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Guadalajara

Empresas implicadas en construcción del Instituto de Ciencias niegan embargo, pero si está vigente

Las empresas implicadas en la construcción del Instituto de Ciencias están en medio de un conflicto que ha llevado al inmueble del Instituto a correr riesgo de embargo

Por Christian Eduardo

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Guadalajara, Jalisco.- En la disputa legal por el adeudo de 71 millones 276 mil pesos que tiene un particular con la empresa que edificó la nueva sede del Instituto de Ciencias, no existe orden de embargo alguna vigente y la escuela como tal no forma parte del litigio, afirmó la representación legal del deudor, Azcoitia Construcciones SA de CV.

A través de un escrito enviado a Grupo REFORMA, los abogados de Azcoitia Construcciones aseguraron que el aviso preventivo que inmoviliza el edificio del Instituto de Ciencias aún persiste y se encuentra debidamente inscrito ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio (RPP).

"Es falso que prevalezca el embargo sobre la escritura de transmisión del inmueble en cuestión ya que el aviso preventivo se presentó en tiempo y forma", estableció el despacho Abaroa & de la Mora y Asociados SC.

"Dicho aviso fue recibido y calificado como legal por la autoridad registral. Esta circunstancia se puede corroborar en las propias anotaciones del Registro Público de la propiedad del estado de Jalisco".

Respecto a la injerencia del Instituto de Ciencias en el conflicto legal por el adeudo entre particulares, el despacho sostuvo que la institución se encuentra al margen.

"Es oportuno aclarar que la controversia referida se mantiene entre las empresas Constructoras RAL de Occidente SA de CV y Azcoitia Construcciones SA de CV, sin que en este litigio forme parte el Instituto de Ciencias", agregó.

Azcoitia acusó incumplimiento de RAL en fechas de entrega de obra y omisiones, así como la carencia de equipamiento suficiente para llevar a cabo la obra en cuestión.

En documentos en poder de Grupo REFORMA se observa que en dicha propiedad subsiste no sólo el embargo, sino también una orden de aseguramiento del inmueble dictado por la Fiscalía del Estado.

Incluso el titular del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, Erick Tapia, confirmó, en entrevista para Grupo REFORMA, que tanto un aviso cautelar como uno preventivo que habían sido presentados ante el RPP para dejar inamovible el inmueble perdieron su vigencia, y que prevalecen las anotaciones de embargo y aseguramiento.

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