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Los Mochis

CEDH de Sinaloa emite recomendación a Secretaría de Salud

Personal médico del Hospital General de Los Mochis presuntamente cometió violaciones a derechos humanos en perjuicio de una mujer que se encontraba en trabajo de parto, así como del recién nacido

Por: El Debate

Hospital General de Los Mochis.(EL DEBATE)

Hospital General de Los Mochis. | EL DEBATE

Los Mochis, Sinaloa.- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa emitió la recomendación 7/2018 dirigida a la Secretaría de Salud del Estado de Sinaloa al haberse acreditado la violación del derecho a la protección de la salud.

En mayo del 2015 este organismo recibió el escrito en el cual se hizo valer presuntas violaciones a derechos humanos cometidas en perjuicio de una mujer que se encontraba en trabajo de parto, así como del recién nacido, al no proporcionarles una adecuada prestación del servicio público en materia de salud por parte de personal médico del Hospital General de Los Mochis, Sinaloa.

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Con base en lo expuesto y al tener como marco el artículo primero de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, que precisa como objetivo último en la entidad federativa la protección de la dignidad humana y la promoción de los derechos fundamentales que le son inherentes, así como el artículo 4to Bis segundo párrafo, que afirma que los derechos humanos tienen eficacia directa y vinculación a todos los poderes públicos, esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa emite las siguientes recomendaciones:

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PRIMERA. Instruya a quien corresponda a efecto de proceder a indemnizar a QV1 por las lesiones ocasionadas al recién nacido V2 al momento del parto, en los términos que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como consecuencia de la responsabilidad institucional en que incurrieron AR1 y AR2, con base en las consideraciones planteadas en el cuerpo de la presente recomendación y se envíen a esta Comisión Estatal las constancias con las que se acredite su cumplimiento. Dicha indemnización deberá comprender proporcionar la atención médica gratuita al recién nacido V2, asumiendo la institución médica los gastos que se originen derivados de dicha atención, así como reparar el daño de manera integral, así como la restitución de los gastos erogados por la quejosa en la atención del parto y la atención de V2.

SEGUNDA. Diseñar e impartir a la totalidad de los servidores públicos del Hospital General de Los Mochis, Sinaloa, un Programa Integral de Educación, Formación y Capacitación en Materia de Derechos Humanos y sus implicaciones en la protección de la salud, enfatizando el conocimiento, manejo y observancia de las Normas Oficiales Mexicanas, con el objeto de evitar irregularidades como las que dieron origen al presente pronunciamiento, enviando a esta Comisión Estatal los indicadores de gestión y evaluación que se apliquen al personal que la reciba, en los cuales se refleje su impacto efectivo.

TERCERA. Se sirva instruir a quien corresponda para que se dé vista a la Dirección de Auditoría Interna de los Servicios de Salud de Sinaloa, a efecto de que inicie procedimiento administrativo de investigación en contra de AR1. Así como cualquier otro servidor público que resulte responsable de la inadecuada atención médica de QV1 y de su hijo recién nacido V2, por las consideraciones descritas en el cuerpo de la presente recomendación y, en su caso, se finque responsabilidad y se apliquen las sanciones correspondientes, informando a esta Comisión Estatal el trámite que se realice desde su inicio hasta la resolución correspondiente.

CUARTA. Se dé a conocer a todo el personal de salud del Estado, los contenidos de la presente resolución como un mecanismo de prevención y contención de futuras conductas similares o iguales a las reclamadas en el presente caso.

La presente Recomendación tiene el carácter de pública y se emite con el propósito fundamental, tanto de hacer una declaración respecto de una conducta irregular cometida por servidores públicos en el ejercicio de las facultades que expresamente les confiere la ley, como obtener la investigación que proceda por parte de las dependencias administrativas o cualquier otra autoridad competente para que, dentro de sus atribuciones, apliquen las sanciones conducentes y se subsane la irregularidad de que se trate.

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