Estados

Policías municipales, perdedores de la "lucha contra el narco"

Las bajas de policías estatales y municipales se dispararon durante los años en que el expresidente Felipe Calderón inició la narrativa de una lucha contra el narco, que dañó a la sociedad, y los elementos de Seguridad en el estado de Sinaloa resintieron

Por  América Armenta

Policías municipales, perdedores de la

Policías municipales, perdedores de la "lucha contra el narco" | Foto ilustrativa El Debate

La lucha iniciada por Felipe Calderón en el año 2006 en la que dispuso de los elementos de Seguridad federales, locales y municipales para hacer frente al narcotráfico dejó en Sinaloa bajas de elementos, siendo la Policía Municipal la más afectada.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 121 mil 683 personas fueron asesinadas durante el sexenio de Calderón, además de las más de 30 mil personas desaparecidas de la conocida como «guerra contra el narco».

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En ese mismo sexenio, el estado de Sinaloa perdió 230 elementos de Seguridad, entre policías municipales y estatales. El año más letal fue el 2010, cuando 57 policías fueron asesinados, siete de ellos estatales y cincuenta municipales.

Las autoridades estatales no han reconocido como grupo de víctimas a las personas que después de que los elementos de Seguridad son asesinados quedan como viudas, huérfanos y huérfanas, grupo que en Sinaloa rebasa las 750 personas.

Ilustración El Debate

Dos sexenios

De los años 2006 hasta noviembre de 2012 -sexenio de Calderón-, en el estado de Sinaloa 230 policías estatales y municipales fueron asesinados, mientras que en un periodo siguiente, iniciado en diciembre del 2012 al 2018 -sexenio de Peña Nieto-, fueron asesinados 63 elementos en Sinaloa. Los gobernadores entonces fueron Jesús Aguilar Padilla, Mario López Valdez y el actual gobernador, Quirino Ordaz Coppel.

Sin embargo, se enmarcan principalmente en las presidencias de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

Según la información recabada que expone los asesinatos de los agentes, la cual fue solicitada por medio de la plataforma Infomex a diferentes dependencias, la escalada de bajas se dio a partir del año 2008, y su descenso a partir del 2014, para lograr que en el año 2016 no hubiera ningún elemento municipal ni estatal que perdiera la vida en funciones.

Durante los años 2010 y 2011, terminando el sexenio de Calderón Hinojosa, en el cual movilizó las Fuerzas Armadas para salir a las calles, Sinaloa tuvo su punto más alto en cuanto a pérdidas de policías, con 57 bajas en 2010 y 56 en 2011; de los cuales fueron 50 policías municipales en 2010 y 41 municipales en 2011, siendo el grupo más afectado.

Edades

Los accesos a la información señalan también que las edades de los elementos de Seguridad que perdieron la vida mientras estaban ejerciendo sus funciones del 2006 al 2012 fueron 33 menores de 30 años y 197 mayores de 30 años.

Es decir, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, hasta los 30 años de edad una persona se puede considerar como joven, por lo que el 14 por ciento de la pérdidas fueron de jóvenes; y el 86 por ciento de personas adultas. Asimismo, de los años 2012 al 2018, de un total de 63 asesinatos de policías estatales y municipales, nueve fueron jóvenes, que representan el 14 por ciento del total.

Viudas y huérfanos

En Sinaloa, la necesidad de organizarse ante la falta de apoyo por parte del Gobierno también ha llegado a las víctimas, entre ellas viudas y huérfanos de policías municipales y estatales, que, de acuerdo con la lideresa de Familiares de Policías Caídos AC, Andrea Félix, alcanzan ya las 750 familias que se han unido, tan solo en el estado de Sinaloa, y se siguen acercando a la asociación. La asociación civil existe formalmente desde hace dos años. Inició con un padrón de 200 familias, y ha ido creciendo hasta hoy en día, en que los huérfanos de policías son alrededor de 2 mil 100.

Estados y municipios

Los municipios han sido más renuentes en entregar apoyo a las familias, explica Andrea Félix: «En la mayoría de los 18 municipios no se les da la pensión debida a las familias de los policías caídos», expuso la víctima. «Una viuda nunca va a pedir derecho a su pensión si sabe que su esposo no está activo», agregó respecto a que la pensión no se le ha dado incluso a quienes estaban realizando su labor de seguridad al momento de ser asesinados, que representan el 97 por ciento de los policías, cuyas familias se han quedado sin apoyo.

