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¿Qué tanto sabes del Sistema Penal Acusatorio?

Juicios Orales

Los Mochis, Sinaloa.- La agilización en los procesos, la protección y el resarcimiento de los daños ocasionados a las víctimas del delito, además de la creación de nuevas figuras en la materia, son algunos de los cambios que se vienen con la implementación del nuevo Sistema Penal Acusatorio, que entrará en vigor entre octubre de este año y junio de 2016.

En el caso de Sinaloa, aunque no es uno de los estados punteros en la materia, se espera que para mediados de octubre se dé la declaratoria para su implementación, con previos ajustes de leyes locales, por parte del Congreso del Estado.

"Es una oportunidad para democratizar al proceso penal, en el sentido de que exista un control por parte de la sociedad de las funciones del juez, del MP (Ministerio Público) y de los propios abogados, a través de la publicidad de las audiencias", resaltó Enrique Inzunza Cázarez, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

Víctimas.

Los derechos de las víctimas están contemplados en las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y al Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP). Con estos cambios, quienes se vean afectados por algún delito ya no dependerán del MP para recibir información sobre el estado del proceso, pues podrán estar presentes en las audiencias, que en su mayoría serán públicas.

De acuerdo con Inzunza Cázarez, el afectado tendrá que ser informado de sus derechos y, cuando lo solicite, sobre el desarrollo del procedimiento penal.

"Tiene derecho a recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia; a que se le repare el daño; al resguardo de su identidad y otros datos personales cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección", agregó.

Además, podrá coadyuvar con el MP a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley, por citar sólo algunos derechos, contemplados en el artículo 20 de la Constitución, en su apartado C.

Acusados.

En el caso de los imputados, o personas señaladas de haber cometido un delito, sus derechos están contemplados en el apartado B del artículo 20 de la Constitución federal y el artículo 113 del CNPP.

"(Tienen derecho) A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa; a declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su detención se le harán saber los motivos de la misma. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio", establece la Constitución en el apartado antes señalado.

Cuando se trate de delincuencia organizada, dice que la autoridad judicial podrá mantener en reserva el nombre y datos del acusador.

En la generalidad de los casos, serán juzgados en audiencias públicas por un juez o tribunal. El acceso a las audiencias sólo podrá restringirse en ciertas excepciones que determine la ley, por razones de seguridad, protección de las víctimas, testigos y menores.

La Ley establece que el imputado será juzgado antes de 4 meses, si se trata de delitos cuya pena máxima no exceda 2 años de prisión, y antes de un año si la pena excede ese tiempo.

"Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares", precisa.

Se conserva el derecho a comunicarse con un familiar y su defensor. Asimismo, el acusado tiene que ser presentado ante el MP o ante el Juez, según el caso, inmediatamente después de ser detenido o aprehendido y no ser expuesto a los medios de comunicación, tampoco ser presentado ante la comunidad como culpable.

En caso que el proceso de detención no se haya realizado de acuerdo a lo previsto en las leyes, se establece que el juez está obligado a declararla ilegal y dar la orden de inmediata libertad de la persona.

Figuras y proceso.

Con el nuevo sistema se contará con una nueva estructura y el proceso estará divido en tres etapas: Investigación; Intermedia, o de preparación de juicio; y Etapa de Juicio, donde intervienen dos tipos de jueces: de control y de enjuiciamiento. El primero, con facultades para "controlar" la investigación. Al segundo le compete la etapa de juicio y dictar la sentencia correspondiente.

Congreso.

Adolfo Rojo Montoya, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, afirmó que ya se trabaja para poner en marcha este nuevo esquema, y que incluso ya se han dado algunos de los cambios que las leyes locales requieren para emparejarlas con las federales.

"Hay que tener claro que el que va a implementar el Sistema de Justicia Penal Acusatorio es el Poder Ejecutivo, en el tema de infraestructura y en el tema de contratación de personal; tanto el Poder Judicial, como nosotros como Poder Legislativo, solamente vamos a actualizar los ordenamientos y el Poder Judicial va a capacitar al personal, pero el que va a poner el recurso finalmente es el Poder Ejecutivo", aclaró.

Antecedente.

En abril del 2008 se aprobó la Reforma Constitucional en materia penal, pero fue hasta el 18 de junio de ese año cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto donde se establece: "Se reforman fracciones de los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115, y la fracción XIII del apartado B del artículo 123, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de seguridad pública y justicia penal, mediante el cual se establecen las bases del nuevo Sistema de Justicia Penal en la República Mexicana", estipula en el Diario Oficial, en su página web.

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