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"Sociedad 'fiscalizará' trabajo de jueces y MP": Inzunza Cázarez

LOS MOCHIS

Los Mochis, Sinaloa.- El nuevo Sistema Penal Acusatorio es la oportunidad para que la ciudadanía conozca de cerca cómo se juzga a quienes son señalados de cometer algún delito, lo que representa una oportunidad para la democratización del proceso penal, destacó Enrique Inzunza Cázarez.

El magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado consideró que Sinaloa llegará listo a la implementación del nuevo esquema.

¿Qué avances se tienen? El Poder Judicial está listo: cuenta con personal capacitado a nivel de especialización. Estamos a punto de culminar un Máster en Proceso Penal Acusatorio a partir de un convenio celebrado con la Universidad Carlos III de Madrid.

La Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) ya se ha adecuado al Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP). Por otra parte, los espacios y equipamiento para el funcionamiento de los juzgados de control y tribunales de enjuiciamiento en la primera región (Angostura, Salvador Alvarado, Mocorito, Guasave y Sinaloa) están prácticamente listos.

¿Qué falta para estar a la par de los estados más avanzados en esta materia? Iniciar cuanto antes la operación del nuevo sistema de justicia (primera región). Cumplir con lo mandado por la Constitución Política del país, que desde el 2008 ordena que los estados destinen recursos presupuestales para la implementación de esta obligación política y jurídica, lo que en nuestro caso no ha sido atendido cabalmente. Otro aspecto muy sensible es el que concierne a la capacitación. Se puede tener un sistema de justicia viable y efectivo aún careciendo de infraestructura si se cuenta con servidores públicos con formación y capacitación.

¿Llegará Sinaloa listo para su implementación?

Sí. -¿Por qué?- Porque la experiencia en la operación del sistema en la primera región, Centro-Norte, facilitará la implementación del proceso penal acusatorio en el resto del estado.

¿Cuál va a ser el impacto social que traerá este nuevo sistema? Uno de los cambios, el más importante, es que la actuación de quienes participan en el proceso penal se dará de cara a la sociedad. En la audiencia pública, a la que tendrá acceso cualquier ciudadano, salvo algunas excepciones que contempla el CNPP y la misma Constitución, se apreciarán los mismos elementos que en los que el juzgador se basará para resolver; a la hora de resolver, este deberá explicar las razones de su sentencia. Parece una cosa menor, pero es una revolución. Si hay errores, si hay deficiencias, si hay falencias o si hay conductas desapegadas de la ética, no se podrán ocultar y deberán ser sancionados con ejemplaridad.

¿El Gobierno del Estado ya hizo su parte? ¿Qué falta? Por lo que hace a la primera región sólo hace falta que se haga la petición por parte del Consejo de Coordinación para la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal para que el Congreso proceda a la emisión de la Declaratoria, que es la figura que contempla la Constitución para determinar de manera formal la incorporación del Sistema de Justicia Acusatorio en el estado y el inicio de su aplicación. Aquí cabe hacer una aclaración: si bien el Consejo está presidido por el secretario general de Gobierno, se trata de un órgano interinstitucional en que están representados los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como la sociedad civil y el sector académico.

¿El Congreso del Estado hizo la suya? ¿Qué falta? Realizar las modificaciones legislativas que aún se requieren en relación con otros ordenamientos que requieren ser alineados al CNPP. Tengo entendido que se encuentran trabajando en ello. Por supuesto, emitir también la Declaratoria respectiva. Y más importante todavía: que en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, tanto en la de 2015 como en la de 2016, se asignen los recursos necesarios para infraestructura, equipamiento y gasto corriente para la creación y funcionamiento de los centros de justicia.

¿Qué opina de este nuevo sistema? El Proceso Penal Acusatorio es una oportunidad para democratizar al proceso penal, en el sentido de que exista un control por parte de la sociedad de las funciones del juez, del MP y de los propios abogados, a través de la publicidad de las audiencias. Es la oportunidad de que los ciudadanos conozcan cómo es que se juzga y decide sobre la libertad de una persona o los derechos de las víctimas; cabe suponer que esta especie de fiscalización ciudadana nos obligará a realizar de una mejor manera nuestro trabajo. Por eso esta reforma toca el corazón de la República.

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