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Prevén endurecer sanciones por "colgarse" de la luz

REFORMA-ENERGÉTICA

México, D.F. (El Universal).- Para abatir el robo y el mercado negro de la energía eléctrica, la Ley de la Industria Eléctrica que se discutirá en lo particular a partir de este sábado, prevé sanciones que van de 10 mil a 50 mil salarios mínimos a quien se cuelgue o consuma electricidad sin tener su respectivo contrato.

Esto es, la multa iría de 613 mil 800 pesos a tres millones 69 pesos si la nueva ley entrará en vigor ese año, considerando que el salario mínimo vigente es de 61.38 pesos diarios.

Por impedir o negar el acceso a los predios del usuario final a personas autorizadas para verificar que los medidores y demás instalaciones funcionen de manera adecuada y cumplan con los requisitos aplicables, la ley contempla una multa de entre 10 mil y hasta 200 mil salarios mínimos.

Esto significa que aquellos personas que impidan la lectura de los medidores podría hacerse acreedores a un pago por 613 mil 800 pesos y hasta por 12.2 millones de pesos.

Bueno, hasta por no otorgarle las facilidades que requiera el verificador o inspectores autorizados, los usuarios podrían tener pagar multas similares a las que consumen energía eléctrica sin contrata respectivo.

En el caso de las nuevas empresas generadoras, se tienen previstas sanciones o multas del 2% al 10% de los ingresos brutos percibidos un año antes por incumplir las obligaciones relacionadas con la interconexión de nuevas centrales eléctricas y la conexión de los nuevos centros de carga establecidos en esta ley.

También tendrán que pagar estos porcentajes por iniciar la construcción de obras de infraestructura en la industria eléctrica sin la resolución favorable de la Secretaría de Energía respecto a la evaluación de impacto social.

O, dejar de observar, de manera grave a juicio de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), las disposiciones en materia de calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del Sistema eléctrico Nacional.

Asimismo, se harán acreedores de multas de 50 mil a 200 mil salarios mínimos por abstenerse de proporcionar la información que requiere la autoridad competente, la Secretaría de Economía, el Canace, los participantes del mercado o el público en general.

También por incumplir las disposiciones en materia de calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional y no realizar las ofertas al mercado eléctrico mayorista o manipular en cualquier forma los precios de la energía eléctrica o productos asociados, así como negar o impedir el acceso a los verificadores o inspectores autorizados para comprobar que los medidores y demás instalaciones funcionen adecuadamente.

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