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Migración

Inmigrantes luchan por USA solo para ser deportados al volver de la guerra

“Me quedé en México sin medicinas, sin ayuda económica. Me deportaron a Tamaulipas sin nada", Miguel Pérez Jr. Veterano.

1/5 “Me quedé en México sin medicinas, sin ayuda económica. Me deportaron a Tamaulipas sin nada", Miguel Pérez Jr. Veterano.Carlos Padrón

2/5 (De izquierda a derecha) Presidente de LULAC Domingo García, Carlos Luna, la senadora Tammy Duckworth, y Miguel Pérez Jr. en la Casa de Apoyo para Veteranos Deportados en Tijuana.Foto cortesía de Miguel Pérez Jr.

3/5 Miguel Pérez Jr. (izquierda) y el representante García (derecha) en el discurso del Estado de la Unión del 2020.Foto cortesía de Miguel Pérez Jr.

4/5 Miguel Pérez Jr. (izquierda) y la senadora Tammy Duckworth (derecha).Foto cortesía de Miguel Pérez Jr.

5/5 Miguel Pérez Jr. (izquierda) y el gobernador Pritzker (derecha).Foto cortesía de Miguel Pérez Jr.

Muchos veteranos inmigrantes son arrestados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de los  Estados Unidos en vez de otorgarles la ciudadanía.

Por Ramiro A. Hernández

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Este texto ha sido posible gracias al apoyo del Centro de Reportaje de Crisis Pulitzer. Fue traducido a español en colaboración con Elsa García Romero, docente de la secundaria Benemérito de las Américas en Saltillo, Coahuila.

Miguel Pérez Jr. miró a su alrededor. La primera dama Melania Trump se encontraba a 24 asientos de distancia. Los senadores y representantes gritaban: “¡Cuatro años más!, ¡cuatro años más!”. Nancy Pelosi subió al podio. Las franjas rojas y azules de la bandera estadounidense colgaban detrás de ella. El auditorio quedó en silencio.

“¡Miembros del Congreso, el presidente de los Estados Unidos!”. Pérez —un veterano del ejército estadounidense que sirvió dos giras en Afganistán— fue invitado a asistir al discurso del Estado de la Unión del 2020 por el congresista Jesús “Chuy” García, el representante del 4º Distrito Congresional del estado de Illinois.

Miguel Pérez Jr. (izquierda) y el representante García (derecha) en el Discurso del Estado de la Unión del 2020. Foto cortesía de Miguel Pérez Jr.

“Ser invitado al estado de la Unión, es algo extraordinario”, dijo Pérez en entrevista telefónica. “Tan pronto como me llamaron y me preguntaron, dije que sí”.

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Sin embargo, al escuchar las palabras del presidente Trump resonando en la Cámara de Diputados ese día, su entusiasmo inicial fue reemplazado por sentimientos de frustración.

Entre los invitados de la Casa Blanca se encontraba Tony Rankins, un veterano del ejército que compartía una historia muy similar a la de Pérez. “Tras luchar contra la adicción a las drogas, Tony perdió su trabajo, su casa y su familia. No tenía hogar”, afirmó el expresidente en su discurso sindical. “Ahora es un comerciante de primer nivel, libre de drogas, reunido con su familia y está aquí esta noche. Tony, sigue con el gran trabajo”.

Pérez estaba de acuerdo en que Rankins merecía elogios, pero también sentía resentimiento por lo que él consideraba una gran hipocresía. Al igual que muchos veteranos que regresan del despliegue, Pérez llegó a depender del abuso de sustancias para lidiar con su readaptación a la vida civil.

“Empiezas a lidiar con este trastorno de estrés postraumático que no entiendes, entonces empiezas a beber, a consumir drogas”, dijo, refiriéndose a sí mismo.

Esto eventualmente resultó en un cargo de drogas en su contra, pero a diferencia de Rankins, Pérez no pudo reincorporarse a su comunidad después de cumplir su sentencia en prisión. Él enfrentó un castigo adicional aún más cruel: la deportación.

“Todavía estaba en prisión por el cargo de drogas [cuando] descubrí que también tenía cargos de inmigración”, recordó Pérez.

Después de trabajar como asistente de maestro para personas encarceladas que completaban programas de preparatoria y títulos asociados, intentó obtener otro trabajo procesando jugos y leches, solo para ser notificado que los procedimientos de deportación pendientes lo hacían inelegible.

“Creo que hay un malentendido. Soy un veterano de los Estados Unidos”, dijo Pérez al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), pero fue en vano. “El día en que iba regresar a casa, justo en el vestíbulo de la prisión mientras salía, los oficiales de ICE estaban allí y me arrestaron”.

