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En México cada día asesinan a tres menores y desaparecen a cuatro

La Red por los Derechos de la Infancia en México señala que 27 millones de niños, niñas y adolescentes sufren castigo corporal como método educativo en el país

Por  Lorena Caro

En México cada día asesinan a tres menores y desaparecen a cuatro(Foto: El Debate)

En México cada día asesinan a tres menores y desaparecen a cuatro | Foto: El Debate

México.- Con cerca de 37 mil homicidios dolosos en el país, el 2019 se ha convertido en el año más violento para la historia de México; pero asegurar que lo ha sido particularmente para el caso de niños, niñas y adolescentes, todavía es algo complicado, consideró Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, una coalición de 73 organizaciones de la sociedad civil mexicana que desarrolla programas a favor de los menores mexicanos en situaciones de vulnerabilidad.

En entrevista para EL DEBATE, Pérez García indicó que, bajo el análisis de las estadísticas del Secretariado Ejecutivo, sí se muestra una tendencia creciente en afectación a los menores. Tienen contabilizado, hasta el 30 de septiembre, 796 homicidios dolosos de niños, niñas y adolescentes, que da una estadística de 3.3 niños asesinados cada día: «Esto está en correlación, que no ha bajado o no ha subido, sino se ha mantenido desde el 2015, que tuvimos otro pico de incremento. Es obvio que todo lo que ocurre en este país afecta a niños, niñas y adolescentes, que representan el 31 por ciento de la población, casi 40 millones de niños, niñas y adolescentes», indicó. 

«El Estado mexicano no ha cumplido con su responsabilidad de mostrar que niñas y niños son ciudadanos en pleno derecho y que no pueden ser maltratados» Juan Martín Pérez, Director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México

Actos de violencia 

Particularmente, señaló que preocupa la violencia armada generalizada, que —consideró— ha tenido, por un lado, los homicidios dolosos de los menores, pero también una epidemia de desaparición, y particularmente de niños, niñas y adolescentes.

Desde la Ciudad de México, el representante de la Red por los Derechos de la Infancia en México explicó que cada día están desapareciendo cuatro menores en total impunidad, y también se ha hecho muy evidente y ha sido muy reconocido por el Estado mexicano el reclutamiento forzado de adolescentes y personas jóvenes a manos de grupos criminales. 

El panorama es desalentador de igual forma cuando se trata de la inseguridad y la violencia que los menores sufren en sus hogares. Juan Martín Pérez García explicó que este tipo de actos se quieren justificar bajo la creencia de tres «principios»: el primero, que son propiedad de las familias; el segundo, que son objeto de protección; y, el tercero, que se vale educar con violencia para su bien; es decir, con fines disciplinarios: «Estas lecciones, que son viejas, es decir, desde hace siglos, siguen permeando aún en nuestro país, porque el Estado mexicano no ha cumplido con su responsabilidad de mostrar que niñas y niños son ciudadanos en pleno derecho y que no pueden ser maltratados», expuso.

Añadió que es obligación del Estado garantizar los derechos, en ayuda y acompañamiento de las familias, pero no puede abandonar a los niños solo a lo que las familias puedan aportar. En estadísticas, dijo que el 63 por ciento de niños, niñas y adolescentes en México recibe golpes como elementos de educación, lo que representa casi a 27 millones de menores.

Daño emocional 

Para el también psicólogo por la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Zaragoza de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), esto tiene un impacto muy negativo en la vida de los infantes por la forma en la que van incorporando su personalidad, y se les deja el mensaje de que la violencia es una manera de resolver problemas.

«Y eso tiene asidero, espacio y cabida en un país que está en guerra, donde la violencia militar que está en todas las calles se ve reflejada en la violencia doméstica, que coinciden tanto la violencia armada como la doméstica en impunidad», aseguró.

En este sentido, detalló que cada cien carpetas de investigación donde los menores son víctimas de un hecho delictivo, no solo homicidio, solo tres carpetas alcanzan algún tipo de sentencia o de proceso de investigación, lo que refleja que hay un 97 por ciento de impunidad, y esto se convierte en el mejor estímulo para que se sigan cometiendo delitos contra ellos, según consideró. 

