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¿En qué casos el Estado podría suspender derechos?

SUSPENSIÓN-GARANTÍAS

MÉXICO, D.F. (El Universal).- Las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, de Gobernación, de Justicia y de Estudios Legislativos del Senado aprobaron el lunes la expedición de la ley reglamentaria del artículo 29 constitucional, correspondiente a la suspensión de derechos y garantías.

La acción, conocida también como Estado de excepción, está sujeta a la discusión y aprobación del pleno del Senado. Plantea que la restricción o suspensión de derechos procederá en casos que pongan a la sociedad en grave peligro o conflicto, señala el comunicado emitido por la Cámara alta.

El artículo 29 constitucional tiene por objeto regular el procedimiento para decretar la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías, la concesión de autorizaciones que se estimen necesarias para que el Ejecutivo haga frente a una situación y el ejercicio de las facultades de las autoridades en todo el país o en un lugar determinado con motivo de una amenaza excepcional.

Casos

Invasión, perturbación grave de la paz pública u otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto.

¿Cómo aplicaría?

Para solicitar una suspensión de garantías el Ejecutivo someterá a la aprobación del Congreso de la Unión, o en su caso de la Comisión Permanente, un proyecto de decreto por el que se declare la restricción o suspensión. Este deberá resolver en un plazo máximo de 48 horas.

De acuerdo al proyecto de decreto, enviado por la Presidencia, dicho proyecto de decreto deberá contener:

* Delimitación geográfica del territorio en el que se aplicará la restricción o suspensión de derechos

* Tiempo por el que se aplicará

* Derechos y garantías que se verán restringidas o suspendidas

* Expresamente, se prohíbe la suspensión de garantías judiciales indispensables para la protección de dichos derechos.

La reforma señala que toda medida para la restricción del ejercicio de derechos y garantías deberá ser oportuna, fundada, motivada y proporcional a la situación que se deba afrontar, considerando su gravedad y naturaleza, y observando en todo momento los principios de legalidad, temporalidad, excepcionalidad y racionalidad.