Estados

En México no hay justicia para las mujeres indígenas: Activista

Para Fátima Gamboa, defensora de derechos de la mujer indígena, el país requiere transformar las instituciones, las leyes y las políticas públicas para dar acceso a la justicia a todas las mujeres

Por  María Sánchez

En México no hay justicia para las mujeres indígenas: Activista(Foto: El Debate)

En México no hay justicia para las mujeres indígenas: Activista | Foto: El Debate

Sinaloa.- La discriminación racista y las costumbres patriarcales son las principales causas de opresión hacia las mujeres indígenas en México. Fátima Gamboa, integrante de la organización feminista Equis: Justicia para las Mujeres, explica que esta institución desde el 2011 busca incidir en el ámbito nacional e internacional para otorgar a todas las mujeres un acceso a la justicia sin distinción de género, raza, etnia, clase, estatus migratorio u otras características que pudieran ser causa de discriminación.

La activista expuso a este medio las principales dificultades existentes en nuestro país para otorgar a las mujeres de los pueblos originarios equidad en materia de derecho. 

¿Cómo es la situación de las mujeres indígenas en este país?

Las mujeres indígenas son un grupo del que se dice mucho, del que se menciona mucho, pero del que nada se hace; es un grupo que en la política pública del estado no está contemplado, está invisibilizado y excluido. No hay justicia para las mujeres indígenas, y de alguna forma estamos atrapadas como entre dos sistemas: entre la discriminación racista y la discriminación patriarcal. 

¿Hay estadísticas que midan la discriminación y la manera en que las mujeres indígenas acceden a la justicia?

Sí, desde nuestra organización de Equis justicia, y en conjunto con otras organizaciones en pro de la mujeres indígenas recabamos algunos datos relevantes que sometimos ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) en el informe sombra sobre acceso a la justicia para las mujeres indígenas en México. En nuestro país hay varios problemas en cuanto a la obtención de datos estadísticos para mujeres indígenas.

El primer problema tiene que ver con el diseño de las encuestas, en donde desde el momento de hacer el diseño de estas, no se incorporan las variables que el tratado del CERD recomienda, que son: lengua, color de piel, auto-adscripción de las personas como indígenas y como afrodescendientes.

La mayoría de las encuestas no incorporan ninguno de los tres criterios; hay algunos que incorporan dos y algunos que incorporan uno. Ahora también en el diseño y en la forma en cómo se va a levantar la encuesta hay problemas.

Por ejemplo, en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh), que es la encuesta que mide la violencia en los hogares y es muy importante para el tema de los derechos en las mujeres, al levantarse datos, si la mujer indígena a la que se le hace la encuesta es monolingüe, automáticamente la encuesta se le suspende; es decir, la persona que levanta la encuesta no le va tomar el testimonio, no se va a cuantificar a esta mujer porque habla únicamente su lengua indígena, lo cual nos parece discriminatorio, porque esa experiencia deja de estar en la recabación de datos, que sirve para analizar y formular política pública culturalmente adecuada. 

Pedimos, y esto se ha venido diciendo mucho desde el movimiento de mujeres indígenas en México, que es importante que encuestadores como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), a la hora de diseñar sus instrumentos, incorporen a mujeres indígenas y organizaciones, que trabajen en el tema para asegurar esta idoneidad cultural, y que las mismas mujeres indígenas puedan participar en el levantamiento de las encuestas, qué mejor que te hagan la encuesta en tu idioma.

Que se tomen en cuenta en el diseño, en la ejecución, en el levantamiento de la información, y en el mismo análisis de la información. La idoneidad cultural únicamente se va a lograr si se hace partícipe a las mujeres y a las comunidades indígenas en todo. 

¿Por qué es complejo el tema de acceso a la justicia para las mujeres indígenas? 

Cuando hablamos de acceso a la justicia de las mujeres indígenas no estamos hablando únicamente a los accesos de justicia estatal, sino que aquí hay una doble dimensión de la justicia, y tiene que ver con esa justicia que se imparte en las comunidades por las autoridades comunitarias, por las autoridades indígenas. Estas dos justicias deben de funcionar y deben operar adecuadamente. 

¿Qué otros motivos hay para atender la justicia comunitaria? 

