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Cambios al sistema penal de México traerían violaciones a derechos

Expertas en abogacía y en derechos humanos destacan que el arraigo implementado a todos los delitos facilitaría actos como la tortura

Por  Lorena Caro

Cambios al sistema penal de México traerían violaciones a derechos(Ilustración El Debate)

Cambios al sistema penal de México traerían violaciones a derechos | Ilustración El Debate

México.- Los borradores filtrados sobre las reformas al Sistema de Justicia Penal revelan lo que podría ser un retroceso en materia legislativa y la puerta para la obtención de pruebas ilícitas mediante violaciones a derechos humanos, así como el endurecimiento del aparato de justicia en general.

Lo anterior fue considerado en concordancia por organizaciones a nivel nacional, quienes señalaron para EL DEBATE que la autoridad parece más preocupada en resolver de forma fácil los procedimientos penales que en atender el carente trabajo de investigación por el que atraviesa el sistema de justicia. 

Cabe precisar que dichos cambios forman parte del paquete de nueve reformas impulsadas por el Ejecutivo, mismas que circularon horas antes de su llegada al Senado, causando importantes cuestionamientos y rechazos, incluso provocó que los legisladores pospusieran su presentación oficial hasta el primero de febrero, según informó el presidente de la Cámara de Senadores, Ricardo Monreal. Hasta el momento, el Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, ha asegurado que sus propuestas no representan ningún retroceso. 

Detención en flagrancia 

Estefanía Medina Ruvalcaba, abogada y cofundadora de Tojil, asociación civil de estrategia contra la impunidad, destacó para EL DEBATE que, gracias a litigios y trabajos de investigación, han detectado que el problema en el sistema de justicia penal en México se ha propiciado por la forma en la que hoy operan los ministerios públicos, los policías y hasta los jueces, no por la Constitución y sus leyes: «Nos preocupa muchísimo que la discusión sea un tema legal, cuando el verdadero problema lo tenemos en misterios públicos, que, hay que decirlo, muchas veces son corruptos, no tienen capacitación para hacer su trabajo, están saturados, y no pensemos que eso se va a resolver simple y sencillamente cambiando las leyes», aseguró. 

En entrevista para EL DEBATE, la experta detalló que uno de los supuestos de los cambios va enfocado al artículo 16 constitucional, que establece que el ministerio público será quien se encargue de hacer la calificación de la flagrancia y después llevarlo ante un juez.

Lo más importante —señaló— es que le da la posibilidad de que el ministerio público decida en los casos de flagrancia, que es cuando una persona se detiene justo cuando está cometiendo el delito.

Propone que el ministerio público puede decidir si se queda la persona detenida o le da la libertad, según expuso: «Entonces, nos preocupa que hoy, ya en el código nacional de procedimientos penales, el artículo 140 dice más o menos esa fórmula, que igualmente el ministerio público podrá dejar en libertad a una persona detenida en flagrancia, siempre y cuando no se trate de delitos de prisión oficiosa; lo que ha pasado en la práctica por esa aplicación del artículo 140 es justo la puerta giratoria, porque, qué es lo que ocurre, llega una persona detenida por robo en una tienda, el ministerio público dice “no voy a pedir la medida cautelar de prisión”, y muchas veces, como tiene la posibilidad, dejarlo en libertad en ese momento. Lo que hace es que se presta para muchas corruptelas», abundó. 

Asimismo, enfatizó que, a cambio de una cantidad de dinero, se deja en libertad a la persona, y lo peor del asunto es que nunca se le vuelve a dar seguimiento a ese procedimiento. Lo que ocurre con la reforma propuesta es que se pretende llevar esa misma figura a la Constitución, «y eso sería gravísimo, porque va a incrementar o va a incentivar esta puerta giratoria, principalmente de las personas que son detenidas en flagrancia», alertó. 

Arraigos 

Otro de los riesgos importantes que consideró sobre el tema del arraigo es que actualmente es permitido solo para casos de delincuencia organizada, y la reforma lo que propone es ampliarlo para todo tipo de delitos.

Lo anterior —enfatizó Medina Ruvalcaba— es preocupante por el hecho de que puede encarcelar sin evidencia, fomentando la impunidad: «Al final, tendremos fiscales mucho más preocupados de tener a la gente arraigada, fuera de su domicilio, para ver qué se les encuentra, en lugar de generar investigación mucho más efectiva y sí encontrar a los verdaderos responsables», sostuvo. 