En su última cita en la corte, la senadora Tammy Duckworth envió una carta abogando por Pérez, y hubo muchas personas presentes para protestar su deportación. La juez, sin embargo, dijo que estaba fuera de sus manos, y la orden de deportación fue aprobada.

“Arriesgamos nuestras vidas, fuimos al extranjero, salté de los malditos aviones”, dijo Pérez. “Toda mi vida estaba aquí, mis hijos, mi familia, mi comunidad, ¿y me van a descartar así nada más?”.

Al ser deportado en el 2018, a Pérez no le dieron nada más que dos semanas de medicamentos para tratar su estrés postraumático.

“Me quedé en México sin medicinas, sin ayuda económica. Me deportaron a Tamaulipas sin nada”. De allí, viajó a Tijuana, donde encontró una comunidad en la Casa de Apoyo para Veteranos Deportados.

(de izquierda a derecha) Presidente de LULAC Domingo García, Carlos Luna, la senadora Tammy Duckworth, y Miguel Pérez Jr. en la Casa de Apoyo para Veteranos Deportados en Tijuana. Foto cortesía de Carlos Luna.

Comúnmente conocida como “el búnker”, la casa de apoyo ha servido como refugio y centro de recursos para más de 100 veteranos deportados. Carlos Luna, miembro del grupo Veteranos de Tarjeta Verde, acompañó a la senadora Tammy Duckworth a visitar el centro para el Día Nacional de los Veteranos en el 2019.

“Había estado en el búnker varias veces antes de eso, pero ese día fue diferente porque los veteranos deportados tuvieron un diferente sentido de esperanza. No era alguien tratando de ganar alguna elección. Era una senadora estadounidense actual”, afirmó Luna. “[Los veteranos] pudieron ver que alguien realmente estaba haciendo algo más para que ellos pudieran regresar, y que no solamente eran discursos”.

En una entrevista por Zoom, la senadora Duckworth fue clara sobre las intenciones de esta visita.

“La mayoría de la gente no se da cuenta de que esto es un problema, que muchos de nuestros veteranos sirven a pesar de no ser ciudadanos estadounidenses, y que no obtienen la ciudadanía automáticamente como resultado de su servicio”.

La senadora hizo el viaje a México con la esperanza de atraer la atención nacional hacia la problemática de los veteranos deportados y, hasta cierto punto, lo logró.

“Realmente vi que el tema cobró más fuerza cuando pasé el Día Nacional de los Veteranos en Tijuana, y creo que fue un momento crucial”, afirmó la senadora.

Pérez también estuvo presente en ese viaje. Durante el año y medio que pasó en México, J. B. Pritzker — el gobernador actual de Illinois— le otorgó un perdón, el cual le permitió obtener la ciudadanía estadounidense y regresar a casa en octubre del 2019. Un mes después, estaba de regreso en Tijuana acompañando a la senadora Duckworth.

Miguel Pérez Jr. (izquierda) y el gobernador Pritzker (derecha). Foto cortesía de Miguel Pérez Jr.

“Fui a saludar a algunos de mis hermanos que ya conocía en Tijuana. Les dije ‘Miren, [la senadora Duckworth] podría haber estado en cualquier parte del mundo, pero ella está aquí, mostrando amor’”, recordó Pérez. “Ella les dijo: ‘No voy a parar. Los traeré a todos de regreso’. Y lo decía en serio”.

Los veteranos deportados no son un fenómeno nuevo. De hecho, Pérez no ha sido el único veterano deportado en asistir a un discurso del estado de la Unión. Héctor Barajas y Marcos Chávez también fueron invitados en distintas ocasiones.

Aunque el tema no ha recibido mucha atención nacional hasta recientemente, los veteranos inmigrantes han sido sometidos a procedimientos de deportación desde la administración de Bill Clinton. Al firmar la Ley de Reforma de Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante de 1996, el expresidente legalizó la deportación de residentes permanentes si son condenados por algún delito.

Joel Taboada, presidente del grupo Veteranos de Tarjeta Verde, expresó su preocupación por los efectos duraderos de esta legislación.

“En los años 1990 se aprobaron muchas leyes de inmigración que tuvieron un efecto adverso [en los veteranos  inmigrantes]”, afirmó en entrevista. Sin embargo, no culpó por completo a Clinton.

“Todas las demás administraciones desde entonces pudieron haber hecho algo al respecto, pero no lo hicieron”.