Para garantizar que se van a respetar los derechos de las mujeres a la hora de resolver conflictos. Hemos detectado que la justicia comunitaria no tiene el reconocimiento ni el valor que se merece por parte del estado, a las autoridades comunitarias dentro de los estados no se les posibilita como una justicia, no se les capacita, no se les dota de herramientas para que puedan cumplir con sus funciones.

En Yucatán, por ejemplo, te dicen que ni siquiera tienen policías, que no tienen macanas; te dicen que no tienen ningún tipo de capacitación, y eso les genera mucha incertidumbre, sobre todo porque hay autoridades estatales que todo el tiempo les están diciendo que a ellos no les toca resolver conflictos, mucho menos cuando se trata de violencia contra las mujeres, se excluye a esta autoridad, no la toman en cuenta para presupuestos, para capacitación. 

Se dice que la justicia comunitaria es discriminatoria para las mujeres indígenas, ¿tiene algo de cierto?

Eso no es preciso, hay una práctica del estado de decirle a la justicia comunitaria que no les corresponde resolver casos de violencia, es una práctica que está influyendo en que no se dé respuesta, y además hay ciertas legislaciones tanto locales como nacionales que están estereotipando a la justicia comunitaria de ser violadora de los derechos de las mujeres, como si se hubiera dado por sentado que la justicia comunitaria indígena va a violar los derechos de las mujeres, cuando la justicia estatal ya lo hace todo el tiempo. 

¿Cómo se puede mejorar esa situación? 

Los sistemas de justicia indígena se deben reforzar, se tiene que reconocer cómo operan los juzgados indígenas, su importancia, las policías comunitarias y otras formas, sobre cómo se estén resolviendo los conflictos en una comunidad.

Hay que comenzar a desarrollar estos mecanismos, de armonización y de coordinación entre ambas justicias (estatal e indígena), no se pueden ver como justicias separadas, son una misma justicia, que trabaja como en dos dinámicas o dos dimensiones; deberían haber juzgados mucho más mixtos, tienen que hablar en la justicia y establecerse.

En términos horizontales, no hay una buena práctica a la que yo me pueda referir. Hay un estado que no ha reconocido su importancia y su aportación y que, por lo tanto, no ha generado ninguna condición para que esta justicia funcione para las mujeres. 

¿Se les garantiza el acceso a la justicia estatal a los pueblos indígenas? 

Hay deficiencias. Por ejemplo, no se está garantizando el derecho al intérprete, el derecho a la defensa y al debido proceso. Los defensores públicos bilingües son 25 de los últimos datos que nos dieron, 25 defensores públicos bilingües para todo el país, y básicamente el número de intérpretes es muy poco, solamente hay 1649 intérpretes acreditados por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas para más de seis millones de pueblos indígenas, no están en todas las lenguas, hay lenguas indígenas donde no hay intérpretes. 

¿Podrías explicar esto más a fondo?

A los pueblos indígenas no les están hablando, no les están diciendo nada, no hay ningún mecanismo de promoción de difusión de sus derechos. Carecen de traductores e intérpretes, lo que dificulta la transparencia.

Si no hay transparencia judicial, difícilmente vamos a poder conocer datos o detectar casos y poder cambiar las prácticas de discriminación hacia mujeres y pueblos indígenas.

¿De qué otra forma se afecta el acceso a la justicia de las mujeres en los pueblos indígenas? 

En cuanto a la criminalización de los pueblos indígenas, uno de los temas es cómo está operando la prisión preventiva oficiosa para las mujeres indígenas; hay muchas mujeres indígenas en prisión preventiva. También hay un impacto desproporcionado de la política de drogas, que si bien ya se dio por terminada, una declaración no basta para que se dé terminada la política de lucha antidrogas. También nos preocupa que está ahorita la Guardia Nacional haciendo funciones de seguridad pública y militar.

Esto de la militarización es grave porque, por ejemplo, la Guardia Nacional en su artículo 9, fracción 35, tiene la facultad de inspeccionar documentos migratorios de personas extranjeras. Esta facultad totalmente discrecional de inspeccionar a las personas y de preguntarles sobre asuntos migratorios sin ningún tipo de candado y ningún tipo de criterio, y aunque hay arbitrariedad, se detiene solamente a gente con ciertos perfiles raciales.

Además, ni el Ejército ni la Marina registran las detenciones que realizan cuando está haciendo labores de seguridad pública, por lo que no se generan datos de a quién se está arrestando de forma arbitraria, es como un cheque en blanco que se le da a la Marina para que haga lo que quiera. 

