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Fiscalía brasileña investiga misión militar para controles por Covid-19 en tierras indígenas

El Ministerio Público explicó que busca determinar si el ingreso en las tierras indígenas se produjo sin autorización y si hubo violaciones de las reglas de distanciamiento social

Por  AFP .

Personal médico del Ejército brasileño controla a miembros de la etnia Yanomami en sus tierras en Alto Alegre, estado de Roraima, el 1 de julio de 2020(AFP)

Personal médico del Ejército brasileño controla a miembros de la etnia Yanomami en sus tierras en Alto Alegre, estado de Roraima, el 1 de julio de 2020 | AFP

Brasilia.- La Fiscalía brasileña investiga si una misión militar y de otros organismos estatales a aldeas yanomami y yekwana en el norte del país supuso riesgos de contagio de covid-19 para los indígenas, informó la institución.

El Ministerio Público Federal (MPF) explicó que busca determinar si el ingreso en las tierras indígenas, entre el 30 de junio y el 1 de julio, se produjo sin autorización y si hubo violaciones de las reglas de distanciamiento social por parte de la comitiva que incluyó a una veintena de periodistas, entre ellos un equipo de la AFP.

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También examina la distribución de cloroquina, un remedio cuya eficacia contra el coronavirus es cuestionada, que fue entregado en las aldeas junto a otros equipos de protección y medicinas por la secretaría de salud indígena, precisó del MPF en su comunicado del jueves por la noche.

"Resalto que los indígenas en situación de aislamiento son extremadamente vulnerables a agentes patógenos externos, por lo que su contacto puede configurar un crimen contra la salud pública", escribió Junior Yanomami, presidente del Consejo Distrital de Salud Indígena Yanomami (Condisi-Y), en la denuncia que dio origen a la investigación.

La misión militar visitó tres comunidades del estado de Roraima, cerca de la frontera con Venezuela. Entregó equipos de protección y medicinas, entre ellas 16.000 comprimidos de cloroquina, así como pruebas rápidas de covid-19. Todas las pruebas practicadas en las aldeas resultaron negativas.

Los reporteros de la AFP y de los otros medios de comunicación pasaron por exámenes RT-PCR y fueron sometidos a un examen médico antes del abordaje del vuelo en Brasilia. Durante la misión, usaron máscaras y observaron las medidas de distanciamiento físico, como es la norma en las coberturas de la AFP para garantizar su seguridad y la de las personas con las cuales entran en contacto al cubrir la pandemia.

El ministerio brasileño de la Defensa aseguró en un comunicado que la misión siguió los procedimientos legales "dentro de sus atribuciones".

El vicealmirante Carlos Chagas, portavoz del Ministerio, consideró la denuncia "completamente irracional". "¿Cómo una organización preocupada por los indígenas se incomoda con la presencia de gente que está tratando a los indígenas?", declaró a periodistas.

Fotografía: AFP.

-¿Bajo control? -

El ministro de la Defensa, Fernando Azevedo, visitó la misión el miércoles y afirmó que la expansión del nuevo coronavirus en tierras indígenas "por ahora está bajo control".

La declaración fue criticada por algunas asociaciones como el Consejo Indígena de Roraima (CIR)."¡Somos nosotros quienes vivimos nuestra realidad, señor Ministro! La covid-19 se está expandiendo cada día en las comunidades indígenas y eso nos quita la tranquilidad. Sí nos preocupa el número de personas con síntomas", dijo en un comunicado el CIR.

Junior Yanomami dijo a la AFP que hay 160 indígenas yanomami contaminados de coronavirus, 35 de ellos en las aldeas.

Agregó que cuatro personas de este pueblo indígena fallecieron por la enfermedad y otros tres decesos están bajo investigación.

La tierra indígena yanomami, de 96.000 km2 y en plena selva amazónica, ha sido invadida durante décadas por mineros ilegales.

Este jueves, atendiendo un pedido del MPF, un tribunal de segunda instancia ordenó al gobierno de Jair Bolsonaro desalojar a los más de 20.000 mineros ilegales que hay en esa tierra indígena, cuya población es de 26.780 indígenas, debido a su "vulnerabilidad social e inmunológica".

El gobierno no reaccionó a esa decisión, que puede ser recurrida.

El vicepresidente Hamilton Morao, que preside el Consejo Nacional de la Amazonía Legal, dijo en twitter que los mineros ilegales son 3.000, y no 20.000.

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