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Mujeres migrantes, blanco de la violencia de género en México

El Instituto para las Mujeres en la Migración hace un llamado a reorientar la política incluyente en el país y de respeto a los derechos humanos

Por Lorena Caro

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En medio de la situación migratoria que atraviesa México, la violencia sexual y la discriminación que existe en la región contra el género femenino se acentúa como un fenómeno creciente en agravio a las mujeres migrantes, «porque, sin documentos, no existen», así lo señaló Berenice Valdez Rivera, coordinadora de Políticas Públicas del Instituto para las Mujeres en la Migración AC (Imumi), en entrevista para EL DEBATE. 

Desde la Ciudad de México, explicó que violentarlas y agredirlas tiene menos costos para los perpetradores, en comparación del castigo que pudieran tener al dañar a una mujer mexicana. Pero no solo eso: Berenice Valdez Rivera indicó que las mujeres migrantes que buscan llegar hasta Estados Unidos se encuentran en México sin oportunidades de trabajo con la responsabilidad de sus hijos, en lugares poco adecuados y con el temor de ser deportadas a sus países.

Lamentó que incluso la capacidad institucional o del Gobierno para atender sus solicitudes sea nula en los cuatro puntos del país donde se encuentra la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados: Chiapas, Tabasco, Veracruz y Ciudad de México.

Ante este panorama, la experta en temas de derechos humanos, género, asilo, trata de personas y negociación señaló que se está generando que incluso muchas de las mujeres migrantes y sus menores ya se encuentren en condiciones de indigencia en algunos estados o han tenido que regresar a sus países, donde la violencia continúa: «Es una manera violenta y maquiavélica de forzar a la gente a quedarse en un lugar donde ellas y sus hijos corren peligro», indicó. 

Evolución de las cifras

El Instituto para las Mujeres en la Migración, en conjunto con la asociación Sin Fronteras IAP, así como con el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano y la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, publicaron el informe «Los costos humanos del acuerdo entre México y Estados Unidos», esto derivado del pacto de migración que firmaron, hace un par de semanas, ambos países, luego de que Estados Unidos, con Donald Trump en su mandato, condicionara la detención de flujo migratorio desde México por cuestiones económicas, como el incremento de aranceles. 

En el informe destacan que se han registrado 100 mil 861 eventos de detención de enero a junio del 2019, donde la mayoría terminó en una deportación, sin acceso efectivo al asilo.

Asimismo, destaca que, en los primeros seis meses del año, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados ha recibido 30 mil solicitudes de asilo, tres veces más que en el mismo periodo del 2018. Además, estima a la fecha 20 mil personas varadas en la frontera norte sin acceso al asilo y en condiciones de vulnerabilidad, sin trabajo ni cobertura de sus necesidades básicas. 

Las organizaciones señalaron que los estados con el mayor número de detenciones son Chiapas, Veracruz y Tabasco, de acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación. Tan solo en junio de este año se registraron 23 mil 917 eventos de detención, 150 por ciento más en comparación con junio del 2018, principalmente de personas provenientes de Honduras, El Salvador y Guatemala.

México, ¿tercer país seguro?

Berenice Valdez Rivera, coordinadora de Políticas Públicas del Imumi, lamentó que exista mucho desconocimiento sobre la migración que se vive actualmente, y, en ese contexto, manifestó que México no es un tercer país seguro, pero reconoció que sí está siendo un país que está violentando el marco legal, porque está recibiendo a los que solicitaron asilo en Estados Unidos.

Ser el tercer país seguro significaría que todas las personas que solicitan asilo en Estados Unidos usen a México como ventanilla de todas las nacionalidades, «y eso es lo que no queremos, eso es lo que queremos parar y eso es lo que queremos llevar con la opinión pública y el Gobierno», indicó. 

Por el contrario, reafirmó que México sí puede ser un país incluyente, dado que tiene la capacidad de recibir migrantes, pero si se hace coordinadamente. Explicó que México no tiene el uno por ciento de población extranjera, mientras que España y Francia tienen el 10 por ciento y el 8 por ciento, siendo zonas mucho más pequeñas. También mencionó el contexto que viven actualmente Colombia y Ecuador, quienes han recibido un millón de refugiados y no han generado ni caos ni un deceso económico ni una recesión, como se señala en mensajes, que —dijo— lo único que generan son xenofobia y racismo: «Estamos en un momento decisivo para el país. O nos consolidamos como una ventanilla y quien hace el trabajo sucio y quien asume los costos humanos de estas restricciones migratorias para la movilidad y solicitantes de asilo con México, o reorientamos esto y seguimos con lo que nos había prometido Andrés Manuel en su campaña, de ser un país de política abierta, de inclusión, donde incluir a migrantes representaba una riqueza también para México y la población mexicana».

En términos de derechos humanos, la experta por la Universidad Iberoamericana indicó que se han hecho dos cosas, pero con falta de coherencia: por un lado, se ha trabajado en términos discursivos; por otro, en términos prácticos.

En términos discursivos —señaló—, que se ha seguido la línea del Gobierno anterior, refiriendo y reiterando los acuerdos y los convenios que México ha firmado. «Sin embargo, en términos prácticos estamos viendo que los derechos humanos los está supeditando a las presiones del Gobierno de Estados Unidos y a las prioridades económicas, más que hacer un balance entre las prioridades económicas y los efectos en los derechos humanos de la población».

De hecho, hasta el 12 de julio han sido devueltas 19 mil 911 personas solicitantes de asilo en EUA, y para finales del año la cifra alcanzaría 60 000 personas, de acuerdo con el documento de las organizaciones. 

Valdez Rivera explicó que el pacto mundial de migración promovido por México en las Naciones Unidas no se está implementando y mucho menos tomando en cuenta que la detención migratoria es un último recurso y que no debería haber niños, niñas y adolescentes detenidos en estaciones migratorias.

Sin embargo, destacó que se vayan a destinar 70 millones de pesos de la cooperación internacional para fortalecer las estaciones migratorias, principalmente las del sur, según lo anunciado por la autoridad, lo cual —argumentó— va en contra de los derechos humanos: «En la práctica, las presiones estadounidenses han generado un retroceso y unas violaciones en derechos humanos lamentable en estos primeros meses de Gobierno», reiteró.

Altercados Migrantes y Guardia Nacional

El pasado 23 de julio, encargados la Casa del Migrante de Saltillo, donde se da hospedaje y comida a personas indocumentadas, acusaron en redes sociales que agentes de la Guardia Nacional (GN) o del Ejército mexicano, con insignias en sus uniformes de la GN, apoyados por policías de Saltillo, habían hecho una inspección migratoria en franca violación a la Ley de Migración, que obliga a la Policía a mantenerse alejada de estos lugares exclusivos para migrantes.

Sin embargo, la Comisión de Seguridad y Protección Ciudadana municipal aclaró que la Policía no efectuó ninguna supervisión de carácter migratorio en el sitio, puesto que la presencia policial cerca del lugar se debió al operativo BOM (Base de Operaciones Mixtas), donde intervienen autoridades federales, estatales y municipales, para atender un reporte sobre personas que, al parecer, se estaban drogando en las cercanías a las vías del tren que se encuentran en el lugar. «Fue un operativo (policial) derivado de una denuncia ciudadana donde se avisó que seis personas, supuestamente, se estaban drogando por las vías del tren», refirió la Comisión en un boletín de prensa donde refutó cualquier presunto abuso de autoridad. (El Universal-Foto AP)

Foto: AP
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