Los Mochis

Perdemos todos con la cancelación del proyecto de la planta de amoniaco: GPO

El directivo de Gas y Petroquímica de Occidente urge agilizar la resolución sobre amparos que tienen detenida la planta en Topo desde mediados del 2018

Por  El Debate

Arturo Moya Hurtado, director general de GPO.(EL DEBATE)

Arturo Moya Hurtado, director general de GPO. | EL DEBATE

Los Mochis, Sinaloa.- Ante la falta de la resolución de dos amparos, que desde mediados de mayo del 2018 mantienen detenida la construcción de la planta de amoniaco en Topolobampo, Arturo Moya Hurtado, director general de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), reconoció la urgencia de una definición por parte del juez sexto de distrito con sede en la ciudad de Los Mochis, debido a que —dijo— esta parálisis está comprometiendo el proyecto, y existe el riesgo de perder una inversión de 5 mil millones de dólares, que, de ocurrir, todos perderían.

En entrevista para EL DEBATE, el directivo de la empresa GPO admitió que la lentitud en el proceso de estos dos amparos, el 630/2019, promovido por Santo Guerrero, quien advierte posible daño ambiental a la bahía de Ohuira, y el 528/2018, promovido por la señora Melina Maldonado, que reclama la falta de una consulta indígena, les está impidiendo llegar a un cierre financiero que se requiere para que fluyan más de 800 millones de dólares que serían aportados por la Banca Internacional, conformada por un sindicato de bancos, para la primera etapa.

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El proyecto está comprometido, y existe la posibilidad de que incluso, si no se da la sentencia y esto se sigue alargando, la inversión se vaya a otro país, a otra región, en este caso a Texas», lamentó.

Un proceso largo

Moya Hurtado recordó que desde que iniciaron con el proyecto, hace siete años, han invertido 120 millones dólares, los cuales hoy están en riesgo de perder.

Informó que han enfrentado nueve casos, siete de ellos amparos por temas ambientales y dos demandas, una de tipo penal y otra civil. De estos, las dos demandas se resolvieron a su favor, lo mismo que cinco de los siete amparos:

De los siete amparos, cinco han sido resueltos a nuestro favor, y los cinco han recaído en los tres jueces con residencia en Los Mochis: el juez quinto, el juez sexto y el juez séptimo», afirmó.

Incluso, añadió que las sentencias, en los casos de los jueces quinto y séptimo de distrito, «fueron contundentes en la afirmación de que el proyecto no solo no contamina ni daña el medio ambiente, sino que, al contrario, lo enriquece con los proyectos de mitigación en los que la empresa invertirá para la remediación de la bahía», informó.

El director general de GPO asegura que, en el caso del amparo 630/2019, el señor Santos Guerrero, a quien identifica como un restaurantero de El Maviri, no aporta ninguna prueba sobre la supuesta amenaza de la planta para la bahía, lo que le resulta lamentable.

El empresario reconoció que el juez sexto tiene la obligación de escuchar a los inconformes, pero insistió en que lo triste del caso es que mientras ellos como empresa han proporcionado a los tres jueces un cúmulo de evidencia en la que demuestran, con el respaldo de instituciones más prestigiadas a nivel nacional e internacional, que no contaminan, aún no se emitan los dos fallos que tienen detenido el proyecto: «Estas pruebas están respaldadas por institutos como el IPN, la UNAM y el Centro Mario Molina, y son pruebas sólidas», dijo. 

Respaldo del Gobierno federal

La construcción de la planta de amoniaco en Topolobampo es una inversión considerada dentro de los proyectos de infraestructura del Gobierno federal, recordó el director general de Gas y Petroquímica de Occidente, quien asegura que además se trata el proyecto industrial más importante a nivel nacional, en cuya primera etapa se invertirían mil 250 millones de dólares.

Recordó que el proyecto en general consiste en la construcción de tres plantas petroquímicas, con una inversión de 5 mil millones de dólares, que se estarían edificando en un periodo de diez años, en donde asegura que estarían generando miles y miles de empleos de manera directa, y otros miles de forma indirecta.

Subrayó durante la entrevista con ELDEBATE que el Gobierno federal de ninguna manera consentiría un proyecto en el cual se tuvieran dudas, que incluso este les ha hecho todo tipo de auditorías, solicitado más estudios que incluso han desarrollado y entregado a la autoridad. Y aunque dijo no ver una predisposición del juez sexto para paralizar el proyecto, Arturo Moya añadió que lo que sí puede decir es que «se han alargado mucho los procesos», al grado de que el proyecto está comprometido. 

