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CJF denuncia a juez presuntamente ligado a casinos

MÉXICO

México, D.F (El Universal).- El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) presentó una nueva denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra del juez federal en materia administrativa, con sede en Nuevo León, Ricardo Hiram Barbosa Alanís, y sus secretarios, Héctor Fernando Monterrubio Pontigo, Alejandro Tovar Álvarez y Eusebia González, quienes desde marzo pasado se les inició procedimiento de responsabilidad administrativa y cuyas actuaciones se indagaban desde 2011.

Dicha denuncia se desprende porque durante una investigación administrativa del CJF se detectaron presuntas irregularidades, derivadas de diversas quejas presentadas en contra de Barbosa Alanís, por el probable otorgamiento indebido de suspensiones provisionales y definitivas, entre otras, a casas de apuestas.

Conjuntamente con sus secretarios, presuntamente favoreció de manera constante con actos irregulares a las empresas Entretenimiento de México S.A de C.V., Atracciones y Emociones Vallarta S.A de C.V. y las Cervezas Modelo de Nuevo León, S.A de C.V.

El CJF concluyó que hay elementos suficientes para inferir una probable actuación irregular de Ricardo Hiram Barbosa Alanís y del secretario Héctor Monterrubio Pontigo al conocer, tramitar y resolver diversos juicios de amparo, el primero en su función de juez de Distrito y el segundo actuando como secretario y como encargado del despacho dentro de expedientes analizados, en detrimento de los principios y funciones que se encuentran obligados a cumplir.

Asimismo, en relación a Barbosa Alanís, se identificaron movimientos por depósitos y/o abonos cuyo origen se desconoce por un monto total que asciende a la cantidad de $597,003.95 (Quinientos noventa y siete mil, tres pesos 95/100 M.N.) Del análisis realizado a los registros bancarios de las personas relacionadas con el servidor público mencionado, se determinó que existían depósitos y/o abonos cuyo origen se desconocía por un monto total de $5,123,555.82 (cinco millones ciento veintitrés mil quinientos cincuenta y cinco pesos 82/100 M.N.) En cuanto al secretario Héctor Monterrubio Pontigo, en las cuentas bancarias en las que el servidor público se ostentaba como titular, se identificaron movimientos por depósitos y/o abonos cuyo origen se desconocía por un monto total de $1, 572, 066.90 (un millón quinientos setenta y dos mil sesenta y seis pesos 90/100 M.N).

De forma similar, en los registros bancarios de las personas relacionadas con Héctor Fernando Monterrubio Pontigo, se determinó que existían depósitos y/o abonos cuyo origen se desconocía por un monto total de $946,369.53 (Novecientos cuarenta y seis mil trescientos sesenta y nueve pesos 53/100 M.N.).

Por lo que se refiere a las cuentas del secretario Alejandro Tovar Álvarez, se identificaron movimientos por depósitos y/o abonos cuyo origen se desconocía por un monto total de $859,439.90 (ochocientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos treinta y nueve pesos 90/100M.N).

Respecto a los registros bancarios de las personas relacionadas con el servidor público, se observaron depósitos y/o abonos cuyo origen se desconocía por un monto total de $2, 466,182.21 (Dos millones cuatrocientos sesenta y seis mil ciento ochenta y dos pesos 21/100 M.N).

Por último, respecto de las cuentas de la secretaria Eusebia González González, se hallaron movimientos por depósitos y/o abonos cuyo origen se desconocía por un monto total de $1, 464,096.44 (Un millón cuatrocientos sesenta y cuatro mil noventa y seis pesos 00/44 M.N.).

Respecto a una persona relacionada con la servidora pública se determinó que existían depósitos y/o abonos cuyo origen se desconocía por un monto total de $1, 558,982.52 (Un millón quinientos cincuenta y ocho mil novecientos ochenta y dos pesos 52/00 M.N).

"Con esta última acción, el CJF concluyó la fase de las investigaciones administrativas iniciadas a partir de diversas quejas presentadas y de conductas hechas públicas en las que se relacionó a otros servidores públicos con presuntos actos irregulares relacionados con casas de apuestas, y contra los que igualmente presentó las respectivas denuncias de hechos ante el Ministerio Público Federal", explica el Consejo en un comunicado.

Sin embargo, de acuerdo con sus facultades constitucionales el CJF continúa con sus procedimientos administrativos para determinar las faltas en las que los funcionarios públicos pudieran haber incurrido.

Este órgano colegiado mantiene activos sus mecanismos de vigilancia y se encuentra abierto a la recepción de cualquier otra queja relacionada con estas indagatorias.

El CJF actúa con todo rigor y transparencia en contra de funcionarios públicos que privilegiaron sus intereses a los de la Constitución y a la sociedad a la que se deben.