¿Qué más preocupa en la frontera sur?

Como seguramente sabes, la Guardia Nacional se ha desplegado sobre todo en la frontera sur, en estados que son predominantemente indígenas (Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo), donde se pueden provocar mayores violaciones a los derechos, mayores detenciones, sobre todo frente a la organización de varios movimientos de pueblos indígenas frente a los proyectos de desarrollo del Tren Maya y el corredor del Istmo de Tehuantepec, generando criminalización de la protesta. 

¿Se ha respetado el derecho a la consulta en la frontera sur?

Han estado haciendo ciertos foros, que no son consulta, donde se está convocando únicamente a autoridades agrarias y a personas que tienen títulos agrarios, y no necesariamente el campesino o el que ostenta título agrario es indígena. Además, no se está convocando en estos foros a las mujeres.

Únicamente están consultando a autoridades en pueblos, indígenas, las autoridades principales no siempre tienen la representación indígena, y la autoridad indígena no siempre tiene la representación del pueblo para que se pueda definir quién es la autoridad que va a representar en los procesos de negociación y representar a la comunidad indígena frente al estado.

Lo que hay que hacer es utilizar el sistema de asamblea comunitaria, ahí tienen que participar hombres, mujeres, personas de la tercera edad, toda la comunidad ahí definen quién es la autoridad legítima, representativa.

Tanto en este aspecto, como en los demás antes comentados, es necesario asegurar y garantizar la participación plena de las mujeres.

Rezago en derechos para la población indígena en México

Durante la intervención de la delegación mexicana en la sustentación del XVIII – XXI Informe Periódico  de México, la Instrumentación de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CERD), llevado el 8 y nueve de agosto del 2019, se informó sobre los avances realizados ante los temas de preocupación e interés expuestos por la Convención y las organizaciones de la sociedad civil, en torno a la omisión paternalista del estado hacia poblaciones discriminadas por etnia y raza, aunada a las problemas de las mujeres. Ante ello, prometieron participación plena de los pueblos indígenas y de las comunidades afrodescendientes, una absoluta coordinación interinstitucional entre órdenes de Gobierno y poderes, así como de la disponibilidad de recursos humanos y financieros suficientes para atender los rezagos.

El Gobierno mexicano admitió que tiene que tomar medidas para atender temas, como eliminar la opacidad judicial, fortalecer las Unidades de Género y los Centros de Justicia para las Mujeres, temas que Equis ha gestionado colocar dentro de la agenda política. Estas declaraciones tienen que ser traducidas en acciones concretas con resultados en las vidas de todas las mujeres.

Dimensiones 

El informe sombra acceso a la justicia para las mujeres indígenas Considera cuatro dimensiones para atender y subsanar la justicia para las mujeres indígenas.

Acceso a la justicia

Derecho ejercido a través de la libre determinación y a la autonomía. Las mujeres indígenas deben elegir la justicia que responde mejor a sus necesidades para la solución de sus conflictos, ya sea la justicia indígena o la justicia estatal.

Atender las causas de criminalización 

Al menos tres políticas punitivas en México están contribuyendo a exacerbar la discriminación racial y sexista que viven las mujeres indígenas: la prisión preventiva (oficiosa), la política prohibicionista de drogas y la militarización de la seguridad pública.

Garantizar el derecho a la consulta 

Este derecho está siendo violado de manera reiterada en el país, especialmente cuando están de por medio la realización de megaproyectos (extractivos, energéticos, turísticos, inmobiliarios, de agricultura).

Mejorar la obtención de datos sobre justicia y discriminación racial 

La información que produce y publica el Estado mexicano sigue siendo insuficiente para cumplir con el propósito de eliminar la discriminación racial en el acceso
a la justicia para las mujeres indígenas.

El perfil

Nombre: Fátima Leonor Gamboa Estrella

Edad: 34 años

Profesión: Activista

Trayectoria: mujer maya y lesbiana; estudiando maestría en Derechos Humanos; escritora, conferencista y tallerista en temas de género y derecho Indígena. Experta en derechos de los pueblos indígenas y cooperación internacional, Coordinadora del área legal en Equis Justicia para las mujeres y fundadora del colectivo Ma'alob Kuxtal. Ha diseñado e implementado varios proyectos de intervención en comunidades y de investigación en temas relacionados a la impartición de justicia con perspectiva de género, transparencia judicial y justicia comunitaria.