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Tomarán oficinas de la SCT campesinos de Sinaloa, Durango y Nayarit

MOVIMIENTO

Los campesinos del Movimiento por la Justicia Agraria de los estados de Sinaloa, Durango y Nayarit tomarán en breve las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la ciudad de México, en protesta por las acciones dilatorias, discriminatorias y autoritarias de la Subsecretaría de Infraestructura encabezada por Raúl Murrieta Cummings y la búsqueda del pago de sus tierras.

El Movimiento por la Justicia Agraria está compuesto por más de 32 núcleos campesinos, quienes luchan porque se les paguen aproximadamente mil 900 hectáreas en las que se construyó el eje carretero Tepic-Mazatlán-Durango, predios que fueron ocupados desde hace 17 años los primeros y 10 los más recientes.

El 23 de diciembre pasado en las oficinas de la SCT en la ciudad de México, Murrieta Cummings, delante del director para la Atención de las Organizaciones Sociales de la Secretaría de Gobernación (Segob), Francisco Yáñez Centeno, así como los delegados de la SCT en Durango, Enrique León de la Barra y en Sinaloa, Héctor García Fox, el subsecretario de infraestructura se comprometió a construir una solución.

"Queremos solucionar el asunto con ustedes porque habrá más obra pública y queremos que el proceso de solución que establezcamos con ustedes, constituya un modelo a establecer para otros casos similares. No queremos avasallar", expresó.

Sin embargo, Murrieta Cummings se ausentó a la reunión de este mediodía y, afirma Ernesto Pérez Virgen, representante de los campesinos, mostró también su falta de voluntad política para seguir dando pasos adelante, cuando en su lugar se presentó nuevamente la Directora de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la subsecretaría de Infraestructura, América Trejo, quien había reventado la reunión del 25 de noviembre pasado en Durango.

Los campesinos acordaron con Murrieta Cummings que hoy habrían de conocer el avalúo maestre sobre sus tierras, verificar que la mayoría de los expedientes estén cubiertos con la documentación reglamentaria para iniciar el proceso expropiatorio y aterrizar el pago de las casi mil 900 hectáreas entre los meses de febrero y marzo.

Sin embargo, América Trejo, como la vez anterior, se mostró abiertamente discriminatoria y autoritaria con los campesinos a los que espetó que el avalúo maestre aún no está terminado, pero cuando lo esté, será sólo para consulta de la SCT, mientras que los ejidatarios ni los demás dueños de la tierra jamás lo conocerán.

Por su parte, Rosalba Hernández Cornejo, directora de Expropiaciones de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), dijo que no hay expropiación porque los campesinos no le han dado entrada a los técnicos para medir las tierras afectadas en los ejidos.

Pérez Virgen la desmintió, al recordar que de julio a septiembre de 2010 no sólo se les permitió la entrada a los ejidos y comunidades afectadas, sino que los propios campesinos, interesados en el pago de sus predios, los llevaron ejido por ejido en Sinaloa y Nayarit.

Y no sólo eso. Sino que de tal fecha al día de hoy nunca más se ha presentado personal de la Sedatu, antes Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) a realizar las mediciones correspondientes.

Antes de levantarse de la mesa que fue a todas luces una táctica dilatoria para desgastar al Movimiento por la Justicia Agraria, Ernesto Pérez Virgen recordó al director para la Atención de las Organizaciones Sociales de la Secretaría de Gobernación (Segob), Francisco Yáñez Centeno, que él fue testigo del compromiso hecho por Murrieta Cummings, de que hoy entregaría el avalúo maestre para sentar las bases de solución para pagar la tierra a los campesinos, a lo que el funcionario asintió con la cabeza para corroborar el acuerdo.

Los campesinos habían determinado ayer en el ejido El Palmito, en Sinaloa, que si se daba una situación como la de hoy, se iban a levantar de la mesa y tomar otras acciones, como trasladarse a la ciudad de México y tomar las oficinas centrales de la SCT.

Los campesinos de Sinaloa, Durango y Nayarit exigen se aplique el artículo 20 de la Ley de Expropiación publicada el 27 de enero de 2012, donde se dice que "la indemnización deberá pagarse en moneda nacional a más tardar dentro de los cuarenta y cinco días hábiles siguientes a la publicación del decreto de expropiación, sin perjuicio de que se convenga su pago en especie".

El artículo agrega que "la indemnización por la ocupación temporal o por la limitación de dominio consistirá en una compensación a valor de mercado, así como los daños y perjuicios, si los hubiere, que pudieran ocasionarse por la ejecución de dichas medidas, misma que deberá pagarse conforme al plazo referido en el párrafo primero de este artículo".

Es decir, los campesinos tendrán que recibir el valor comercial de los predios al momento de realizarse el proceso de expropiación, proceso que aún no ha sido iniciado, pese a que el eje carretero se encuentra funcionando desde 2004 y de manera completa a partir del 17 de octubre pasado.

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