Foto del hecho violento en el que el oficial del Grupo Élite de la Policía Estatal Preventiva, Miguel Ángel N., fue asesinado por sicarios al llegar a su casa, en la sindicatura de Aguaruto, Culiacán. El Debate

Los huérfanos tienen un apoyo mínimo para continuar con sus estudios, porque al faltar el familiar asesinado en su mayoría tienen minoría de edad; sin embargo, este apoyo se les condiciona a diferentes cosas, como nunca reprobar una materia: «Hay un fideicomiso (del municipio) para el estudio de esos huérfanos, y los condicionan de una manera muy cruel, porque condicionan a ese muchacho, después del daño que él ha sufrido por la falta de su padre, y les condicionan que no deben de reprobar, es una manera muy injusta», subrayó.

En cuánto al Gobierno del Estado, Félix resaltó que la pensión se les estaba retirando a los 18 años, cuando la ley señala que tienen derecho hasta los 25 años. 

De la LXII Legislatura, en el 2017, Andrea destacó que lograron que etiquetaran un presupuesto de homologación para viudas estatales que se empezó a pagar en el 2018, impulsado por Aarón Rivas; sin embargo, las viudas de policías municipales siguen quedando fuera de este apoyo. 

En la actual legislatura (LXIII), la bancada de Morena también les ayudó para conseguir presupuesto: «Pero las viudas no queremos estar pidiendo presupuesto cada año, es muy cansado, muy desgastante. Nosotras pedimos que se reforme la Ley de Seguridad en el Artículo 37 y que se nos dé el beneficio de que en cada aumento de sueldo del policía activo se le aumente también a la viuda automáticamente», pide la víctima.

Apoyo

Además de retener a algunas familias el apoyo económico, no se les ofrece apoyo psicológico o psiquiátrico para llevar el duelo después de la pérdida. Andrea tiene quince años viuda, y nunca supo que se hubiese formado una comisión de protección a víctimas, hasta el 2019: «Ya nos reunimos con el comisionado, pero ahorita él no tiene oficina, no tiene gente que lo esté apoyando, no hay presupuesto. No sé de qué manera el gobernador está ofreciendo un apoyo para las víctimas de la violencia. Hasta ahorita no tenemos ningún apoyo», destacó.  

Al momento de enviudar, Andrea tenía dos hijos y una hija, de 9, 6 y 3 años de edad. La pensión que se otorga a policías que tienen quince años trabajando se la negaron, pues su esposo, al ser asesinado, tenía once años en servicio.

En el 2009 se hizo un decreto que dice que a la viuda se le tiene que otorgar una pensión, al igual que los huérfanos, independientemente del tiempo que el policía tuviera laborando.

2019: Persiguen y asesinan a policía en Aguaruto

El último elemento asesinado en la entidad era parte de la Policía Estatal Preventiva: Miguel Ángel N., de 48 años de edad.

A decir de las personas que se encontraban cerca del hecho el día 13 de marzo del 2019, el agente asesinado en la sindicatura de Aguaruto intentaba huir de quienes querían privarlo de su libertad, cuando fue asesinado a balazos por los gatilleros.

Al percatarse del hecho, los vecinos hablaron a las autoridades; sin embargo, cuando los paramédicos arribaron, ya había perdido la vida.

Gobernador elimina aumento de apoyo

El pasado martes 23 de julio, las viudas y los huérfanos de los policías caídos denunciaron ante periódico EL DEBATE que el gobernador Quirino Ordaz Coppel eliminó por decisión arbitraria el aumento anual de seis por ciento, mismo al que habían tenido derecho a años anteriores. 

De acuerdo con los afectados que realizaron la denuncia pública, este apoyo solo se quitó a este grupo de víctimas, pues a los pensionados y jubilados sí se les hizo efectivo este año. 

La decisión —señalan— no tiene sustento jurídico, y el año pasado expusieron que a una parte de las viudas se les retiró por completo el apoyo económico.

Además, hay familiares de policías estatales que esperan aún el pago de servicios funerarios y seguros de vida de sus familiares, quienes desde hace dos años y medio perdieron la vida, dejando a hijos, hijas y viudas que vivían con su apoyo. 

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