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Buscan a los 43 estudiantes de Ayotzinapa en cuartel militar de Iguala

Se informó a través de un comuncado oficial, los padres de los 43 desparecidos de Ayotzinapa, acudieron a un cuartel militar en busqueda de sus hijos

Por  EFE

Subsecretario de la CoVAJ, Alejandro Encinas junto a los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa(Foto: Reforma)

Subsecretario de la CoVAJ, Alejandro Encinas junto a los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa | Foto: Reforma

México.- Padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la escuela para maestros de Ayotzinapa, en el sur de México, accedieron al cuartel militar del municipio de Iguala "como parte de las acciones emprendidas para el esclarecimiento de los hechos", informó este jueves una fuente oficial. 

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, difundió un boletín que señala que miembros de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa (CoVAJ) hicieron un recorrido de trabajo por el 27 Batallón de Infantería en Iguala, en el estado sureño de Guerrero. 

"Fueron recibidos por funcionarios de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes les facilitaron el acceso a las instalaciones", indicó el comunicado difundido a través de Twitter por el funcionario, quien encabeza la CoVAJ. 

El texto añadió que "el recorrido se realizó a petición de los padres de los normalistas e integrantes de la Comisión, como parte de las acciones emprendidas para el esclarecimiento de los hechos sucedidos entre el 26 y 27 de septiembre del 2014". 

De acuerdo con el comunicado conjunto de las secretarías de Gobernación y de la Defensa Nacional, la visita comprendió la presentación histórica del Batallón y el recorrido por las instalaciones. 

Al término del recorrido, los miembros de la CoVAJ solicitaron que se continúe apoyando con la investigación hasta conocer el paradero de los jóvenes. 

"Las secretarías de Gobernación y de la Defensa Nacional reiteran su compromiso institucional para esclarecer los lamentables hechos ocurridos en Iguala de la Independencia, demostrando plena apertura, transparencia y colaboración para el desarrollo de las investigaciones en cumplimiento al decreto presidencial del 3 de diciembre de 2018", acotó. 

La comisión es un mecanismo creado por decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador que tiene por objeto asistir a los familiares de las víctimas del caso Ayotzinapa a hacer efectivos sus derechos humanos, incluyendo un pleno acceso a la justicia y a la verdad. 

Está formada, del lado gubernamental, por representantes de las secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores y de Hacienda; y del lado de las víctimas por una comisión de padres de los estudiantes desaparecidos y representantes de organizaciones civiles que les acompañan. 

La visita a la sede del 27 Batallón había sido una demanda constante de los familiares de los desaparecidos por las sospechas en torno a la supuesta participación de militares de ese cuartel en la desaparición de los jóvenes. 

De acuerdo con la "verdad histórica" defendida por el Ejecutivo del hoy expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), los estudiantes fueron detenidos por policías municipales corruptos en Iguala y entregados al grupo criminal Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en un basurero del municipio vecino de Cocula. 

Pero el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que estuvo un año investigando el caso, sostuvo la imposibilidad de que los 43 cuerpos fueran quemados en el vertedero, desveló fallas en las pesquisas y sacó a la luz que parte de la versión oficial se basaba en testimonios de detenidos torturados. 

Este miércoles, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que ha presentado 18 denuncias contra 375 personas "por violaciones graves a derechos humanos en el Caso Iguala". 

Precisó que se presentaron 6 denuncias penales contra 235 personas y 12 administrativas contra 140 personas, todas del servicio público de los ámbitos federal y estatal, con base en sus investigaciones del caso. 

Destacan las denuncias contra 119 funcionarios públicos -114 del orden federal y 5 del estatal- por participar en actos de tortura; trato cruel, inhumano o degradante; detención arbitraria y otras violaciones en los casos en que la CNDH acreditó violaciones a derechos humanos a los inculpados en este caso.

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