empresas dedicadas a la fabricación de facturas falsas.

Evasión fiscal

En mayo pasado, la Procuraduría Fiscal de la Federación, adscrita a la Secretaría de Hacienda, confirmó que del 2014 al 2018 el monto de la evasión fiscal por facturas se calculó en dos billones de pesos: 500 mil millones de pesos al año, detalló.