Mazatlán

"Ley Mordaza" indigna a periodistas mazatlecos

MAZATLÁN

Por: EL DEBATE

Mazatlán, Sinaloa.- Hay un principio que indica que una sociedad mejor informada, es una sociedad capaz de tomar sus propias decisiones. Una sociedad que cuenta con los elementos para exigir mejores resultados a sus gobernantes, así como con las armas para defender sus derechos y libertades. Y es precisamente el derecho a la información el que nos están robando a todos los sinaloenses con la “Ley Mordaza”, aprobada por los 40 diputados integrantes de la LXI Legislatura, representantes de todos los partidos políticos con participación en el Congreso del Estado de Sinaloa.

En las horas siguientes a la aprobación del dictamen, el cual modifica el artículo 51 Bis de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, hay legisladores que han pretendido justificar su actuación bajo el argumento de que se trata de "protección a los reporteros"; y aunque hay quienes han hablado de dar marcha atrás, no se han establecido bases ni tiempos para ello, mientras que los cambios fueron publicados en cuestión de horas en el Diario Oficial del Estado, lo que implica su entrada en vigor de manera inmediata.

Las nuevas disposiciones limitan la cobertura de temas de seguridad, pues establecen que los medios de comunicación sólo podrán publicar los boletines de prensa que emita la Unidad de Acceso a la Información Pública, "siempre que se cumpla con los requisitos marcados por las leyes en materia de transparencia", y en ningún caso se podrá autorizar a los medios el ingreso a los lugares de los hechos, la toma de audio, video o fotografía a las personas involucradas en un evento delictivo, ni el manejo de información relacionada con la seguridad pública o la procuración de justicia, salvo cuando exista un permiso especial del Procurador General de Justicia en Sinaloa.

Sobre este particular, un grupo importante de reporteros de Mazatlán, consideramos que:

1.- Con esta acción, se criminaliza el trabajo periodístico.

2.- Se legaliza la violencia policiaca contra los reporteros, violencia que ha sido una constante en lo que va del sexenio del gobernador Mario López Valdez.

3.- Se coarta de tajo la libertad de expresión y el derecho a la información, ambos consagrados en la Constitución.

4.- Se oficializa el manejo de información, por lo que será el Gobierno del Estado, a través de la Procuraduría General de Justicia y de la Unidad de Acceso a la Información Pública, quienes decidirían qué se publica y qué se oculta, de acuerdo a conveniencias políticas y económicas.

5.- Se acaba con el trabajo de investigación del reportero, en el área policiaca.

Ante tales planteamientos, exigimos la inmediata derogación de la reforma al artículo 51 bis de la ley orgánica de la procuraduría general de justicia del estado de Sinaloa.

De igual forma, advertimos que de no ocurrir con la misma inmediatez con que fue aprobada y publicada, estaremos presentando demandas de amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que el riesgo para nuestro gremio y para la sociedad civil es trascendental.

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