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Diputados avalan tercer dictamen energético

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Por: EL DEBATE

MÉXICO, D.F., julio 31 (EL UNIVERSAL).- Después de 14 horas y media de debate, el pleno de la Cámara de Diputados avaló en lo general y en lo particular el tercer dictamen de las leyes secundarias en materia energética con las que se crean las leyes de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad.

Este dictamen contempla, entre otros temas, la posibilidad de que el gobierno Federal absorba los pasivos laborales de Pemex y CFE, mismas que serán ratificadas cuando se aborde la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

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En estas leyes, se cambia de manera sustancial a ambas paraestatales pues se pretende que se "autogobiernen" y tengan "autonomía presupuestal y de deuda", con esto se le quita el control que ha tenido Hacienda sobre las dos paraestatales.

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A este dictamen se le hicieron modificaciones para que en los Consejos de Administración, tanto de Pemex como de CFE, participen "testigos sociales" para denunciar actos de corrupción.

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En la reserva pactada entre el PRI y el PAN, los "testigos sociales" participarán en calidad de observador en las distintas etapas de contratación de ambas empresas: emitirán un testimonio final que incluya sus observaciones y, en su caso, recomendaciones respecto a la contratación que se trate.

Y "en su caso, dar aviso de las irregularidades que detecte a la Auditoría Interna y a la Unidad de Responsabilidad", detalla la modificación a la fracción III del artículo 76 de la Ley de Pemex.

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El dictamen que expiden la Ley de Petróleos Mexicanos y la Ley de la Comisión Federal de Electricidad otorga a los Consejos de Administración de cada empresa que autoricen -sin la intervención ni autorización de la Secretaría de Hacienda- su presupuesto, el destino de sus ingresos por excedentes y las políticas para contratar deuda.

Esta modificación también le otorga la potestad a Pemex y a la CFE para determinar sus tabuladores, estructura orgánica, políticas de recursos humanos, sus propias reglas de austeridad, diferentes a las del resto del gobierno, las reglas y políticas para sus inversiones (sin necesidad de registro alguno ante Hacienda) y las adecuaciones a sus presupuestos.