Aunque explicó que está establecido en los códigos civiles del país que cuando los servicios de salud identifican el síndrome del niño maltratado o lesiones que ponen el peligro de la vida del niño, tienen que ser reportados al Ministerio Público para iniciar una carpeta de investigación; en realidad eso casi no sucede, y no hay datos disponibles para saber que se está protegiendo a niños y niñas de forma protocolar: «Pensando que el protocolo es un método de respuesta homogéneo y no importa si es en Chihuahua o Chiapas, tendría que ser igual, y este tipo de protocolo no lo conocemos que exista», lamentó.

En noviembre del presente año, en Sinaloa, el pequeño José Guillermo, de 6 años, fue asesinado a golpes proporcionados de manera intencional. Los hechos ocurrieron en Capistrano, Culiacán.

El menor, a quien la ciudadanía le llamaba Memito, fue internado en el Hospital Pediátrico de la capital el 2 de noviembre. El día 15 del mismo mes, finalmente los elementos de la Policía de Investigación del estado notificaron su fallecimiento por causas médicas descritas como lesiones derivadas por un traumatismo craneoencefálico.

El 22 de noviembre se giró una orden de aprehensión en contra del papá del padrastro del niño Guillermo, Saturnino O., a quien la autoridad calificó como el presunto responsable del asesinato.

«Era un niño tranquilo, un niño bueno, y no merecía ser asesinado a golpes», lamentó un familiar entrevistado por este medio de comunicación, quien además exigió justicia por parte de la autoridad correspondiente. 

Impunidad 

Cuestionado sobre el papel este 2019 del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), así como la aplicación que se le dio a la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, el director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Juan Martín Pérez García, consideró que para lograr un efecto en la violencia se tiene que trabajar con el aparato de justicia y particularmente colocar las acciones centralizadas en las víctimas.

Señaló que el trabajo de las instituciones para finalizar el año y continuar el 2020 es que no solo se reconozca la grave situación que están viviendo niñas, niños, adolescentes y mujeres adolescentes en el contexto de violencia armada, sino que también se reconozca el impacto negativo de la militarización en el país, así como el que se brinde la atención a la desigualdad económica: «Seguimos siendo un país profundamente desigual, y el dinero se concentra en unas pocas manos, y la gran mayoría de la población, entre ellos las niñas, niños y adolescentes, son afectados, y se convierte en un factor que afecta su proyecto de vida, pero sobre todo los vulnera para enfrentarse a otros grupos de poder, como el crimen organizado».

A finales de noviembre del presente año, Unicef hizo un llamado a los Gobiernos para acelerar el cumplimiento de leyes que protejan a la niñez y la adolescencia en América Latina y el Caribe, en el marco de los treinta años de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Para enfrentar las deudas pendientes con la niñez, entre otras medidas, recomendó proteger a niñas, niños y adolescentes contra toda forma de violencia, prohibiendo la imposición de castigos corporales, facultándoles para realizar denuncias por sí mismos e incorporándoles como destinatarios de las leyes contra la violencia familiar y de género.

Además, recomendó garantizar el derecho a la protección contra la violencia sexual, estableciendo la edad mínima para el consentimiento sexual, asegurando un enfoque diferenciado sobre niñez y adolescencia en las leyes contra la trata de personas y tipificar el grooming, que es el contacto con fines sexuales en línea; así como la sextorsión, es decir, la forma de explotación sexual en la cual una persona es chantajeada, generalmente por aplicaciones de mensajería, con una imagen o video de sí mismos desnudos o realizando actos sexuales, entre otras.

Avance Legal

En 2019, 31 Códigos Civiles locales prohibieron de forma absoluta el matrimonio antes de los 18 años. Solo el estado de Baja California aún conserva en sus leyes estatales excepciones y dispensas.

Castigo corporal 

En México, la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, promulgada en 2014, marcó un hito en materia de sus derechos humanos; sin embargo, no prohibía explícitamente el castigo corporal.

Por tal motivo, el pasado 26 de noviembre, el Senado de México aprobó el dictamen que reforma dicha ley para prohibir el castigo corporal como método correctivo o disciplinario. Un avance legislativo que se atribuyó el Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes al destacar que fue un trabajo impulsado desde su creación.

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