La cofundadora de Tojil, asociación civil de estrategia contra la impunidad, manifestó que la propuesta que se tiene como fecha de presentación oficial el primero de febrero ante el Senado para darle seguimiento también pretende quitar la figura de vinculación a proceso. Cuando una persona es detenida o se le lleva ante un juez, existe la figura de vinculación a proceso, en donde un juez tiene que revisar si el ministerio público dice y tiene evidencias de que, efectivamente, pudo haber existido un delito y que la persona que se está señalando lo pudo haber cometido. Ahí, el juez se encarga de revisar estos puntos y decir si hay elementos o no para que una persona siga un proceso. 

«Qué pasa en la propuesta. Deciden quitar esa figura de vinculación a proceso, y lo que se genera es que nuevamente tenemos a fiscales que ya solamente se van a preocupar por estar solicitando medidas cautelares, ya sea de prisión o alguna otra, en lugar de estar construyendo evidencias, porque un juez les va a revisar esas evidencias para decidir si se va a no a un procedimiento. Nuevamente, ahí nos preocupa que es darle manga ancha a un procedimiento público, para que no investigue correctamente o sea más omiso, cuando el problema en el país es de investigación», lamentó. 

Verónica Berber, de la asociación civil Litigio Estratégico en Derechos Humanos, expuso en entrevista que si bien se ha señalado que los borradores de las reformas fueron filtrados, tampoco ninguna autoridad ha salido a desmentir que sí sean las intenciones de Gobierno federal. Aunque dijo que esto podría parecer de primer momento bueno, por los altos niveles de delincuencia e impunidad y de violencia que se tienen en el país, serían los derechos humanos los más afectados. 

Expuso para EL DEBATE que se ha demostrado con anterioridad que el arraigo ha sido utilizado o es utilizado para obtener información de manera ilícita por parte de las autoridades a través de la tortura, las intimidaciones, donde se tiene todo el tiempo para cuadrar una acusación y que no necesariamente sea real. 

La también docente certificada por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal destacó que el estudio de la organización de México Evalúa, presentado en 2019, señaló que, de los 4 mil arraigos presentados en el sexenio de Felipe Calderón, que es cuando se tuvo un alza en ese índice, únicamente en 120 casos se ejerció acción penal: «Eso significa la inefectividad que tienen estas acciones a partir del arraigo y que, por el contrario, abre la puerta a las violaciones de derechos humanos de cualquier persona», manifestó. 

Pruebas ilícitas

Otra de las situaciones que encontraron en afectación a los procesos y los derechos humanos dijo que es sobre la obtención de pruebas. Explicó que hoy las pruebas obtenidas mediante la violación de derechos fundamentales son nulas y está marcado en el artículo 20, apartado A, de la Constitución; sin embargo, destacó que con la propuesta lo que se pretende es que las pruebas obtenidas de manera ilícita puedan ser tomadas a consideración en juicio, también las obtenidas ilícitamente por la autoridad. 

Berber opinó que hay temas inquietantes que rodean los problemas en el Sistema de Justicia Penal; no obstante, hizo hincapié en que durante mucho tiempo distintas organizaciones y expertos discutieron sobre el perfil idóneo que debía tener el fiscal general, una vez que entrar a la fiscalía autónoma, donde se imaginaba o se necesitaba a una persona con una intención de reformar a las procuradurías y que de verdad quisiera que el sistema de justicia acusatorio avanzara.

«Qué es lo que pasa, que hubo mucha renuncia, tanto de operadores de sistema de justicia, como por operadores que encabezan las fiscalías para llevar a cabo a seguir avanzando el sistema de justicia penal acusatorio. ¿Por qué? Porque ya se tenían prácticas sumamente arraigadas de opacidad en la actuación y demasiado arbitrarias que al final no tenían consecuencias o no redundaban en algún prejuicio y estaban acostumbrados a trabajar de cierta manera.

Mencionó que con el sistema de justicia penal acusatorio lo que se estaba implementando es justamente publicitar la actuación de los ministerios públicos, incluso de los propios policías y de los propios jueces al momento de juzgar a una persona. «Claro, yendo por delante los derechos humanos, que en algunas ocasiones sienten las autoridades arbitrarias que les estorban los derechos humanos», reiteró.

  • El arraigo en México está aprobado para aquellos ciudadanos que cometan delitos de delincuencia organizada. Las organizaciones han declarado que, incluso en ese punto, no debería aplicarse por violar derechos humanos.
  • Hubo mucha renuncia, tanto de operadores del sistema de justicia, como por operadores que encabezan las fiscalías, para llevar a cabo a seguir avanzando el sistema de justicia penal acusatorio: Verónica Berber, Abogada
  • Al final, tendremos fiscales muchos más preocupados de tener a la gente arraigada, fuera de su domicilio, para ver qué se les encuentra, en lugar de generar investigación mucho más efectiva y sí encontrar a los verdaderos responsables: Estefanía Medina Ruvalcaba, Abogada

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