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México

Columnista compara #LeyMordaza con gobierno de Hugo Chávez

OPINIÓN
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Por: Raymundo Riva Palacio

La libertad de expresión y las garantías individuales viven momentos tortuosos en México y con regresiones autoritarias. La última expresión de esta tendencia se consumaría en 10 días, cuando iba a entrar en vigor una Ley Mordaza en Sinaloa propuesta por el gobernador Mario López Valdez, y aprobada por el Congreso local la semana pasada, que establece que ningún medio de comunicación, por ningún motivo, podría tener acceso al lugar donde se cometió un crimen, y que no podría tomar video, fotografías o audio de la escena, como tampoco de las personas involucradas en el crimen. La única información a la que tendrían acceso, añade, será la que se proporcione en boletines de prensa. Es decir, nada que sea recopilado en forma independiente; todo empaquetado al gusto e interés de la autoridad.

Mediante el uso de herramientas constitucionales, el gobernador y el Congreso querían eliminar garantías constitucionales, utilizando los recursos de la ley para conculcar la libertad de expresión y enfrentar las libertades que garantiza el artículo séptimo constitucional, de la misma manera como el presidente Hugo Chávez utilizó la constitución venezolana y las leyes que el Congreso controlado por sus leales construían, con lo que creó un estado autoritario que borraba gradualmente las libertades, e iba cercenando las garantías individuales.

López Valdez se retractó este martes y adujo que la redacción había sido equivocada. Después de una semana que la defendió, no engaña a nadie. La presión es lo que lo hizo dar pasos para atrás. Pero su iniciativa no es una anomalía en el ejercicio de gobierno en este país. Cuando menos no en los últimos tiempos. La iniciativa de telecomunicaciones del presidente Enrique Peña Nieto incluía en el Inciso III del artículo 197 sobre obligaciones a concesionarios, "bloquear, inhibir o anular de manera temporal las señales de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional a solicitud de las autoridades competentes". ¿Quién iba a definir esos "lugares críticos"? La autoridad. ¿Cómo? En función también de sus intereses y necesidades particulares. Ese inciso fue modificado finalmente y se conjuró la amenaza a la libertad de expresión.

López Valdez podrá corregir esa ley que iba a entrar en vigor el 15 de octubre, pero como sucedió con el gobierno federal, las tentaciones por controlar a la prensa están en su código genético. De otra manera, no podría entenderse cómo propusieron semejante barbarismo antidemocrático en forma de ley. El hilo conductor en las dos iniciativas era la seguridad. Los gobiernos se han visto superados por la violencia y la mejor forma que encontraron para enfrentarla fue impedir la cobertura periodística de esos hechos.