Prisión preventiva irreconciliable con derechos humanos: ONU

La Oficina en México el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos lamentó que el Congreso de la Unión haya aprobado incrementar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva 

Por  Agencia Reforma

Naciones Unidas lamento que los legisladores hayan aprobado aumentar el catálogo de penas con prisión preventiva oficiosa. | Especial

Naciones Unidas lamento que los legisladores hayan aprobado aumentar el catálogo de penas con prisión preventiva oficiosa. | Especial

Ciudad de México.-Naciones Unidas lamentó que el Congreso mexicano haya aprobado aumentar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.

La Oficina en México el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), dijo que está consciente de los serios retos que enfrenta el Estado mexicano en materia de seguridad y violencia.

La ONU rechaza la prisión preventiva oficiosa, porque debilita el estado de derecho. | Pixabay

Pese a ello, los mencionados desafíos que lesionan severamente a la población deben enfrentarse bajo un régimen de respeto irrestricto a los derechos humanos, planteó.


 
Es la prisión preventiva 'oficiosa' la que resulta irreconciliable con los derechos humanos pues automatiza el encarcelamiento de todas las personas acusadas por un determinado delito, sin permitir que el juez decida en cada caso según las circunstancias del mismo.
 
Para el organismo internacional, la prisión preventiva oficiosa es una herencia negativa del sistema penal inquisitivo que debilita las capacidades de investigación del delito, la adecuada implementación del sistema penal acusatorio y la construcción de un auténtico Estado democrático de derecho.
 
Por ello instó al Estado mexicano a favorecer medidas alternativas a la privación de la libertad de las personas que no han sido condenadas.
 
También pidió robustecer la defensoría pública, combatir el retraso en los procesos judiciales, fortalecer la independencia judicial y mejorar las condiciones de detención.
 
Así como garantizar el derecho a la reparación integral de las personas que sean encarceladas injustamente.

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