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Abogado critica detención de opositora ecuatoriana

Ninguno de los que gozan de protección tiene procesos o acusaciones conocidas

Por  AP

Gente se reúne afuera de la embajada mexicana en Ecuador para protestar contra los políticos que entraron a la sede diplomática para pedir protección en Quito, Ecuador, el miércoles 16 de octubre de 2019. (AP Foto/Dolores Ochoa)

Gente se reúne afuera de la embajada mexicana en Ecuador para protestar contra los políticos que entraron a la sede diplomática para pedir protección en Quito, Ecuador, el miércoles 16 de octubre de 2019. (AP Foto/Dolores Ochoa)

QUITO (AP) — El abogado de la gobernadora ecuatoriana detenida tras el caos generado en días pasados por las protestas contra el gobierno del presidente Lenín Moreno aseguró el miércoles que el apresamiento de la funcionaria, cercana al expresidente Rafael Correa, fue una emboscada judicial.

Paola Pabón, prefecta de la provincia de Pichincha, a la que pertenece Quito, fue detenida el lunes, cuando su residencia fue allanada por la policía cumpliendo una orden judicial y más tarde fue acusada de rebelión.

Representantes del actual gobierno repitieron en varias ocasiones que el expresidente Correa (2007-2017) habría estado detrás de la turbación social, aunque no presentaron pruebas de ello.

Ramiro Aguilar, defensor de Pabón, dijo el martes a The Associated Press que la detención de la prefecta carece de pruebas y busca quitarle el cargo alcanzado en las últimas elecciones populares. Según el abogado, “las acusaciones son impresentables” y el seguimiento que la justicia dio a su clienta se basó en dos publicaciones en Twitter: una reclamaría la agresión de un dirigente de una pequeña población y la otra rechazaría el cierre de la radio de la prefectura.

Aguilar agregó que con esta captura el gobierno de Moreno buscaría criminalizar la ideología política del partido Movimiento Revolución Ciudadana, de Pabón y Correa, y “puede ser que no nos guste, pero la gente tiene derecho a organizarse en un movimiento político”.

Las protestas en cuestión se produjeron después de que Moreno decretara medidas económicas que entre otras cosas elevaron los precios de los combustibles. El sábado fue especialmente tenso, ya que en medio de las manifestaciones se generaron actos vandálicos encabezados por grupos de encapuchados que incendiaron la Contraloría --organismo que investiga actos de corrupción-- y atacaron un canal de televisión y a un diario nacional.

La legisladora y expresidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, también cercana a Correa, ingresó el 12 de octubre a la embajada mexicana en esta capital aduciendo que las fuerzas del orden le estaban haciendo seguimiento extrajudicial. El martes otros tres políticos opositores de la misma tendencia política también ingresaron a esa misión: Soledad Buendía, asambleísta nacional; Carlos Viteri, asambleísta nacional, y Luis Fernando Molina, asambleísta alterno nacional, con sus cónyuges.

El miércoles por la tarde, más de un centenar de personas se congregaron con carteles frente a esa misión diplomática con pitos, altavoces y rechazando con gritos la protección a esos políticos a los cuales el grupo calificaba de “terroristas”. También había carteles con frases como “México no protejas delincuentes”, “México apoya a Ecuador”.

El gobierno de ese país ha dicho que la decisión de acogida no juzga ninguna condición política ni es una intervención en la política interna de los ecuatorianos ni de su gobierno.

Ninguno de los que gozan de protección tiene procesos o acusaciones conocidas. El ataque de los vándalos a la Contraloría despertó sospechas de que aquellos cercanos a Correa estuvieron detrás tal agresión debido a que el mismo expresidente, muchos ministros y otros altos funcionarios de su gobierno tienen investigaciones por actos de millonaria corrupción.