La analogía en que todos pierden

El representante de la empresa GPO aseguró que la única forma de reactivar este proyecto es que se emitan los fallos de los dos amparos pendientes, ya sea a favor o en contra:

Nosotros no pedimos ningún privilegio, eso queremos que quede bien claro. Nosotros lo único que pedimos es que esto se haga conforme a derecho. Ya los tiempos y las evidencias están ahí para que el señor Juez nos haga favor de dictar una sentencia, sea la que sea».

Refirió que, si la sentencia es a favor, sería muy bueno porque podrían comenzar con los procesos propios de un proyecto de esta envergadura, de capacitar y contratar a gente ávida de empleos bien remunerados:

Si la resolución del señor juez es a favor, lo podremos hacer. Si no, pues no nos quedará de otra, no a nosotros, sino a la Banca Internacional, de ir a invertir a otra región».

El directivo recordó que el avance del proyecto a la fecha es muy pobre, de entre el cinco y el siete por ciento, cuando con estos siete años de trabajo en otras regiones del mundo ya estarían a punto de entrar en operaciones.

Al explicar el impacto que la posible cancelación del proyecto de esta envergadura tendría, Arturo Moya hizo una analogía con el juego de la pirinola, en la que se echa a rodar el dado, y el resultado es todos pierden.

Advirtió que, de tener que cancelar el proyecto, en primer lugar pierde la empresa, que tiene siete años de trabajo y una inversión de 120 millones de dólares, por lo que tendrían que rescatar lo que puedan e irse a Texas a echar a andar el desarrollo.

Consideró que también pierde el Gobierno federal la oportunidad de uno de los proyectos más ambiciosos en materia de infraestructura en el sector industrial, así como la oportunidad de una inversión de cinco mil millones de dólares, que no se da todos los días, afirmó.

Moya Hurtado dijo que también pierde Sinaloa, porque dejaría pasar el proyecto más importante que nunca jamás ha tenido; y perderían los habitantes de Topolobampo y Los Mochis, porque no habrá esos empleos que hoy se pudieran estar dando, y porque no habrá quién haga la remediación de esa bahía tan contaminada:

Pierden los mismos opositores, porque el día que, ojalá no sea el caso, pero que anunciemos que nos tenemos que ir a Texas con nuestro proyecto, qué van a festejar».

Reiteró que, en esta analogía del juego de la pirinola, en donde todos pierden, los productores agrícolas no son la excepción:

«Son tal vez los principales perjudicados, porque van a seguir condenados a seguir pagando los precios más altos por el fertilizante, seguirán condenados a depender de un mercado especulador donde el suministro no esté garantizado, estarán condenados a no poder crecer en el campo y a tener que importar cada día más y más granos por falta de fertilizantes», sentenció.

Una mala señal

Moya Hurtado afirma que la comunidad internacional tiene los ojos puestos en esta inversión, y los mantiene nerviosos: «Quién en su sano juicio va a venir a invertir en un país en donde un señor de un restaurante del Maviri, sin prueba alguna, es capaz de descarrilar un proyecto de 5 mil millones de dólares. Por sentido común, no habrá quién», señaló.

Insistió en que como empresa son muy respetuosos de la ley, que no están pidiendo ningún privilegio, sino que esperan que se resuelva todo conforme a derecho y se emita ya una sentencia: «Creemos que el cúmulo de evidencia y todo lo que han aportado en favor de este proyecto será tomando en cuenta».

Al hablar de la importancia de la planta de fertilizantes, el director general de GPO sostuvo que el Gobierno federal está urgido de que se empiece este proyecto, pues requiere de este tipo de inversiones porque se viene de un año complicado, con cero crecimiento, y se anticipa otro año igual o más complicado, por lo que la federación sería la más interesada en mandar señales positivas a los mercados nacional e internacional: «Este es el proyecto que más adelantado está, ya debería estar en proceso, pero ellos también son muy respetuosos y reconocen la autonomía del Poder Judicial», añadió. 

Reiteró que, en caso de que la planta no se concrete, «nuestro país pierde de manera muy importante, no digo el presidente, perdemos todos los mexicanos, porque nadie va a venir a invertir».

Arturo Moya Hurtado. Foto: EL DEBATE

EL PERFIL
Nombre: Arturo Moya Hurtado
Cargo: director general de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO)
Proyecto: construcción de una planta petroquímica en Topolobampo, la cual lleva una inversión de 120 millones de dólares y contempla una inversión total de 5 mil millones de dólares para la edificación de tres plantas. Este proyecto favorecerá la disponibilidad y el precio del amoniaco en Sinaloa.

Apoyo a la comunidad

GPO señala que ha invertido parte de sus recursos en trabajadores sociales en la comunidad: construcción de caminos, apoyos en caso de inundación, ayuda a escuelas y en temas de salud.

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