Si bien Taboada reconoció una orden ejecutiva firmada por el presidente Bush en el 2002 —la cual tenía el motivo de acelerar el proceso de naturalización de los no ciudadanos que sirven en las fuerzas armadas estadounidenses—, enfatizó la falta de implementación que se extendía a través de las administraciones.

La senadora Duckworth compartió sentimientos similares. “Si alguien se ha unido al ejército desde que el presidente Bush asumió la presidencia, debería obtener la ciudadanía. Lo que pasa es que no se completa la documentación. El sistema está estructurado de tal forma que el Departamento de Defensa y los [Servicios] de Inmigración no están trabajando juntos para asegurarse que estos veteranos sean atendidos”, afirmó la senadora.

Miguel Pérez Jr. (izquierda) y la senadora Tammy Duckworth (derecha). Foto cortesía de Miguel Pérez Jr.

Al preguntarle sobre estas fallas estructurales, Taboada señaló un reporte de junio del 2019 hecho por la Oficina de Responsabilidad Gubernamental.

“El reporte mostró que los diferentes cambios que ocurrieron durante la administración del presidente Trump tuvieron un efecto adverso en la cantidad de veteranos a los que se les otorgó la ciudadanía”, dijo Taboada.

“Los representantes del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) que estaban en las bases militares fueron retirados. También hubo una falta de [miembros del servicio militar] que quisieran solicitar la ciudadanía por temor a no ser aprobados por la persona que estaba en la presidencia”.

Carlos Luna dijo que el problema es mucho más sistémico. “Estos hombres y mujeres [vienen] de comunidades de inmigrantes que ya carecen de capital social y fiscal”, afirmó. “Luego son puestos en este sistema de justicia donde sabemos que es más probable que una persona sea encarcelada menos tiempo por un crimen que no cometió si se declara culpable en lugar de ir a la corte”.

Su frustración era personal. Como veterano, había conversado con muchas personas que describió como llenas de contradicciones.

“Venimos de una nación que siempre habla de apoyar a las tropas y respaldar a las fuerzas armadas, donde hay que amar a todas estas personas en uniforme”, dijo Luna; “pero si son del color de piel equivocado, no reciben el apoyo que tienen los demás cuando cometen algún error”.

Luna tenía claro los siguientes pasos que se debería tomar. “Los más angustiados a menudo son los que necesitan la mayor cantidad de recursos. Es nuestro trabajo conectar esos puntos y demostrarle a la gente que una cultura no merece más ayuda y recursos que otra”.

Luna también enfatizó que la administración de Biden necesita hacer más por los veteranos deportados que solo publicar una declaración formal, y pidió apoyo para la legislación que la senadora Tammy Duckworth ha introducido en el Congreso.

“Hay tres leyes en las que he estado trabajando con el paquete de veteranos”, dijo la senadora. “La Ley de Protección de Visas de Veteranos, la Ley del Sistema de Seguimiento de Elegibilidad de Veteranos Inmigrantes, y la Ley de Oportunidades de Atención Médica para Patriotas en el Exilio (HOPE)”.

Entre otras cosas, estas leyes permitirían a los veteranos deportados obtener una visa y asistir a su clínica local para recibir servicios médicos.

Sobre todo, la senadora Duckworth enfatizó la importancia de educar a la gente sobre la realidad que muchos veteranos inmigrantes viven. “Ahí es donde los movimientos comunitarios realmente pueden ayudar”.

Miguel Pérez Jr. estaba de acuerdo. “Esto tiene que estar en los titulares, todos los días”, concluyó. “Tenemos lo que se necesita. [Los funcionarios del gobierno] tienen que hablar con nosotros —con las tropas que han estado luchando para que regresemos”.

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Biografía 

Nombre: Ramiro A. Hernández 

Ramiro A. Hernández es un estudiante universitario de primera generación en Swarthmore College, donde actualmente está terminando su bachillerato en Antropología Médica, Educación, y Estudios de Paz y Conflicto. También tiene licenciaturas en Español Médico de la Universidad de Texas en el Valle del Río Grande (UTRGV) y en Ciencias Interdisciplinarias del Colegio Comunitario del Sur de Texas (STC). 

Originalmente de la frontera Reynosa-Hidalgo, la mayoría de su trabajo está relacionado con sus raíces de inmigrante mexicano. Su pasión por ayudar a las comunidades a existir en el bienestar lo ha llevado a trabajar con organizaciones como El Programa Petey Greene, La Oficina del Defensor Público de McAllen, La Autoridad de Viviendas de Chester, y la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC).  Fuera de eso, a Hernández le gusta cocinar comida sabrosa, escuchar a Celia Cruz, y escribir.

Ramiro A. Hernández. Fuente: Cortesía 
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